María Sol Pogliani / Mónica Ritacca

Santa Fe (El Litoral para la Red de Diarios en Periodismo Social).- Seguir un tratamiento fuera de la ciudad, visitar un familiar, participar de actividades recreativas o educativas lejos del lugar de residencia implica para muchas personas con discapacidad transitar por un camino incierto.

La angustia envuelve el relato de los afectados; la voz de los familiares se quiebra con cada recuerdo. Sienten impotencia porque no saben si podrán viajar en el horario que programaron, si perderán el turno en el hospital o llegarán a tiempo a la cita pautada.

"No quedan más asientos disponibles". "Hay cupo para dos personas y está cubierto". "Tenemos lugar dentro de tres horas". Éstas suelen ser las frases que lanzan desde las ventanillas de las empresas de transporte y se repiten en los testimonios de los afectados. Del otro lado queda la persona, con sus necesidades, sus problemas y su deseo de dejar de mendigar por sus derechos.

La legislación los ampara, pero en la práctica la realidad es más cruda. A nivel nacional, la ley 25.635 y el decreto 38/04 obligan a las empresas de transporte terrestre que brindan servicio en el ámbito interprovincial a trasladar sin cargo a las personas discapacitadas y a un acompañante en caso de necesidad documentada. Y el motivo por el que necesitan viajar no tiene mayor relevancia: pueden hacerlo por cuestiones laborales, asistenciales, familiares o por cualquier otra razón que favorezca la "plena integración social".

En el ámbito provincial, la ley 9.325 -modificada por la 12.355/04- brinda similares beneficios que la nacional. Pero en la práctica muchas empresas se ampararon en la ausencia de la reglamentación del art. 18 de la normativa y adoptaron distintos criterios.

Los problemas

Organismos e instituciones que trabajan con el tema de la discapacidad sostienen que no siempre se respeta el derecho de las personas a viajar gratis.

La Unión de Entidades de y para Discapacitados de la provincia y la Defensoría del Pueblo reconocen que han recibido más reclamos por problemas en viajes interurbanos que interprovinciales.

Este año "fueron numerosas las presentaciones de personas, instituciones y organizaciones sociales de la ciudad y del interior de la provincia que debieron enfrentarse a la dificultad de disponer de pasajes gratis en el transporte público de colectivos, particularmente a partir del mes de setiembre de este año, ya que algunas empresas por una decisión unilateral del Consejo Directivo de Atap no trasladan más de dos personas con discapacidad o, una persona con discapacidad y su acompañante", sostuvo Gladiz Rovey, trabajadora social del Área de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

El organismo también recibió reclamos de personas a quienes se les negó el pasaje de ida y vuelta con anticipación de 48 horas, bajo la justificación de que no estaban seguros de disponer de plazas.

En lugares donde no existen ventanillas de expendio de pasajes y la gente espera el colectivo a la vera de la ruta ha pasado que "se les negó el traslado con pasajes sin cargo" por tener cubierto el cupo.

Para que las personas con discapacidad no deban pasar por estas situaciones, la Defensoría del Pueblo de la provincia elaboró un afiche para informar sobre los derechos y condiciones en que deben otorgarse los pasajes gratuitos. El organismo recomienda a los Concejos Deliberantes de las ciudades de la provincia y a los presidentes comunales la sanción de ordenanzas o resoluciones para que sea obligatoria la instalación de estos carteles en las terminales de ómnibus.

Rovey considera que para brindar igualdad de oportunidades no sólo hay que proporcionar pasajes gratuitos, sino acondicionar los transportes para brindar las comodidades indispensables.

Peor que antes

Jorge Allevi, presidente de la Unión de Entidades de y para Discapacitados, sostuvo que la situación empeoró a partir de 2004, cuando el derecho de traslado sin cargo dejó de estar limitado a fines educativos y de rehabilitación.

"Antes de la gratuidad absoluta no había tantos problemas, porque el carné lo entregaba la provincia y las empresas lo tenían que respetar. Si tenías que viajar por rehabilitación o educación a otra ciudad no había ningún problema porque en el carné figuraba el día y horario del viaje, y si querías hacerlo fuera de ese día y horario tenías que pagar. Hoy podés viajar a cualquier lugar, cualquier día y horario y nadie te tendría que restringir nada. Pero hoy la decisión del pase la tiene la empresa y ahí es donde hay más inconvenientes", sostuvo Allevi.

