Comparto, me identifico y adhiero a los irrefutables fundamentos y razones esgrimidos por la defensora del pueblo, Ana Piccinini, en su encendido requerimiento formulado al gobernador Saiz "para que agote las gestiones tendientes al reconocimiento y pago a todos los jubilados rionegrinos del 82% móvil, en relación con el sueldo de los activos".

Igualmente, y en ese orden de ideas, comparto plenamente el brillante, exhaustivo y pormenorizado trabajo elaborado por el periodista Héctor J. Colás, de Viedma, donde plantea incontrastablemente que el 82% móvil para el Poder Judicial de Río Negro es un derecho constitucional parcializado. Por ello no puedo ocultar mi desagrado al tomar conocimiento de que los integrantes del Superior Tribunal de Justicia -Lutz, Sodero Nievas y Balladini- insisten ante el gobernador para que el Estado provincial les financie a todos los jueces y magistrados los aportes adeudados a la AFIP para recién entonces presentar sus renuncias y acogerse a la jubilación con "ese beneficio excepcional".

Como es obvio, la eventual concreción de tamaña medida podría ser impugnada por agraviante, inconsulta y confiscatoria, toda vez que una muy importante porción de esos fondos del erario -Tesoro público- provendrían del ahorro efectuado por el Estado provincial a través del no reconocimiento y pago de dicho beneficio al resto del universo damnificado que responde al colectivo indefinidamente postergado.

Consecuentemente, lo ético y honorable -hoy escasean y no podríamos también culpar de ello al campo- para el fortalecimiento de un saludable funcionamiento de los poderes y organismos del Estado sería que tal como ya lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante el Poder Ejecutivo Nacional, el propio Superior Tribunal de Justicia de Río Negro instara y/o demandara del gobernador Saiz el impostergable cumplimiento efectivo de esa movilidad para la totalidad de los jubilados, tal como lo consagra la Constitución provincial.

Por ese motivo, y como lo expresara el aludido periodista, "los diputados no pueden sellar y convalidar con su voto una acción de irritante privilegio -yo le agregaría "repudiable y generadora de violencia ciudadana"- que legalizaría inmoralmente una marcada e injusta exclusión social". Por eso espero, deseo y confío en que los legisladores no actúen obedientemente como simples "levantamanos" y que con honestidad, valentía, decencia y dignidad rechacen tan abominable proyecto de ley discriminatorio.

Como corolario, y recurriendo al diccionario de la Real Academia Española, es oportuno recordar la acepción etimológica del vocablo "justicia": "Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece. Derecho, razón, equidad. Conjunto de todas las virtudes que hace bueno al que las tiene. Lo que debe hacerse según derecho y razón".

¡Justicia 100%!

Sonia Marta Cippitelli

LC 3.682.042

Las Grutas