A las denuncias públicas del presidente de la Asociación de Magistrados, Dr. Ricardo Recondo, sobre presiones del Poder Ejecutivo Nacional a los jueces, se suma el enjuiciamiento de varios magistrados de la Cámara Nacional de Casación Penal por haber intentado hacer cumplir la normativa vigente, nacional e internacional, ordenando la libertad de personal militar acusado en causas de derechos humanos, así como a los miembros del Tribunal Oral Nº 5 a quienes injustificadamente se acusa de demorar tales procesos.

Esto ha causado que algunos jueces, atemorizados, pierdan la imparcialidad, llevando así a la indefensión de los imputados que se ven privados de la garantía del debido proceso legal, e incluso de derechos tales como el de arresto domiciliario que por ley les corresponde, tal como sucede con el Dr. Jaime Smart, ex funcionario de la provincia de Buenos Aires, arbitrariamente acusado de participar en delitos denominados de lesa humanidad de los que deliberadamente se excluye a confesos terroristas que aún hoy pretenden justificar sus crímenes.

Joaquín Bertrán

LE 5.433.822

Neuquén