El gobierno ha hecho público su interés en quitar al Ejército el control de la obra social que asiste a sus miembros, dejándolo así sin la administración de una abultada caja de millones de pesos. Entiendo que si ésta es una medida para obtener mayor transparencia en la administración de los recursos, debe celebrarse aun cuando genere ruido el hecho de nacionalizar algo que está en manos, paradójicamente, de un componente del Estado (¿?).

Sin embargo, la noticia ha reeditado algo que vengo pensando desde hace tiempo: por qué razón el gobierno no hace lo propio con las obras sociales que, hoy por hoy, son controladas por los sindicatos.

Si la idea es darle al Estado mayor intervención para así limitar los efectos de la crisis financiera mundial y sostener el modelo a partir de la obtención de mayores recursos -como la toma de control de las AFJP, por ejemplo- no logro comprender por qué motivo no se aprovecha la inercia para darle más transparencia a la fuente de financiamiento más importante del desprestigiado sindicalismo nacional, sindicalismo feudal caracterizado por la nula participación femenina en sus cúpulas de dirigencia y por el errado, argentino e incoherente concepto que logra justificar el enriquecimiento de aquellos que, bajo la bandera de los derechos colectivos, comparten en la práctica los vicios y excesos de sus enemigos, los patrones.

Juan Argibay

DNI 30.141.774

Cipolletti