A seis años de la anulación de las leyes de impunidad por el gobierno de Néstor Kirchner, el 12 de agosto la Justicia se hizo presente por decisión del Tribunal Oral de San Martín al condenar a los asesinos del "Negrito" Floreal Avellaneda.

El "Negrito", de 15 años, fue secuestrado junto a su madre, Iris Pereyra, el 15 de abril del 76. Los dos fueron torturados, pero la infinita crueldad de sus captores se centró en el niño adolescente. Su cuerpo, encontrado un mes más tarde, mostraba marcas inequívocas de fracturas y de empalamiento. Esta última es, probablemente, una de las muertes más atroces y hay que remontarse a la Edad Media para tener registro de ella.

Esta violencia inhumana desatada sobre Floreal Avellaneda es paradigmática, ya que permite medir en toda su dimensión el terror que desató el Proceso sobre el pueblo argentino y específicamente sobre los 30.000 desaparecidos.

Por ello, ante tamaño agravio a la humanidad y a la vida, la respuesta lógica de una sociedad que busca ser sana y democrática es juzgar y encarcelar a los torturadores y criminales, jefes y subalternos, así como también enjuiciar al Proceso mismo e invalidar todo lo que haya emanado de él.

De esta forma, entre otras cosas, saldrán a la luz civiles que fueron colaboracionistas, como intendentes y ministros, entre otros, y especialmente corporaciones económicas, religiosas y mediáticas que fueron corresponsables con las Fuerzas Armadas en el íntimo entramado de la dictadura y así no podrán, como lo han hecho hasta ahora, seguir fiscalizando y hostigando a los gobiernos democráticos desde algún púlpito de las arenas de Palermo junto a algún "toro campeón" o desde un micrófono o una rotativa. Y también quedarían invalidadas las teorías carniceras que pretenden exhumar el Código de Hammurabi para la delincuencia común, como cierta farándula panegirista de la dictadura.

Tomás Arroyo

DNI 14.268.566

Lamarque