Como rionegrino ausente durante un largo tiempo de mi provincia, me entero de lo que allí sucede a través de este diario y de las visitas de ocasionales viajeros. Escribo ésta en relación con la nota sobre la ley de desmanicomialización publicada el 3 de julio y con la carta del Lic. Sans aparecida el 28 del mismo mes.

En una realidad regida por la tasa de ganancia, aquel que no aporta a la producción de beneficios económicos es de alguna forma excluido. Desocupados, jubilados y adolescentes -entre otros- reciben una atención apenas elemental por parte del Estado, aun cuando éste reconozca la existencia de una deuda social desde hace años.

Algo no funciona con el contrato social.

En apariencia, las personas que padecen sufrimiento mental en la provincia corren esta suerte. Es llamativa la cantidad de casos trágicos protagonizados por personas con trastornos mentales en los últimos años, máxime en una región no densamente poblada. Se podría inferir de esto que la ley de desmanicomialización no funciona o lo hace mal. Es el Estado provincial el que debe asegurar que estas personas no constituyan un peligro para sí mismas y para sus semejantes y para ello contar con instituciones idóneas -sitios específicos para la atención de la salud mental- que determinen la necesidad y forma de tratamiento y no los familiares de los pacientes, que terminan recurriendo a un hospital de agudos cuando la situación se torna inmanejable. Coincido en este sentido con los comentarios de "Sureña" (ver nota del 3 de julio último). El reportaje señala que, aunque con recursos escasos, se están haciendo casas de medio camino, en general para pacientes ambulatorios.

Yo me pregunto: ¿qué fue de las partidas presupuestarias que antes recibían los neuropsiquiátricos? ¿A qué se destinaron durante estos diez años? Y si recién se están implementando los programas para pacientes ambulatorios, ¿cuánto falta para programas para quienes requieren atención más controlada y urgente? ¿Hay que esperar más víctimas?

Para quienes no somos especialistas en el tema es difícil opinar, pero la realidad nos impacta con contradicciones evidentes. La población aporta económicamente para que haya un "bien común" y legisladores y funcionarios están obligados -mediante el voto- a ocuparse; éstos deberían, ante todo, comprender que estamos hablando de personas con sufrimientos profundos e insondables.

Daniel Aguayo, DNI 12.963.501 - Capital Federal