La presente carta surge en relación al comentario editorial del día domingo 16, donde textualmente se manifiesta: "...el Poder Ejecutivo tomó sólo una medida: reprochó severamente a la directora del Registro de la Propiedad Inmueble, Olga Alonso, por haber suministrado la información a Piccinini, sin dar previo aviso al gobernador...", dado que en el mismo se involucra mi nombre.

Al respecto, cabe destacar que hace más de ocho años que me desempeño como directora general del Registro de la Propiedad Inmueble y a lo largo de todo ese tiempo no he recibido jamás presión de naturaleza alguna de parte de mis superiores. Y esta oportunidad no ha sido la excepción. Niego que autoridad alguna del Poder Ejecutivo me haya reprochado severamente por el informe que emitiera a la defensora del Pueblo.

El citado informe fue tramitado conforme los términos de las leyes nacional 17.801 y provincial 810, habiéndosele dado el tratamiento de un documento más de los tantos que a diario contesta el organismo a mi cargo, sin discriminar el mismo por las personas que se encontraban involucradas.

Esto es así porque en el ejercicio de mis funciones no me corresponde efectuar juicios de valor de naturaleza alguna. Publicito una realidad registral, que puede o no coincidir con la esfera privada; serán otros los encargados de juzgarlo en uso de las competencias que les sean propias.

Jamás supuse que dicho informe generaría las repercusiones públicas que generó.

No puedo negar que de algunas personas (que ni puedo llamar pares) recibí algunos comentarios pocos felices. Pero no así de mis superiores, a quienes me acerqué y ellos lejos de efectuarme una amonestación o llamado de atención me brindaron su apoyo, dejando en claro que entendían que había actuado en cumplimiento de la ley.

Aun más, se me manifestó que, ante la menor sospecha de que una frase o un comentario de terceros pudiere empañar la transparencia que corresponden al ejercicio de las funciones que me son propias, no dudara en hacérselo saber.

Es por ello que siento la necesidad de manifestar cómo han acontecido los hechos, porque no me gustaría quedar como víctima de una situación que no sucedió y porque creo que el ciudadano común debe volver a confiar en las instituciones públicas y en todos los que, silenciosamente, día a día trabajamos por el bien común, única razón de ser del Estado.

Dra. Olga Patricia Alonso

DNI 13.484.543

Viedma