En el presupuesto nacional 2008 no se incluyó ninguna alusión a la necesidad de una reforma tributaria, más allá del cambio en la alícuota en Bienes Personales –pasó de 100.000 a 300.000 pesos– y algunas correcciones parciales. De cumplirse la ley aprobada por el Congreso, la recaudación ascendería este año a 233.000 millones de pesos, en línea presumiblemente con los gastos, que vinieron creciendo cinco puntos por encima de los recursos, con lo cual la presión quedaría en 25 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y sería similar a la del 2007. El objetivo trazado fue que el gasto se incrementara cerca del 15%, exigiendo un fuerte ajuste fiscal.
Respecto del superávit fiscal, se desconocía en principio cómo se cumpliría el 3,15% del actual presupuesto y si se subestimó el pronóstico de 4% de suba del PBI –el Banco Central estimó 7,2%– o si la crisis financiera internacional y las medidas correctivas que pudiera adoptar el gobierno nacional lo aproximarían a la nueva realidad, tras un quinquenio de crecimiento al 8% anual en promedio.
El Ministerio de Economía y Producción informó que en el 2007 el superávit fiscal fue del 3,2% del PBI, pero no aclaró que en diciembre, después de tres años, hubo un déficit de 1.198 millones. Lo causaron los adelantos de gastos, como los aguinaldos, correspondientes a enero último, y el gasto público, que aumentó cerca del 47% con los subsidios al sector privado y las transferencias a la seguridad social. La citada cartera publicitó, también, que “por primera vez en la historia económica argentina se logra concatenar cinco años consecutivos de superávit” y que “una buena administración tributaria permite altos niveles de ingresos y aumentar gastos en áreas rezagadas y de recomposición necesaria –subrayó jubilaciones e inversiones–, manteniendo niveles altos de ahorro público”. En relación con la importancia de dicho superávit, en el porteño Palacio de Hacienda describieron que se trata de una “señal de sustentabilidad fiscal de largo plazo que permite reducir la deuda pública, contar con recursos financieros genuinos, disminuir la vulnerabilidad ante shocks externos y contribuir al sostenimiento del tipo de cambio competitivo”.
De cualquier manera, se reconoció que las exenciones impositivas para favorecer ciertas actividades o zonas en la Argentina serían record en el 2008, con 19.843 millones de pesos (frente a 17.341 millones en el 2007). Del total señalado, el 78% correspondió a disposiciones nacionales (deducciones y exenciones de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado) y el 22% a regímenes de promoción (como los vigentes para Tierra del Fuego y la minería).
Debe tenerse en cuenta, además, que antes de las elecciones de octubre pasado se modificó el gravamen a las Ganancias para empleados en relación de dependencia y hacia fines de año subieron las retenciones al sector primario y los combustibles y los impuestos internos a los autos de lujo, aparte de suspenderse la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las compras con tarjetas de crédito.
La AFIP daría de baja a 400.000 monotributistas que no pagaron sus obligaciones durante 10 meses, pero no de manera inmediata ni abrupta, mientras 1,4 millones se mantuvieron al día. La recategorización que venció en la primera quincena de enero involucró a 100.444, de los cuales 89.972 subieron de categoría; 9.712 bajaron a una de menos ingresos y 760 mantuvieron la misma pese a las “sugerencias” del citado organismo para que no lo hicieran.
Se modificó el régimen de información de operaciones de compraventa de motocicletas y automotores usados, con el propósito de facilitar los trámites de concesionarios y agencias y dotar de mayor transparencia al sector.
Por otra parte, continuarán los controles de las operaciones de compraventa de inmuebles, profundizando las inspecciones sobre los escribanos, las inmobiliarias y todos aquellos que transfieran, vendan, oferten o negocien cualquier bien raíz. La AFIP exigirá a partir de marzo que le informen previamente al cierre de operaciones, cuando los bienes tengan un valor superior a 300.000 pesos. El organismo está dispuesto a revisar los contratos de arrendamiento rural para detectar casos de evasión en propietarios cuyos ingresos provengan de la renta agraria.
