La presente tiene como objeto verter algunas consideraciones en relación con la carta de lectores publicada el 11 de febrero pasado en esta sección, titulada "La odontología de los ilegales" y firmada por el odontólogo Aldo Masotta, de Bariloche.

Creo, al igual que el citado profesional, que muchas de las prácticas vinculadas con la salud -y en particular con la salud bucal- transitan o bordean la ilegalidad por las más diversas razones. Pero el doctor Masotta se queda corto al colocar en la categoría de ilegales solamente a los técnicos dentales; para mí la lista es más extensa y debe incluir también a muchos odontólogos, varios funcionarios de Salud Pública, legisladores y, por supuesto, autoridades de las obras sociales.

De esta realidad se sirven todos los actores del sistema. El doctor Masotta sabe, al igual que yo, que frente a la necesidad de fabricar una prótesis muchos odontólogos buscan precio entre los técnicos dentales -obviando que sean matriculados o no-, calculan, equilibran la calidad con el costo y optan en función de ello. Una vez recibida la prótesis le pagan un precio determinado al técnico y luego lo cuadruplican para cobrárselo al paciente en el consultorio, sin reflejar el valor real y sus aditamentos en recibo alguno.

Siendo técnico dental en ejercicio de la actividad, todavía no puedo entender por qué mágica razón los odontólogos pagan, por ejemplo, doscientos pesos por un trabajo que luego en el consultorio al paciente se lo cobrarán a ochocientos. ¿Qué ley o fundamento justifica el excedente que perciben? ¿Cuál es el margen de ganancia real del profesional? ¿Siempre tributan al fisco por esa diferencia?

Históricamente el odontólogo se ha presentado en sociedad como un profesional caro, asumiéndose como tal y convenciendo de ello a la comunidad. La ley ha hecho lo suyo; esconde al protesista para que el paciente nunca lo conozca personalmente, evitando así que se entere de que la prótesis que recibe tiene un costo real cuatro veces menor que el que pagó. Dicen que, hecha la ley, hecha la trampa. Doctor Masotta, en tren de sincerarnos, esto también hay que decírselo a la comunidad.

A esta curiosa e intencionada formulación de la ley han contribuido los legisladores, las autoridades de Salud Pública, los colegios de odontólogos y, por supuesto, los jerarcas de las obras sociales. Lo cierto es que ninguno se siente en la obligación de justificar las razones por las que por una prótesis se termina pagando cuatro veces más. Así podríamos seguir analizando distintas prestaciones odontológicas tales como el costo real de los trabajos de ortodoncia, implantes y demás, respecto de los que no hay ningún criterio unificado y cada profesional cobra lo que quiere. Pero abordar su tratamiento sería muy extenso a los fines de esta carta.

La ley 3338 de la provincia de Río Negro rige el ejercicio de las profesiones vinculadas con la salud, entre otros, de los odontólogos y técnicos dentales. A estos últimos los obliga a matricularse y habilitar sus laboratorios para ejercer la actividad. No obstante ello, al día de hoy la gran mayoría de los protesistas de la provincia es idónea o no están matriculada ni tiene laboratorios habilitados. Pero eso no impide que los odontólogos los contraten, les encarguen prótesis y, por ende, les paguen lo que quieran y cuando quieren por su trabajo que, como ya dije, luego le cobrarán varias veces más al paciente. Doctor Masotta, esto también es ilegal y es bueno decírselo a la comunidad, pues ¿quién garantiza la calidad del trabajo del idóneo no habilitado? Como verá, nos une la misma preocupación, pero yo soy más generoso que usted al incluir los responsables; de hecho, he practicado las denuncias pertinentes por el caso que nos ocupa ante el Ministerio de Salud Pública provincial y las autoridades del Departamento de Odontología del mismo.

Antonio Muñoz, DNI 16.375.146

Técnico en prótesis dental, mat. prov. Nº 3.540

Roca