Los derechos civiles y políticos conforman la denominada "primera generación de derechos humanos" y los económicos, sociales y culturales integran la llamada "segunda generación". Dentro de la primera categoría se ubican los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad, a la nacionalidad, al nombre, a la honra, a la propiedad, a las garantías judiciales y a la igualdad, entre otros; en cambio, al interior de la "segunda generación" encontramos los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la cultura, al trabajo, a la seguridad social, a la huelga, a la libre asociación sindical y también a la vivienda digna.

En materia de derechos económicos, sociales y culturales el Estado debe tender a posibilitar que todos o la mayor parte posible de los habitantes de la república puedan desarrollar sus potencialidades en condiciones de vida digna. Por ello, la inteligencia del art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional habla concretamente del acceso a una vivienda digna.

Los derechos humanos son indivisibles, por lo que el desarrollo de las potencialidades de cada uno de los habitantes de la república no está garantizado plenamente si no están dadas las condiciones para el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentra -aunque sea reiterativo- el acceso a la vivienda digna.

Ahora bien, hecha esta sencilla introducción voy a referirme a la toma de tierras que por estos días están realizando cerca de 100 familias en la zona rural de General Roca, en las inmediaciones de la zona conocida como Paso Córdoba.

El derecho a la vivienda digna no debe interpretarse en un sentido restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el único hecho de tener un techo; debe considerarse como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. A tener el ambiente físico necesario en el que se interrelacionará el individuo con el resto de los integrantes de su familia. El ambiente hogareño que formará a los próximos hombres y mujeres que llevarán el destino de nuestra Nación.

Quizás quienes han tomado estas tierras invocarán algunos de estos argumentos, quizás no todos, pero lo que no dudo es que hay una razón propia de la dignidad humana, que se encuentra en el dolor de los desposeídos que les ordena tomar manos en el asunto y velar por los derechos elementales que el Estado no garantiza.

Alguna vez oí decir que la tierra es de los que la trabajan y si bien jurídicamente hablando esto es una aberración, socialmente hablando no es tan descabellado.

Sólo espero que el Estado tome cartas en el asunto, que el desenlace de esta toma por parte de estos vecinos no traiga aún más dolor a los tantos hombres, mujeres y niños que por estas frías noches pernoctan a la intemperie clamando porque el Estado haga lo que tiene que hacer.

Carlos Marcelo López, DNI 26.143.295

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