Según las encuestas de opinión pública, la inseguridad es la principal preocupación de los argentinos. Un reciente sondeo realizado por TNS reveló que el 55% ubica la inseguridad y los actos de violencia como su mayor preocupación. A su vez, el 33% de los hogares entrevistados en 40 centros urbanos del país declaró que algún miembro fue víctima de un delito en los últimos 12 meses.

Luego de la grave crisis institucional, económica y social del 2001, las cifras del delito se dispararon en la Argentina. La problemática se instaló definitivamente en la agenda pública cuando en el 2004 el empresario Juan Carlos Blumberg, a cuyo hijo secuestraron y asesinaron, encabezó masivas marchas de protesta reclamando el endurecimiento de la legislación contra el delito.

Pese a la reactivación económica y a la mejora de los indicadores sociales observadas en los últimos años, las cifras de la inseguridad siguieron empeorando. El violento asalto que sufrió el ex futbolista Fernando Cáceres volvió a poner el tema en el tapete.

Como ya es costumbre, desde la oposición se acusa al gobierno por su "falta de gestión", mientras que el oficialismo culpa a la Justicia por su "falta de responsabilidad". A su vez, el gobierno ha tendido a minimizar el problema, ocultando las cifras oficiales sobre el delito y acusando a los medios de comunicación de magnificar los hechos de inseguridad. Curiosamente, para fundamentar su postura el gobierno ha explicado que, en realidad, lo que existe es una "sensación de inseguridad".

Luego del asalto a Cáceres, ante la fuerte repercusión que tuvo el hecho el gobernador kirchnerista de Buenos Aires, Daniel Scioli, sorprendió al pedir un endurecimiento de las leyes contra la inseguridad ya que, según sus palabras, "hay un clamor popular y ciudadano de enfrentar a estas bandas". Uno de los primeros en responderle fue el peronista disidente Francisco de Narváez, quien indicó que "Scioli debería concentrarse en la prevención del crimen". Y lo culpó de "acompañar un proyecto político ineficaz en la lucha contra la inseguridad".

En medio de ese cruce de acusaciones estéril se reavivó la histórica disputa ideológica entre "mano dura" y "garantismo". Para los principales referentes de la oposición se trata de un debate superado, ya que ninguno de los dos extremos es bueno. En tanto, para el gobierno y muchos sectores de izquierda el garantismo sigue siendo uno de sus principales estandartes ideológicos. En esa línea, la presidenta Cristina Kirchner hace constante hincapié en sus discursos sobre la defensa de los derechos humanos, pero no reconoce el problema del delito y su alarmante número de víctimas.

Por otra parte, hay que destacar que la Argentina dejó de ser un simple país de paso en materia de narcotráfico y crimen organizado. Han proliferado los laboratorios clandestinos de producción de estupefacientes y varios asesinatos con tinte mafioso dejaron al descubierto la disputa entre las distintas bandas que operan en el país.

En el plano electoral, el silencio oficial ante la inseguridad fue algo que supo capitalizar durante la última campaña Francisco de Narváez, quien resultó el gran ganador de las elecciones nacionales de junio. Su eslogan era "La seguridad se hace", en alusión a la inacción por parte del gobierno. De Narváez logró derrotar al ex presidente Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires, principal distrito del país en términos electorales y donde a su vez se registra el mayor índice de delitos, de pobreza y de indigencia.

En cuanto al papel del Congreso nacional, ha sido muy pobre. En lo que va del 2009 no se votó ninguna ley que apuntara a mejorar la seguridad ciudadana. Sólo hubo debates sobre el régimen penal juvenil y la Cámara de Diputados creó un registro de violadores, sin atender al que había votado el Senado el año pasado. Por el lado del Poder Judicial, su estructura administrativa está colapsada, principalmente por falta de presupuesto para atender la gran cantidad de causas que llegan a juicio.

Patricio Giusto, DNI 29.766.520 - Capital Federal