El 5 de mayo de 2007 compré un Renault 12 modelo 1986. Perdí once días en los talleres a fin de ponerlo en condiciones para el libre tránsito en la vía pública. Pues me duró poco: a los veinte días, el 6 de junio, se lo robaron a mi hijo en pleno centro de esta ciudad.

Ahí empezó mi calvario. El 7 de julio del mismo año el vehículo apareció en un operativo de control de tránsito realizado por la Policía de Allen (Comisaría Sexta). Ya armado el expediente por el robo del auto en la provincia de Neuquén, y al aparecer éste en Río Negro, el expediente en cuestión empezó a viajar de Neuquén a Roca y viceversa. Tantas fueron las idas y venidas...

Los juzgados de las distintas provincias no se pusieron de acuerdo: en ningún momento supieron qué hacer con la entrega del mismo ya que en Río Negro manifestaron que el chasis del vehículo estaba adulterado. Tal fue mi persecución en los juzgados, que el expediente llegó a la Corte Suprema de la Nación. Ésta resolvió, el 14 de agosto de 2008 que era competente el juzgado de Instrucción Nº 2 de General Roca, secretaría a cargo de la doctora Natalia González.

Desde la fecha del robo del auto pasaron 17 meses, tiempo que el juzgado utilizó para recabar información sobre el vehículo. Luego el doctor Norris dispuso la entrega del mismo al suscrito como depositario judicial y que podía hacer uso del mismo a partir del 12 de noviembre de 2008.

Retiré el vehículo o, más bien, lo que quedaba del mismo de la Comisaría Sexta de Allen, ya que en este lugar fue despojado: le sacaron la batería, el radiador y el motor de la calefacción y, como si fuera poco, hicieron astillas el parabrisas, todo dentro del predio de la comisaría, donde había permanecido todo ese tiempo por aparente adulteración del número de chasis.

Pues bien, al no tener información fehaciente que certificara dicha adulteración, una vez armado nuevamente el vehículo para poder transitar por la vía pública me hice presente en el Departamento de Verificación de la Policía del Neuquén a fin de constatar si el chasis estaba o no adulterado. Allí secuestran nuevamente el auto porque aún existía el pedido de secuestro del año anterior; también yo quedé detenido durante toda la mañana: me llevaron a Sanidad y luego al Departamento Judicial de la Policía neuquina a fin de tomarme las impresiones digitales como a un delincuente más. Así pasé de perjudicado a delincuente.

Presenté los papeles del juzgado de Roca donde constaba que me habían entregado el vehículo como depositario judicial, pero el oficial Nogales, que entiende en la causa, manifestó no darle importancia ya que era de la provincia de Río Negro.

Dicho oficial informó cumplir con su deber y se comprometió a elevar al juzgado las actuaciones lo antes posible. Así lo hizo: luego de cuatro días de secuestrado el auto elevó las actuaciones al Juzgado de Instrucción Nº 1 de esta ciudad.

El juzgado sabía desde el 20 de julio de 2007 que el auto se encontraba secuestrado en la Policía de Allen (tengo copia del oficio) y, posterior a eso, la fiscalía también tomó conocimiento y se sacó el expediente a fin de que Río Negro tomara una determinación al respecto; me pregunto: ¿la Justicia es una sola para todo el país o cada una tiene la suya? ¿A quién culpamos, a los juzgados o a la Policía? ¿Quién da respuestas? Mientras tanto, sigo esperando que me devuelvan el auto que a duras penas pude comprar. Espero poder disfrutarlo algún día.

Más detalles he precisado en la carta publicada en esta sección el domingo 9 de marzo de 2008.

César Domínguez

LE 6.922.815

Neuquén