Desde el Poder Ejecutivo Nacional aguardan cobrarle el Impuesto a las Ganancias a los jueces (unos 180 millones de pesos en el 2008), eliminar los mencionados beneficios a la minería (800 millones) y gravar los plazos fijos, exentos del pago de Ganancias, perspectiva rápidamente descartada por Juan Carlos Pezoa, secretario de Hacienda de la Nación.
Tras lograr “un mejor cumplimiento de parte de los contribuyentes y una mayor eficiencia de la AFIP para fiscalizar a partir de la inclusión de nuevas herramientas, como internet y el pago electrónico, que agilizaron los procedimientos”, Alberto Abad, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos reseñó las líneas de acción para este año.
• Servicios. Mediante un nuevo modelo de atención, la ampliación del “call center”, el fortalecimiento de la gestión telefónica, el celular como terminal, un nuevo circuito de reclamos y sugerencias vía web e información on-line de retenciones y percepciones.
• Fortalecimiento institucional. Con mayor capacidad informática, un programa de desarrollo de capital humano y de fortalecimiento de la gestión gerencial, becas de posgrado para el personal profesional y acuerdos con el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura.
• Cultura tributaria. Por instrumentarse con la red federal de educación, la ampliación del concurso “Mi factura por favor” y los rediseños del sitio web de educación.

Cada tanto se abre el debate sobre una reforma

 Si bien hubo modificaciones parciales posteriores, se considera que la última reforma tributaria en la Argentina, de acuerdo con la ley 25.063, comenzó a implementarse el 1º de enero de 1999. Como se afrontaba una recesión, se interpretó que su aplicación se hizo a destiempo y traería complicaciones, como se comprobó por la gran cantidad de contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones. Entidades empresarias representativas de casi todos los sectores cuestionaron los nuevos impuestos a la Ganancia Mínima Presunta (IGMP) y a los Intereses, pero la conducción económica de turno no los suspendió pese a que decenas de firmas solicitaron amparos judiciales.
El gobierno acotó los alcances de aquella reforma al bajar los costos laborales e intentó generar empleo disminuyendo los aportes patronales. Para compensar la caída de ingresos fiscales y atenuar distorsiones (como las exenciones sectoriales al IVA o el sesgo favorable al endeudamiento para financiar a las empresas el Impuesto a las Ganancias), se modificaron alícuotas y crearon, precisamente, el IGMP y el Impuesto a los Intereses. Diversos especialistas plantearon la necesidad de discutir la reforma y solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que se abstuviera de aplicarla con ciertos efectos retroactivos.
Cuando Néstor Carlos Kirchner ya era el presidente electo, analizó con Roberto Lavagna –a quien designó su ministro de Economía y Producción, no obstante que lo había sido en el mandato de Eduardo Duhalde– las primeras medidas que adoptaría y recibió del mismo dos borradores de reforma tributaria y un proyecto de ley de coparticipación federal.
Cada tanto se reabre en el país el debate sobre la reforma tributaria, observó Alejandro González Escudero, docente de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Fundación Economía y Sociedad (Fundecos) y consultor. Recordó, incluso, los señalamientos sobre gravámenes de baja “calidad” técnica, pero útiles para recaudar, como el efectuado hasta por Alberto Abad, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), aunque advirtió que cualquier modificación deberá tratarla el Congreso.
González Escudero sostuvo, además, que el sistema vigente es complejo y difícil y se concentra en impuestos y modalidades de percepción donde la posibilidad de “escape” resulta limitada. No olvidó agregar los gravámenes y tasas provinciales y municipales, casi siempre de baja “calidad técnica”, que suman complicaciones, y las fiscalizaciones paralelas a las de la AFIP, que constituyen más cargas burocráticas.
