Señora delegada regional, Viviana del Agua, y por su intermedio al Departamento de Asuntos Legales del Consejo Provincial de Educación de Río Negro, señores jueces Juan A. Lagomarsino, Carlos M. Salaberry, Ariel Asuad:

Sobre amparo Unter c/provincia Río Negro Expte. Nº 21.057/09.

Con respecto a la sentencia hacer lugar a la medida cautelar suscripta el 22/5/09. Considero, en mi calidad de docente afectada por la misma, oportuno hacerles llegar mis considerandos sobre tal medida.

La Unter solicita la nulidad de la Asamblea de designación de cargos efectuada el día 16/3/09 en la localidad de El Bolsón, señalando que los disturbios en ella producidos impidieron su normal realización. Efectúa una reseña de los mismos y explica cómo estos obstaculizaron el desarrollo de dicho acto.

¿Conocen los jueces quiénes obstaculizaron el acto, haciendo uso de la incitación a la violencia, el sabotaje y la intimidación a viva voz?

Al respecto yo he firmado una denuncia caratulada "Farfan, Claudia Alicia s/denuncia", Expte. RIFCA Nº 07/09, por los delitos de amenazas contra la libertad de trabajo, contra la libertad de reunión, certificada por el agente fiscal con funciones en la localidad de El Bolsón, Francisco Arrien.

En dicha denuncia declaro cómo sucedieron los hechos y cómo fui víctima de amenazas, insultos e impedimentos que llegaron a la violencia más flagrante para impedir que las designaciones de cargos se realizaran.

Quiero hacer hincapié en mi derecho a acceder a la fuente laboral como profesional del gremio docente y en que ésta era la oportunidad en la que se ofrecían las vacantes no cubiertas dentro de la normativa legal vigente. Este derecho el 16 de marzo del 2009 en la Escuela 268 de El Bolsón fue avasallado por una facción de docentes que con una medida arbitraria, violenta, con gritos, insultos, empujones al cordón policial, sabotajes al equipo de sonido y todo tipo de amenazas interrumpieron la Asamblea.

En la Mesa de Autoridades estaban los representantes y trabajadores del Consejo Provincial de Educación, que como fue públicamente difundido realizaron los dispositivos para efectuar la asamblea.

El supuesto acuerdo entre el gremio y la cartera educativa provincial, que entre otras cosas suspendió la aplicación de las resoluciones 1.127, 1.586, 2.602 y 2.603/08, fue posterior al acto, ya que se firmó el 11 de mayo mediante resolución 900/09, y deja sin efecto las mentadas resoluciones a partir del 6 de abril del corriente año, ambas fechas posteriores a la asamblea del 16 de marzo en la cual fui designada bajo la legislación del momento por encuadrarme en las generales de la ley.

El pacto al que se hace referencia para evitar el agravamiento del conflicto, al que le parece lógico concluir en la suspensión de las designaciones efectuadas en la asamblea, no es imparcial, le da la razón a los mismos que provocan el clima hostil, un grupo que hace uso de la fuerza y no de la razón ni de los procedimientos que nuestra Constitución ampara.

Por lo expuesto les pido a los jueces que firmaron este amparo que reflexionen sobre las consecuencias que significará fallar a favor de los mismos responsables del boicot a las designaciones de trabajo, que produjeron un desmedro en los ingresos de los trabajadores por más de dos meses incluyendo la caída de las asignaciones familiares para dichos agentes, el porcentaje de aguinaldos y el incentivo docente, entre otros agravios. Pero lo más denigrante es que de esta manera inflaron artificialmente sus porcentajes de alumnos sin clase, parando el sistema educativo con sus métodos violentos.

Creo firmemente que hay derechos universales, como el acceso a la educación, al trabajo y a la salud, que deben anteponerse a los intereses sectoriales de cualquier grupo.

Claudia Alicia Farfan, DNI 16.060.449

El Bolsón