Quiero hacer llegar mi opinión sobre el voto en contra del proyecto de retenciones del gobierno nacional, formulado por el presidente del Congreso de la Nación, ingeniero Julio Cobos.

Como es de dominio público, dicho proyecto fue enviado por la presidenta de la Nación, Cristina de Kirchner, ante el conflicto desatado al producirse el continuo aumento de las alícuotas, llegando a límites considerados confiscatorios, todo ello mediante resoluciones del Ministerio de Economía.

Con dicho pase al Congreso nacional, la presidenta y su esposo (ex presidente) quizás pensaron sanear jurídicamente el despropósito de aplicar impuestos por norma inferior a la ley y con su ratificación darle respaldo o blindaje.

El tratamiento en la Cámara de Diputados sin dudas fue considerado un "mero trámite", utilizándose desde el Poder Ejecutivo y también desde fuera del mismo, desde el partido gobernante, toda suerte de formas de convencimiento para lograr alinear a los diputados en forma disciplinada para que voten por la aprobación; no hacerlo era considerado una traición. Ello fue logrado en la Cámara de Diputados, incluyendo a los representantes de mi provincia, con la honrosa excepción del legislador Juan Carlos Scalesi que se opuso.

Pasado el proyecto al Senado con media sanción, fue repetido el esquena de convencimiento de los senadores nacionales, representantes de sus respectivas provincias, para que votaran la aprobación. Y lo lograron en varios casos, entre los que me da vergüenza reconocer se incluyen senadores de mi querida Río Negro, quienes al votar por la aprobación en realidad lo hicieron contra los intereses de la provincia a la que representan, con la única excepción del doctor Pablo Verani, quien cumplió con su pueblo.

El empate técnico a que se arribó en 36 votos provocó la necesidad de que votara el presidente del Senado, ingeniero Julio Cobos, quien lo hizo por la no aprobación, desatando en el oficialismo una indignación que no se condice con los principios democráticos que tanto mencionan en sus discursos pero no aplican en casos como éste.

Desde el oficialismo se agitaba la bandera de traición al proyecto del gobierno para quien no votara a libro cerrado, enfoque compartido seguro inocentemente por varios medios de difusión, confundiendo a la población en general, porque el proyecto era de la presidenta, que representa al Poder Ejecutivo.

Los legisladores, diputados y senadores, integran el Poder Legislativo del Estado y son también gobierno -según lo establece nuestra Constitución- y piensan, deliberan y resuelven de acuerdo a sus convicciones, aprobando o no el proyecto del Poder Ejecutivo, y su pronunciamiento transforma o no en ley tal proyecto. Vale decir que su sanción o no también es un acto de gobierno, con la misma jerarquía y aun superior al realizado por el Poder Ejecutivo.

El no aprobar el mismo a libro cerrado no es traición a nadie sino el ejercicio democrático de las facultades legislativas del Congreso nacional, que es el órgano volitivo que representa la voluntad popular. Los legisladores son los representantes del pueblo; a través de ellos el pueblo delibera y gobierna.

La presidenta pudo evitar la escalada del conflicto con la simple derogación de la resolución 125 y tuvo la oportunidad histórica de hacerlo cuando cargó con la culpa el ex ministro de Economía Lousteau, quien quedó como el responsable único, el malo de la película, lo que tampoco era cierto como quedó demostrado por la insistencia de imponer dicha resolución a toda costa. Vale decir que el nivel responsable de dicha resolución era la cabeza del Poder Ejecutivo, influenciada quizás por el ex presidente Kirchner.

El presidente del Senado fue elegido por la misma cantidad de sufragios que la presidenta y juró cumplir con la Constitución. Y es justamente lo que hizo. Votó en el sentido que su conciencia le indicó, en contra de dicho proyecto, mostrando con meridiana claridad que en democracia existen diversas opiniones y que nadie tiene que seguir incondicionalmente como perro fiel al mandatario de turno y menos cuando se equivoca en lo que quiere hacer, se obnubila su entendimiento y pretende que lo secunden en el desatino. Los representantes del pueblo deben subsanar el error, defendiendo a quienes representan, es decir a los ciudadanos.

Ingeniero Julio Cobos, yo no lo voté, pero debo decirle que con su actitud cívica y valiente, la apertura al diálogo con representantes de las entidades del agro, con gobernadores e intendentes y con su voto de desempate se ha ganado mi profundo respeto y aprecio de ciudadano argentino y patagónico.

Roberto Julián Pérez

LE 5.045.887

Viedma