La tolerancia y aceptación social de las ilegalidades acaba por convertirlas en usos y costumbres normales en una comunidad y día a día vemos cómo se van deteriorando todas las instituciones, tanto oficiales como civiles.

¿Qué tiene que ver con esto la inacción gubernamental?

Es muy simple: los gobiernos son los primeros en la lista de incumplidores de la Constitución y las leyes, por comisión u omisión. Es tal el nivel de clientelismo político, de corruptela en funcionarios dispuestos a negociar con tal de obtener beneficio de inventario, que son capaces de soslayar sus obligaciones en salvaguarda del amiguismo y hasta de sus propios bolsillos. Lo grave es que la sociedad ya ve esta actitud como natural y hasta la festeja como una broma de mal gusto.

El gobierno ha abandonado la mayoría de los controles que obligatoriamente debe ejercer y el viejo dicho de "Hecha la ley, hecha la trampa" está internalizado en nuestra sociedad e institucionalizado en el Estado.

No es cuestión de dispensar a unos en detrimento de los otros, pero cuando hay personas (en el Estado) que no están dispuestas a cumplir con los preceptos constitucionales es como dar vía libre a la comunidad para incumplir toda norma de orden público. Por ello es muy común escuchar por estos días la "justificación" de muchos ciudadanos por sus pequeños actos de corrupción al compararlos con los de los políticos de turno.

La democracia hoy, política e institucionalmente hablando, es una quimera y como estilo de vida se ha convertido en un pacto social de impunidad para todos aquellos a los que les queda cómodo eludir sus responsabilidades en la convivencia dentro de una comunidad.

Todos los días al levantarnos por la mañana encendemos la radio y escuchamos sobre problemas de toda índole, desde laborales hasta de inseguridad, pasando por la salud, la educación, etcétera.

Nos preguntamos dónde encontraremos el cotidiano piquete cortando la Ruta 22 o alguna calle céntrica de Neuquén o Plottier para terminar siendo rehenes de un grupúsculo de desaforados fogoneados por punteros políticos de todo origen e ideología que alegremente nos conculcan la garantía constitucional de circular libremente... y lo peor es que la policía provincial debe distraer decenas de uniformados para que oficien de guías turísticos y así evitar los cortes, en lugar de resguardar la seguridad de los cientos de miles de ciudadanos que vivimos en la región.

Vamos al banco a cobrar el sueldo o la jubilación o simplemente a hacer trámites y salimos de allí con el síndrome de persecución o el estigma de ser asaltados en cualquier esquina.

Nos sentimos estafados por comerciantes y/o empresas de servicios con ofertas poco claras difundidas por los medios de comunicación y luego la única solución es ir a Defensa del Consumidor, completar un formulario y sentarse a esperar (leer artículo 65 de la Constitución provincial).

¿Y la acción preventiva que debe ejercer el Estado dónde está? Porque los funcionarios provinciales y municipales también forman parte de la comunidad y seguramente deben sufrir los mismos problemas que el resto, pero...

La Constitución provincial lo tiene previsto: la solución ante la falta de trabajo es cumplir con lo establecido en el artículo 41; ante la deficiencia en la atención sanitaria, hacer lo propio con el artículo 135º; ante la deficiencia en Educación, aplicar lo previsto en los artículos 110 a 133, y ante la de seguridad pública, cumplir con la letra del artículo 214 inciso 16 y de la ley 2081 (Carta Orgánica de la Policía de la Provincia del Neuquén).

Señores funcionarios del Estado: empiecen por acatar ustedes la Constitución y las leyes provinciales; así tendrán autoridad moral para exigir a la ciudadanía que haga lo mismo.

Fernando Trebino, LE 7.826.484 - Plottier