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Un libro de Gabriel Ramonet revela cómo la corrupción y la subordinación política del Poder Judicial se impusieron rápidamente en esa provincia.
Organizar una provincia casi de la nada, con poca población y mucho dinero, es una oportunidad envidiable. Puede servir para aplicar conceptos novedosos que prevengan y corrijan los errores de las modernas administraciones. O, en cambio, ser el desquicio en el que cada quien juegue su propio juego, despedazando el presupuesto público en beneficio individual o sectorial.
Eso parece haber sido lo que sucedió en la Justicia de Tierra del Fuego.
Recién nacida la provincia, y en poco más de una década, su Poder Judicial llegó a ser un modelo de corrupción, dependencia del poder político, ambición económica desmedida, designaciones a dedo de personas que no podrían llegar a la judicatura en verdaderas democracias... de todo.
El periodista Gabriel Ramonet empleó 300 páginas para describir en detalle el muestrario de incorrecciones, y el producto fue "Justicia adicta. Breve historia del Poder Judicial de Tierra del Fuego 1994-2007". Leerlo provoca sensaciones y sirve para ratificar la veracidad de que "la realidad supera la ficción".
Es que estas acciones estuvieron a cargo de quienes juraron impartir justicia, ser prescindentes, austeros y fallar sin mirar a quién, aplicando la ley con ecuanimidad y coraje. Lejos de eso, hubo jueces que se pusieron sin vacilar a las órdenes del poder político y que usaron el lugar que ocupaban para especular en beneficio propio y de allegados, para evitar que se hiciera justicia, para encubrir.
Sin resabios feudales ni presiones militaristas y con una inmensa cantidad de recursos económicos para una población pequeña distribuida en dos ciudades y un pequeño pueblo, la Justicia de la "provincia 23" defraudó a quienes creen en la democracia, aun como sistema imperfecto.
Tal vez lo más penoso sea conocer que jueces y funcionarios judiciales no estuvieron solos. Hubo legisladores, gobernantes, empresarios, en fin... una sociedad que asistió como cómplice o espectadora distraída o ignorante de su propia fuerza. Y, lamentablemente, también otras instituciones participaron de la caída libre, entre las cuales los partidos políticos y los medios fueron tal vez los más determinantes.
Lo bueno, en cambio, es destacar la resistencia activa de algunos periodistas -los que mantuvieron la independencia en los "años oscuros" que coincidieron con una década de prosperidad en esa provincia-, algún funcionario judicial, uno que otro parlamentario y -fundamentalmente- la ong Participación Ciudadana, liderada por Guillermo Worman. Con la indispensable inconsciencia que es necesaria en sociedades con poderes hegemónicos, esta asociación desafió al poder y sembró cada día un poco, buscó crear conciencia, hacer escuela de derechos, y llevó a litigio temas cruciales contribuyendo a develar la trama.
Lamentablemente, neuquinos y rionegrinos tenemos muchos motivos para leer con interés "Justicia adicta": gran parte de la metodología que Ramonet describe también fue empleada o intentada en nuestra provincia. Una clásica es garantizar tentadores beneficios previsionales a jueces y fiscales con la finalidad de empujarlos hacia la puerta de salida, a fin de generar vacantes y cubrirlas con amigos del poder. La otra: maniobrar en la Legislatura para que el Consejo de la Magistratura sea apenas un apéndice del poder.
SÓLO PARA ALGUNOS
Como suele suceder, en Tierra del Fuego la Justicia no derivó sólo en jueces holgazanes y pudientes sino que se reflejó en el contenido mismo de las causas y la aplicación de la facultad punitiva del Estado. Es así que las únicas causas que prosperan son las que se siguen contra los pobres que, además, son en su mayoría por delitos de poca monta, mientras que parece haber otra Justicia, ausente y desinteresada, para todo el resto de hechos delictivos.
Los periodistas Silvio Bocchichio y Wilder Urbina y el prestigioso constitucionalista Daniel Sabsay prologaron la obra, y no es ocioso. En una provincia en la que el poder político tiene la posibilidad de convertir al Estado en poco menos que una maquinaria mafiosa, no es bueno estar solo en la vereda de quienes le muestran a la sociedad un espejo donde verse el rostro.
Bocchichio escribe allí que "este libro jamás debió haber sido escrito. Por eso resulta indispensable".
Por su parte, Sabsay reflexiona sobre la migración a Tierra del Fuego de profesionales de origen salteño y el consecuente "traslado al sur de una cultura norteña desprovista de los más mínimos frenos éticos" que produce "un verdadero saqueo del presupuesto judicial provincial", con el beneplácito de los órganos de control.
Destaca especialmente el "fenómeno Klass", en referencia a quien presidió el Superior Tribunal de Justicia fueguino haciendo gala del dispendio económico y las decisiones discrecionales, y al juez De Gamas Soler -quien todavía permanece en el cargo "a pesar de tratarse del ex secretario del ex juez Galeano y de aparecer en la sentencia que revisó lo actuado por éste en el caso AMIA, como uno de los artífices de los actos más graves cometidos en esta verdadera vergüenza nacional"-.
ALICIA MILLER