El Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) es una fecha que celebran los grupos femeninos en todo el mundo. Esa efeméride se conmemora también en las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países.   
Se trata oficialmente de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo, que tomó fuerza en problemáticas que acarreó la industrialización en el siglo XIX.  
Pero no hay que olvidar que este reclamo hunde sus raíces en la historia.  
En una comedia griega, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra, en la Revolución Francesa las parisienses que pedían “libertad, igualdad y fraternidad” marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino y a lo largo de la historia una mujer o varias de ellas unidas bajo una misma bandera exigieron y exigen que la igualdad entre los géneros sea una realidad. Hay avances, pero aún hoy hay demasiadas materias pendientes.
La Organización de las Naciones Unidas, que estableció para este año el lema “Invertir en las mujeres y las niñas”, afirma que las manifestaciones de violencia contra mujeres y niñas varían según el contexto social, económico, cultural e histórico, pero es evidente que esa violencia sigue siendo una realidad devastadora en todas partes del mundo. Se trata de una violación generalizada de los derechos humanos y de un grave impedimento para el logro de la igualdad de género, el desarrollo y la paz. Esa violencia es inaceptable, ya sea perpetrada por el Estado y sus agentes, por miembros de la familia o por extraños, en el ámbito público o privado, en tiempos de paz o de conflicto.
Se han establecido marcos jurídicos y normativos internacionales, regionales y nacionales que abarcan muchas formas diferentes de violencia en los contextos público y privado. Sin embargo, los progresos registrados en la elaboración de esas normas, pautas y políticas jurídicas no han ido acompañados por progresos similares en su aplicación, que sigue siendo insuficiente y poco sistemática en todas partes del mundo.
Los estados tienen la obligación de proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia, exigir responsabilidad a los autores, hacer justicia y proporcionar recursos a las víctimas. El incumplimiento de esas obligaciones es inaceptable. Cuando el Estado no exige responsabilidad a los autores de actos de violencia y la sociedad consiente esa violencia de forma explícita o tácita, la impunidad no sólo lleva a que se cometan más abusos sino que también hace pensar que la violencia del hombre contra la mujer es aceptable y normal. El resultado es que se deniega la justicia a las víctimas o supervivientes y se refuerza la desigualdad de género prevaleciente.
La eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los desafíos más graves e imperiosos de nuestros tiempos. Todo el mundo tiene la responsabilidad de actuar ante la violencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de apoyar y mantener un entorno político y social en el que no se tolere la violencia contra las mujeres y las niñas y en el que los amigos, los familiares, los vecinos, los hombres y las mujeres intervengan para impedir que los autores de esos actos queden impunes.

Según informes recientes de Naciones Unidas, la violencia contra mujeres es el crimen más común y menos castigado en el mundo. Veamos algunos ejemplos.
• Al menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o abusada en algún momento de su vida. El abusador es generalmente un miembro de la propia familia.
• Más de 2 millones de jovencitas son mutiladas genitalmente cada año, a razón de una cada quince segundos.
• Entre 700.000 y 4 millones de mujeres son forzadas cada año a ejercer la prostitución o vendidas con ese propósito.
• En Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, la violencia doméstica es considerada un delito menor y no un crimen grave.