Hoy desde el gobierno se habla de redistribución de la riqueza como una forma de justicia social.

Al mismo tiempo, los jubilados siguen siendo estafados por el Estado nacional. En promedio el deterioro de los haberes jubilatorios supera el 50%, con casos de aún mayor incidencia. En mi caso debería cobrar más del doble de lo que se me abona, para ello realicé durante 38 años los aportes previstos por ley.

Hoy la Anses, según información oficial, tiene ¡superávit!, a pesar de ello no paga los juicios perdidos haciendo caso omiso de las resoluciones judiciales. Es este un Estado que incumple la ley y cuando pierde los juicios por ese incumplimiento, no atiende los fallos judiciales en su contra.

No creo que a esto pueda llamárselo justicia social y redistribución de la riqueza.

Los estafados debemos hacer largos juicios, cuatro o cinco años como mínimo, en una época de nuestras vidas en que precisamente no es el tiempo lo que nos sobra. Obtenemos fallos favorables porque no puede ser de otra manera, ya que los casos son absolutamente claros, el Estado estafa a los jubilados y sobre esto no hay dudas. Una vez obtenido ese fallo en primera instancia, la Anses apela, sabiendo que también perderá en segunda instancia, la cuestión es alargar aún más los plazos y cuando está firme el fallo no cumple con la orden de pago correspondiente.

¿Esto es justicia social y redistribución de la riqueza?

En un juicio por el descuento del 13% decidido por Menem y Cavallo, que tiene más de seis años de tramitación, un grupo de jubilados entre los que me encuentro, obtuvimos un fallo favorable por la devolución del importe retenido indebidamente. El 3 de octubre del 2007 la Cámara confirma y notifica la sentencia y la correspondiente liquidación a la Anses, hasta el presente no hay novedades, han pasado más de seis meses y seguimos esperando. Los importes individuales representan un promedio de $5.000 cada uno, más intereses, menos costas, puesto que la justicia considera "justo" que los jubilados sean los que soporten la totalidad de los gastos a pesar de que el Estado nacional es el culpable y quien con su acción provoca el acto judicial.

¿Esto también es parte de la justicia social y la redistribución de la riqueza?

Me pregunto, ¿Y si el gobierno cumpliera la ley no habría automáticamente más justicia social? Estoy seguro que, por lo menos, habría más justicia.

Y de esto se trata, no creo que nadie le pida a la sra. presidenta una prueba de su sensibilidad social, sólo se le pide que el estado asegure la justicia que en tiempo y forma debe llegar a todos los ciudadanos.

Con todo respeto, su preocupación por la justicia social y la redistribución de la riqueza me impactaría favorablemente si se tradujera en medidas concretas a favor de amplios sectores de la sociedad, en este caso de los jubilados.

Horacio R. Carey,

DNI 4.257.806

Bariloche