Todavía no salgo de mi asombro por la pintoresca decisión del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue de excluir del cuerpo docente al Dr. Oscar Pandolfi porque "defiende violadores".

Pareciera ser que algunas conductas previstas en el Código Penal resultan "nobles" o "dignas de ser defendidas" y otras no. Pareciera ser también que el Estado de derecho y las garantías constitucionales rigen en algunos casos y no en otros. ¿Y quién es el encargado de trazar la línea divisoria entre ambos supuestos? El Consejo Superior de la UNC.

Para tranquilidad de algunos penalistas, con el criterio del Consejo Superior se puede acceder a la docencia en esa universidad aunque se haya defendido a homicidas, a ladrones de guante blanco, a extorsionadores, a narcotraficantes, a vendedores de droga en la puerta de las escuelas, a secuestradores que asesinan a sus víctimas pese a haber cobrado el rescate o que les cortan los dedos para enviarlos como "prueba de vida", etcétera, etcétera. Todos ellos tendrán buena acogida en el claustro docente de la UNC. Claro, para todos esos imputados rige el principio de inocencia, se aplican las garantías del debido proceso y pueden contar con un abogado que vele por sus derechos sin que tal circunstancia empañe su currículum.

Pero si se acusa a alguien de algún delito contra la integridad sexual, al "imputado" automáticamente se le pone el mote de "violador" y a quien se anime a defenderlo se lo considera poco menos que "cómplice" de esa conducta. Acá no rige el Estado de derecho. Acá no importa si hay pruebas. De nada vale el ejercicio del derecho de defensa. El "violador", a la cárcel. Y el abogado que cometió la osadía de defenderlo, al escarnio público.

Uno puede entender este singular criterio si es sostenido por algún grupúsculo de alumnos de los primeros grados de la escuela primaria que todavía no ha tenido acceso al estudio de nuestras normas constitucionales, desde nuestro Preámbulo, que habla de "afianzar la justicia", pasando por el artículo 18, que habla de las garantías del debido proceso, del principio de inocencia o de las normas que regulan la actividad profesional.

Pero cuando este temperamento es expuesto -y aprobado- en el seno del Consejo Superior de una universidad, que es precisamente el ámbito donde -creo- se enseñan esas normas, la situación se complica.

Uno de mis orgullos más preciados es considerarme amigo de Oscar Pandolfi. No puedo menos que solidarizarme con él ante este atropello -no a Pandolfi sino a las instituciones- cometido, aunque cueste creerlo, por el Consejo Superior de una universidad estatal que se precia de su calidad académica.

"Cosas vederes, Sancho, que non crederes".

Marcelo Inaudi

DNI 12.811.645

Neuquén