A comienzos de febrero fuimos sorprendidos por el inminente cierre de la escuela albergue de Aguada Cecilio. La medida se justificó con el argumento de que muchos de los niños que eran asistidos en ese establecimiento tenían residencia en San Antonio Oeste, donde hay oferta educativa, sin considerar ningún otro aspecto relacionado con riesgos sociales. Sin embargo, para paliar el impacto que este cambio tendría en los niños se preveía la reubicación de los auxiliares docentes titulares de modo de poder acompañarlos en el proceso de readaptación proveyéndoles apoyo pedagógico. El cierre conllevaba importantes ahorros en educación (menos cargos docente y de servicio, eliminación de gastos de alimentación...).

Toda la lógica aplicada en esta decisión y la consecuente eficiencia económica esperada se diluye al analizar la situación actual de la escuela, del personal y de los niños que debieron regresar a San Antonio. Algunos chicos simplemente no asisten a ningún establecimiento y no parece existir ningún seguimiento de los mismos y algunos padres están evaluando trasladarlos a otras escuelas albergues, como la de Pailemán, lo que contrariaría el principio que condujo al cierre del establecimiento de Aguada Cecilio.

El único auxiliar docente que fue afectado a brindar apoyo pedagógico ya fue reasignado a otras funciones, por lo que los niños sólo tuvieron apoyo durante dos semanas.

Pero lo más notable es el récord que están alcanzando en materia de ineficiencia económica: prácticamente un sueldo por cada alumno que concurre al establecimiento de Aguada Cecilio. Actualmente asisten doce alumnos y la provincia mantiene once cargos: un directivo con grado a cargo, dos maestros de grado, dos maestros especiales, y seis porteros. Además, se ofrece almuerzo a los niños que van a la escuela, un servicio que nunca habían recibido. El establecimiento del comedor probablemente obedezca a la necesidad de justificar la permanencia de una alta proporción de personal de servicio cuyo trasladado o despedido generaría un problema social local.

Está clarito cómo piensan y actúan nuestras autoridades. No sé si alguien dará la cara para justificar ante quienes pagamos impuestos este despilfarro en un centro de educación rionegrino (despilfarro al que hay que sumarle los sueldos de los planificadores que conducen a este tipo de situaciones).

Jorge Gortari, DNI 14.627.593

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