El vertiginoso aumento del gasto público es fuente de controversias. En los análisis financieros se alerta sobre la probabilidad de que el proceso termine en una nueva crisis fiscal. Otro rasgo muy importante es que la mayor parte del aumento es explicada por intervenciones regresivas y de bajo impacto como factor de desarrollo económico y social. Por esto, no sólo es importante morigerar el crecimiento del gasto público sino también mejorar su asignación y gestión, sostiene en un reciente informe el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa).
En la literatura sobre los factores que explican el progreso de los países se destaca que el nivel del gasto público no es tan importante como la calidad de las intervenciones que realiza el Estado. En términos simples, el éxito está en función de que el Estado se centre en cobrar impuestos que sean lo menos distorsivos posible para el funcionamiento de la economía y usar esos recursos para garantizar el acceso a servicios de valor estratégico y que el mercado, por sí solo, no es capaz de proveer en niveles suficientes. Entre los más importantes se destacan las inversiones en capital humano –educación básica y salud primaria–, seguridad, justicia, infraestructura y vivienda social.
En la Argentina, desde la salida de la crisis del 2002 el crecimiento del gasto público ha sido vertiginoso. Según datos del Ministerio de Economía, las erogaciones de la administración nacional fueron en el 2007 un 43% más altas que en el 2006. Si la actividad económica creció un 10% y los precios un 20%, esto implica un importante avance de las intervenciones públicas. Frente a este proceso, las dudas surgen desde la perspectiva de su sostenibilidad (¿se puede hacer crecer los ingresos públicos a igual ritmo para evitar el desequilibrio?) y de su calidad (¿se priorizan con el gasto público áreas estratégicas para el desarrollo social?). Comparando la ejecución financiera del sector público nacional entre el 2006 y el 2007 aparecen algunas evidencias muy interesantes:
• El aumento del gasto público nacional fue de 43.000 millones de pesos, pasando de 101.000 a 144.000 millones.
• La finalidad de servicios económicos creció en 9.000 millones de pesos, pasando de 15.000 a 24.000 millones.
• Las moratorias previsionales representan un incremento del gasto público del orden de los 10.000 millones de pesos.
El crecimiento del gasto en la finalidad de servicios económicos es explicado casi en su totalidad por los ascendentes subsidios a empresas de transporte ferroviario y automotor, energía eléctrica y productores de algunos alimentos. El objetivo perseguido es sostener los precios por debajo del nivel de equilibrio en bienes y servicios que integran la canasta de consumo básica como, por ejemplo, la tarifa eléctrica, el transporte urbano de pasajeros y algunos alimentos (harina, pollos y leche).
En la práctica, se están generando muchos y variados impactos sociales y económicos negativos. El más importante es que estos subsidios no mejoran la distribución del ingreso. Como el consumo de alimentos, electricidad y transporte crece con el nivel de ingreso de las familias, precios y tarifas artificialmente bajos benefician principalmente a los hogares de ingresos medios y altos. Por ejemplo, según datos del INDEC, sólo el 21% del consumo total de alimentos lo realiza el 40% de los hogares de menor nivel de ingreso. Esto implica que la mayor parte de las ventajas que generan los precios más bajos es apropiada por las familias de ingresos medios y altos. También son regresivos desde el punto de vista de la distribución geográfica del ingreso, ya que la región metropolitana tiene una participación desproporcionada en el total de subsidios. Finalmente, la discrecionalidad y la burocracia en su administración crean una gran cantidad de oportunidades de corrupción y, en general, desalientan los incentivos a la producción.
Las moratorias previsionales son otro ejemplo de intervención pública fiscalmente costosa y que no ayuda a mejorar la regresiva distribución del ingreso prevaleciente. Con este instrumento se jubila a personas que no hicieron aportes en su vida activa sin consideración de su situación socioeconómica y con procedimientos altamente burocráticos. El resultado es que, en general, los adultos en mayor estado de vulnerabilidad sólo han podido acceder a una proporción muy marginal de estas erogaciones públicas, mientras que los segmentos medios y altos han tenido un acceso más ágil.
La Argentina acumula una historia de costosas crisis por desequilibrios fiscales. Esto justifica la preocupación por la dinámica del gasto público. El argumento de que los ingresos también crecen a tasas muy altas es relativo, porque la estructura tributaria es muy endeble. De cualquier forma, el punto clave es que las erogaciones públicas se expanden con prioridades y estilos de gestión que no contribuyen a mejorar la distribución del ingreso ni a generar las bases para el desarrollo económico y social. En consecuencia, no sólo es prioritario morigerar el crecimiento del gasto sino que más relevante aún es dejar de crear mecanismos discrecionales y regresivos a través de los cuales se manejan los fondos públicos. Sólo de esta manera el Estado tendrá la oportunidad de intervenir con eficacia en las áreas estratégicas y, por ahora, postergadas.