"El reloj de la historia ha dado un salto atrás", dictamina Isidoro Ruiz Moreno en su artículo sobre "Un nuevo malón mapuche", publicado en el "Río Negro" del 23 de diciembre.

Como conocí a su padre, me permitiré llamarlo Isidorito, último vástago de una dinastía de Isidoros Ruiz Moreno, guerreros y más tarde abogados, pero todos ellos de un conservadurismo contumaz. Lo sorpresivo -a partir del nivel del artículo- es la posición que el menor de los Isidoros alcanzó en el seno de academias nacionales de Ciencias Políticas y Morales y de Historia.

Sus cinco volúmenes de "Campañas militares argentinas" tampoco parecen justificar tal distinción, aunque sí explican el Premio por Servicios Distinguidos con que lo honró el Ejército y tal vez también la condecoración otorgada por la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro.

Más que versación histórica, el artículo citado desnuda al abogado ducho en esgrimir -a guisa de argumentos procesales- frases más o menos célebres yuxtapuestas y descontextualizadas. El historiador y el antropólogo: ausentes con aviso.

Porque no son académicos los saberes ni los intereses de Isidorito. Yo los ubicaría dentro del búnker comunicacional de los "dueños de la tierra", para evocar la certera descripción de David Viñas. Dueños, después de desposeer de sus territorios a los pueblos originarios de existencia previa a nuestras nacionalidades, tal como establece la Constitución de la Nación Argentina.

Negada su naturaleza constitutiva de la cosmovisión originaria, sustrato a su vez del derecho a la vida y a la diversidad, derechos ambos reconocidos en nuestra Constitución, las tierras usurpadas por la conquista y colonización fueron reducidas a la condición de bienes materiales, para su venta y reventa al mejor postor. Por generaciones, tal fue la práctica de los "dueños de la tierra", muchos de ellos hoy ex terratenientes pero exitosos protagonistas en la bolsa de valores.

De allí que los apellidos hayan cambiado. Los Ruiz Moreno revistan en las academias y un vulgar Duarte, Pedro Laurentino por ejemplo, ex juez de la dictadura, cuyo apellido no es de panteón sino más bien de almacén de ramos generales, es hoy estanciero en Neuquén, velando las armas para defenderse del "nuevo malón mapuche". O en su defecto, organizando el contramalón de los gremios terratenientes e inmobiliarios, en pos de recuperar su "seguridad jurídica".

Pero si la preocupación de Isidorito es por el negocio que otros podrían hacer con esas mismas tierras, duerma tranquilo doctor: la nueva manda constitucional no redundará en favores a la competencia. Es decir: a esos especuladores inescrupulosos que usted denuncia como promotores de todo este zafarrancho.

Se trata en cambio, simplemente, de un acto honroso de reparación histórica. Las tierras que reivindican los pueblos originarios son un bien jurídico de naturaleza social, colectiva e inalienable, para uso y goce de cada una de las comunidades mapuche en su conjunto.

"El Estado debe asegurarles la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravamen ni embargo".

Eso dice la Constitución de 1994, artículo 25, inciso 17, prueba evidente de que el reloj de la historia ha dado un salto adelante. Hasta ahora sólo en el plano conceptual, discursivo y simbólico. Pero suficiente, según parece, para que cunda el pánico entre aquellos que pretenden seguir beneficiándose de las secuelas de ese genocidio llamado Campaña del Desierto. Una gloriosa campaña, al decir de los Isidoros Ruiz Moreno.

Noemí Labrune

Neuquén