"El pueblo habló y les dijo que no". Con una honda satisfacción personal y ciudadana, el entonces obispo emérito de Puerto Iguazú, Joaquín Piña, le ponía casi un epitafio a la ambición reeleccionista del entonces gobernador de Misiones Carlos Rovira. Fue en la noche del 29 de octubre de 2006 tras conocerse los resultados de las elecciones de convencionales constituyentes de Misiones, en las que el Frente Unido por la Dignidad, encabezado por el prelado, se imponía a la fuerza política de Rovira con más del 57% de los votos emitidos.

Habían quedado atrás tensos días de vigilia y nerviosismo en las filas del religioso, acosadas por presiones, hechos de violencia y agresiones de distinta índole que pretendían mellar la inquebrantable voluntad de Piña y sus seguidores en su intención de quebrarle el espinazo a un gobierno decidido a perpetuarse en el poder con la modificación de un solo artículo de la Constitución misionera, el por entonces emblemático artículo 110, que le permitiría al gobernador la reelección indefinida.

Azorados, los misioneros habían observado en las semanas previas a ese domingo 29 de octubre el desfile obsceno de recursos oficiales de la provincia y de la Nación, enviados por la administración Kirchner -que apoyaba sin pudor las ambiciones de Carlos Rovira-.

Dos capillas incendiadas, algunos hechos de violencia y adulteración de documentos para permitir sufragar a ciudadanos paraguayos fueron parte de los hechos denunciados desde el frente opositor. Finalmente, como decía Piña, "el pueblo habló y les dijo que no".

La epopeya misionera, contra todos los pronósticos y la fuerza del poder, caló hondo en muchos sectores políticos y sociales del país y por un tiempo se acallaron, aunque no del todo, proyectos reeleccionistas similares en provincias vecinas y en otras no tan cercanas. Sin embargo, desde el poder -y no sólo desde el político- siguen instrumentándose proyectos contrarios a la renovación de dirigentes o autoridades, lo que impide la consecuente oxigenación de sus instituciones, como suele darse en entidades gremiales o deportivas y en cargos públicos.

Hace pocos días el ex presidente Duhalde se refirió a la necesidad de democratizar las entidades sindicales, para insertarse con otra legitimidad en el entramado social que requiere el funcionamiento pleno de las instituciones de la república.

En lo político, hoy existen en el país dos provincias con posibilidades de mandatos indefinidos, Formosa y Santa Cruz. Cualquier especulación sobre esta realidad será acertada.

Santa Fe y Mendoza no permiten reelecciones de gobernador y vicegobernador y en el resto se permite una sola. Algo hemos mejorado. No obstante, persisten en muchas administraciones reelecciones indefinidas de intendentes, concejales y legisladores, lo que no parece compadecerse demasiado con síntomas de renovación y de aireación de las instituciones, cabiéndole igualmente la crítica del retaceo en las posibilidades de cambio, la falta de alternancia en el poder y, consecuentemente, un debilitamiento de la calidad institucional.

En lo que hace a movimientos hacia adelante de futuras reformas constitucionales pero no de reelecciones, se habla hoy aunque tibiamente en Santa Fe y Mendoza y en forma más contundente en Río Negro, según aseveraciones del propio gobernador Miguel Saiz.

Lo cierto es que estas reformas traen consigo proyecciones tendientes a permitir reelecciones, pero con ciertos eufemismos y sin ser transparentadas con claridad a la ciudadanía. Sería sano que estas intenciones se presentaran con certezas y sin medias tintas para permitir su análisis y el debate consiguiente; si éste es sobre la reelección, debatamos sobre reelección, si el tema es reforma y modernización, deberíamos plantearlo con igual sinceridad. Es obvio que en este camino despejaríamos recelos, hojarascas y sospechas.

Jorge Armando Ocampos

(convencional nacional de la UCR)