Deseo responder, atendiendo a la mayor cordialidad, a mi amigo Víctor Peláez, quien acerca de la actitud del vicepresidente Cobos afirma, en carta de lectores del "Río Negro" del día jueves 7 de agosto, que éste no ha actuado con deslealtad sino acorde a los términos de la Constitución. Según Peláez, que interpreta las razones que Cobos no dio en su discurso, diciendo que aquélla iba a ser vulnerada por los poderes delegados que prescribía el proyecto oficial y porque los impuestos son atribución exclusiva de la Cámara de Diputados.

Dos objeciones, que seguro dan para más debate.

Una: que los poderes delegados son una práctica que se realiza desde la reinstauración de la democracia y, es cierto, de la que todos los gobiernos nacionales y provinciales han hecho uso, por uno u otro motivo. No hay presupuesto nacional ni provincial, ni ley de Emergencia Económica que no otorgue atribuciones al respectivo Poder Ejecutivo para que disponga, si así lo requieren las circunstancias, de transferencias de partidas sin consulta previa al Congreso nacional o a la Legislatura provincial. Es hábito que hasta hoy no asombra a nadie y siempre ha sido votado, según el momento, por radicales y peronistas. Eso sí, con previa desgarradura de vestiduras de aquellos que circunstancialmente se encuentran en la oposición.

Dos: el tema de los derechos a la exportación es absolutamente controvertido y ha sufrido en los últimos tiempos numerosas modificaciones, la mayoría tendientes a no considerarlo un impuesto y por lo tanto dejar su percepción en manos del Poder Ejecutivo. Éste es el que ajustando las alícuotas, y tiene atribuciones para eso, abre o cierra los espacios de importación y exportación de las distintas mercancías, según convenga a los intereses de la Nación.

Por último, no toda la conducta humana está escrita en la Constitución nacional. Hay circunstancias en que el sano criterio y la lógica más elemental indican que quien se ha comprometido con un programa de gobierno recientemente aprobado por la ciudadanía, quien no es legislador sino integrante del Poder Ejecutivo nacional, no puede ni debe, aunque esté en desacuerdo, anteponer su criterio personal al del gobierno que integra. Cobos es el Poder Ejecutivo nacional de donde provenía el proyecto. No puede aducir un solo argumento de oposición, si no lo ha expresado antes, en el momento de su elaboración. En todo caso, su respuesta debería haber sido la renuncia, no el voto negativo.

Osvaldo Pellín, DNI 4.316.342

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