La presente carta es para hacer público el reconocimiento a todos los que tuvieron que ver con el proyecto, la redacción y la sanción como así también la promulgación de la ley 26.475, que está dirigida a "todos aquellos funcionarios que se hubieren desempeñado como presidente de la Nación, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, en organismos centralizados y en entidades descentralizadas de la administración pública nacional durante el llamado ´Proceso de Reorganización Nacional´, comprendido entre los años 1976 y 1983, aclarando que a los efectos de esta ley decláranse extinguidos los beneficios obtenidos en reconocimiento de los cargos y/o funciones descriptos en el artículo anterior y que hayan sido otorgados al amparo de regímenes o leyes especiales".

Por supuesto que pasaron 25 años de democracia para llegar a esta ley y a otras acciones que hoy demuestran actos de justicia e intentan cerrar todas las puertas a quienes usurparon el gobierno, robaron, expropiaron, vejaron, secuestraron y mataron a miles de personas en esta tierra, la Argentina. Todo ello en nombre de los valores occidentales y cristianos.

Los que hasta gozaron de los privilegios y/o beneficios por haber cumplido cargos en esa larga noche de terror, lo hicieron bajo consignas como la resolución 44/77 del Ministerio de Educación de la Nación, que entre otras cosas expresaba:

"A modo de ejemplo, deberá considerarse que la enseñanza es utilizada con fines subversivos cuando se adviertan los siguientes indicios:

"Tendencia a modificar la escala de valores tradicionales (familia, religión, tradición, orden, jerarquía).

"Destrucción del concepto tradicional de familia y de la autoridad paterna.

"Desnaturalización del principio de la propiedad privada.

"Interpretación tendenciosa de los hechos históricos, asignándoseles un sentido clasista o reivindicatorio de los anhelos populares contra los excesos del capitalismo.

"Utilización interesada de la doctrina social de la Iglesia para alentar la lucha de clases".

Considero sumamente importante y conteste con el criterio de justicia que impone la ley mencionada, que todas las jurisdicciones del país dicten leyes y/o decretos en el mismo contenido de la ley 26.475 para que en cada provincia, en cada rincón, no existan más beneficios de ninguna naturaleza para estos abominables personajes del terror.

Además sería interesante también que cada gobernador determine sacar inmediatamente todos los cuadros o bustos de los "piratas" de facto que lamentablemente aún se encuentran "gloriosamente" colgados en paredes de la casa de Gobierno.

Héctor Roncallo

DNI 8.280.317

Roca