Conforme ha trascendido periodísticamente, la Legislatura de nuestra provincia tendría para su tratamiento parlamentario el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Provincial, que ratifica el convenio suscripto oportunamente con el Anses, en virtud del cual se consagraría un régimen previsional especial para los magistrados y funcionarios judiciales, consistente en garantizarles a los mismos el 82% móvil de su salario como agente activo, en concepto de haber jubilatorio.

Dicha posibilidad merece algunas reflexiones de nuestra parte, que son las que consignamos seguidamente:

1. En primer lugar manifestamos nuestro apoyo explícito a toda iniciativa tendiente a la implementación de herramientas legislativas direccionadas a la aplicación de aquello que la Constitución establece en su art. 40-inc. 9.

2. Pese a lo expuesto, nos vemos obligados a señalar, con el mismo énfasis, que repudiamos todo intento que pretenda consagrar regímenes de privilegio que signifiquen el apartamiento de lo que la manda constitucional establece en su art. 58. Pese a que la afirmación efectuada no necesita demasiadas aclaraciones debido a la amplia difusión de las posturas diversas de los sectores involucrados, resulta necesario explicitar claramente lo que pensamos y en tal sentido sostenemos:

2.1. La sociedad no tolera más la Constitución de nuevos privilegios que vulneren el derecho a la igualdad y amplíen la brecha entre los que más y los que menos tienen. Si la Constitución impone tratamiento igualitario, no resulta posible sostener válidamente soluciones diferenciadas para quienes integran, por igual, el sector público de nuestra sociedad. Con más razón si, como en este caso, el régimen que se pretende sancionar tiene como destinatarios a magistrados y funcionarios judiciales que, actualmente, están lejos de constituir una franja de la sociedad rionegrina caracterizada por la vulnerabilidad. La vigencia de la República exige el crecimiento democrático. Cuando los beneficios son para todos, el apoyo es generalizado. Cuando sólo un sector, de la magnitud o las características que sean, pretende tratamientos diferenciados, la irritación y el rechazo también son unánimes.

2.2. Nos preocupa enormemente que, desde las máximas autoridades de nuestra provincia, se propicie el tratamiento en nuestra legislatura de regímenes de privilegio y, más aún, que el citado proyecto sólo pueda ser tratado en esta instancia parlamentaria para su aprobación o rechazo, sin posibilidad de introducirle modificación alguna.

2.3. Nos preocupa asimismo que desde el mismo Poder Judicial se alienten estas políticas de discriminación. El Poder Judicial debe corregir los desequilibrios, solucionar las controversias, restablecer el orden jurídico alterado, garantizar la vigencia de la Constitución y la ley, restaurar el tejido social, pacificar la sociedad. Si, por el contrario, propicia (seudo) soluciones parciales que los tiene como privilegiados beneficiarios, no hará otra cosa que sembrar la semilla de la disociación, fomentar el descontento y la repulsa generalizadas y, lo que es más grave aún, reforzar el sentimiento generalizado de incredulidad de la población en la sagrada labor que la Justicia rionegrina debería cumplir y no cumple, en el marco de las mandas constitucionales.

2.4. El 82% móvil en materia previsional, mantiene en nuestra Constitución Provincial su rango de norma programática pese a los avatares que sufrió esta materia en nuestra provincia, razón por la cual constituye un preciado objetivo a alcanzar por parte de todos los agentes públicos provinciales.

El anhelo justificado de todos los agentes públicos provinciales y la posibilidad aparente de que el otorgamiento del beneficio jubilatorio establecido por la Constitución, se concrete sólo en relación a unos pocos, convierte al proyecto en cuestión, en una clara muestra de discriminación y de otorgamiento de privilegios inadmisibles que, como tales, no merecen respaldo legislativo.

Natalia San Miguel y Carlos Alberto Gadano

Secretaria y Presidente del Colegio de Abogados General Roca