Si no se quiere caer en un desastre social de proporciones considerables es imperioso que el gobierno disponga todos los recursos con que cuenta para atender las necesidades de salud, educación y trabajo de manera casi exclusiva y excluyente.

Los problemas en materia de salud se están convirtiendo en inmanejables y afectan no sólo a las franjas más vulnerables -esto es niños y ancianos- sino a la población en general. Se está convirtiendo en un servicio para pocos; esto es que sólo pueden acceder a él los que pueden pagarlo ya que el Estado fue abandonando paulatinamente su obligación en la materia, tal como sucede con la educación y el trabajo.

La educación es un barco a la deriva: escuelas sin clases, establecimientos en estado edilicio deficiente o ausencia de ellos en proporción coincidente con los reclamos de la gente tanto en grandes centros urbanos como en pequeñas comunidades -siendo ilustrativo en este sentido el reciente reclamo de los pobladores de Villa Meliquina según el cual en 28 años sólo dos personas pudieron culminar sus estudios secundarios-.

Además, en todos los niveles -primario, secundario, terciario y universitario- puede apreciarse un notorio deterioro en la calidad de la prestación, lo que da lugar a promociones que egresan con formación y conocimientos insuficientes. Contar con una educación de nivel es esencial para que los puestos de trabajo de mayor exigencia puedan ser cubiertos por personas formadas en los institutos del país, aunque el dato más dramático respecto del trabajo es su ausencia.

La falta de fuentes laborales mínimas tiene como consecuencia una inmensa masa de desocupados sin tareas ni remuneración, lo que incrementa indirectamente el índice de delitos contra la propiedad y las personas y es fuente de violencia cotidiana -aquí corresponde remarcar el incremento de la violencia familiar, que crece día a día tal como se refleja en la prensa y en los registros judiciales-.

Estamos en un momento crucial de la vida del país. En los rubros enunciados los gobernantes deben actuar con premura, prudencia y justicia. No hay tiempo para postergaciones ni para promesas que no se cumplen: el destino del pueblo de la República está en juego. Se reclaman hechos, más que palabras. De una vez por todas, argentinos a las cosas.

Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

San Martín de los Andes