El representante de la entidad no cargó todas las tintas contra las empresas de transporte "que reciben subsidios del Estado" y fijó responsabilidades en ambos márgenes.

"El Estado no ha solucionado la situación, porque tal vez a las empresas se les carga mucho con los pases libres, no sólo de los discapacitados sino de otros grupos de personas. Deberían sentarse ambas partes y de alguna manera compartir esto para que no haya tantos inconvenientes. Tampoco desconozco que las empresas reciben subsidios por parte del Estado, pero tendría que haber una solución. La otra alternativa directamente es aplicar sanciones", sostuvo Allevi.

Ante la ausencia de respuestas de las autoridades salientes, el representante de la entidad cifra sus esperanzas en el futuro gobierno. Lo único que piden es "que se cumpla la ley" porque cuando se les niega su derecho "la gente se siente mal". "Los que vienen a plantear el tema lo hacen porque necesitan ir a un médico o para una rehabilitación", concluyó Allevi.

¿Hay o no cupos?

Las leyes establecen la gratuidad del boleto para personas con discapacidad en el transporte interprovincial, interurbano y local.

En el ámbito nacional, el decreto 38/04 del PEN regula los derechos de las personas con discapacidad en el transporte de larga distancia y no establece cupos por ómnibus.

Sin embargo, el artículo 4 del decreto 118/2006 genera controversias y dispara distintas interpretaciones. Allí se establece que podrán viajar por micro una persona discapacitada y un acompañante si el servicio no supera los 54 asientos y dos discapacitados y sus acompañantes si la capacidad fuera mayor. Éste es el criterio que adoptan muchos empresarios del transporte interprovincial y que se contrapone al adoptado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

"El artículo 4 del decreto 118 que determina el famoso cupo no está vigente porque no fue reglamentado por la Secretaría de Transporte de la Nación. Para nosotros está plenamente vigente el decreto 38/2004", explicaron el Dr. Miguel Suárez y el contador Matías Perren, subdelegado y delegado de la CNRT en Santa Fe.

En la delegación local el organismo recibió durante este año 10 denuncias por negación de pasajes gratuitos a discapacitados, cinco de ellas se originaron en la terminal de esta ciudad y el resto en otras localidades. El mes pasado la CNRT repartió a los empresarios los decretos 38 y 118 y manifestó su postura como órgano de contralor.

¿Qué se puede hacer entonces ante la negativa de las empresas a otorgar el pasaje? "Deben radicar la denuncia en la CNRT, se eleva a Buenos Aires, se forma el expediente y las empresas son sancionadas", sostuvieron los encargados locales, que también intermedian ante las empresas para que la persona logre viajar.

Por su parte, el Dr. Claudio González Viescas recomendó que si la persona discapacitada cumple con la condición establecida en la norma nacional de concurrir a la boletería 48 horas (como mínimo) antes de la salida del servicio y le niegan el pasaje "podrá pedir a la empresa que le acredite que no se lo puede dar y que le detalle los motivos por los cuales no se lo otorgan", explicó tras aclarar que es importante que figure fehacientemente en el Certificado de Discapacidad que la persona necesita viajar con acompañante.

En caso de que la empresa le niegue algún derecho reconocido por ley, pueden hacer la denuncia en la Defensoría del Pueblo, en los organismos de Defensa al Consumidor, en el Inadi, en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en la Secretaría de Transporte de la Provincia (si el inconveniente se genera en micros interurbanos) o en la Municipalidad (para los urbanos).

Publicación conjunta

La Red de Diarios es una iniciativa de la Asociación Civil Periodismo Social que surgió en 2005 con el apoyo de la Embajada Británica y agrupa a prestigiosos diarios de Argentina para intercambiar noticias sociales. La nota que hoy se entrega a los lectores de El Litoral integra una serie de publicaciones que, de modo conjunto, realizan los siguientes medios: Río Negro, Río Negro; El Litoral, Santa Fe; La Capital, Rosario; La Voz, Córdoba; Los Andes, Mendoza; La Gaceta, Tucumán; El Ancasti, Catamarca; Nueva Rioja, La Rioja; El Diario, Paraná; Diario de Cuyo, San Juan; El Territorio, Posadas; El Tribuno, Salta. Más información en www.periodismosocial.net/rd/