Pamela Cox, vicepresidenta del Banco Mundial (BM) para América Latina, antes de que Cristina Fernández de Kirchner asumiera como presidenta de la Nación, interpretó que la clave para reducir la inflación en la Argentina pasaba por obtener mayores inversiones, resolver la desigualdad social mediante una reforma tributaria que quitara peso a los impuestos al consumo y lograr un acercamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los economistas Marcelo Lascano, Adolfo Sturzenegger, Luis Secco y Daniel Heymann se explayaron respecto de la necesidad de una reforma tributaria y las demoras en concretarla en el “Foro de la cadena agroindustrial argentina”, en julio pasado. Allí también se presentó la propuesta de un equipo coordinado por Julio Nogués y Alberto Porto, de las universidades Torcuato Di Tella y Nacional de La Plata respectivamente.
La mesa directiva de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce) analizará la propuesta de reforma tributaria confeccionada durante el 2007, que incorporó un proyecto de su Centro de Estudios Científicos y Técnicos (Cecyt). Entre otros aspectos, previó incrementos de los importes fijos en las leyes impositivas y la penal tributaria y deducciones para los trabajadores autónomos consideradas en el gravamen a las Ganancias. Aparte de continuar gestiones en el Congreso, las hará ante el Poder Ejecutivo. Respecto de los cambios en Bienes Personales, la Facpce expresó su disidencia por el tratamiento desigual de contribuyentes con similar capacidad contributiva y sus opiniones favorables acerca del aumento del mínimo no sujeto a imposición (de 102.300 a 305.000 pesos) y la disminución de la alícuota para quienes tuvieran patrimonios inferiores a 750.000 (del 0,75 al 0,5%).
 Según el departamento de política tributaria de la Unión Industrial Argentina sólo en el Impuesto a los Ingresos Brutos existen 24 códigos provinciales que suman 6.700 artículos y se aplican 53 regímenes de recaudación (retención y percepción), regulados por más de 150 normas con 2.200 artículos. Por eso la central fabril propuso el año pasado un régimen unificado, en principio mediante la armonización de las disposiciones generales de aquellos 24 cuerpos normativos.

La AFIP y los resultados del 2007

La recaudación de recursos tributarios del año pasado trepó a 199.781,2 millones de pesos y superó por un 33,2% a la del 2006, según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Incidieron la actividad económica –reflejada en lo percibido por los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias– y el cumplimiento de los contribuyentes. El aumento del empleo y la reducción de la informalidad laboral se reflejaron en más puestos declarados y mayores salarios, que repercutieron en la suba de la recaudación del sistema de seguridad social. En tanto, el alza de los ingresos del comercio exterior fue atribuida a mayores volúmenes y valores de lo exportado e importado y la elevación del tipo de cambio.
La meta de recaudación de la AFIP, en función de la ley de presupuesto 2007, fue de 163.318,8 millones, que al ser superada en 31.642 millones representó un cumplimiento del 118,7%. Lo ocurrido el año pasado respecto del 2006 demostró:
• Impuesto al Valor Agregado. Neto de devoluciones, creció el 33%, sobre todo por la evolución de la actividad económica y el mejor cumplimiento. Los pagos directos y retenciones de las direcciones generales Impositiva y de Aduanas ascendieron un 30,5 y un 35% respectivamente. En cuanto a las devoluciones a los exportadores, treparon un 22,3% (726,5 millones de pesos). Los débitos fiscales ascendieron un 28,3% y las mayores subas se registraron en la construcción (46,9%), la intermediación financiera y otros servicios (42,4%) y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (32%). La industria manufacturera y el comercio concentraron el 60% del débito fiscal total, con aumentos del 25,2 y del 29,5% en uno y otro caso.
• Impuesto a las Ganancias. Varió positivamente un 27,5%, también por la evolución económica que, a su vez, generó ingresos superiores por saldos de declaraciones juradas y anticipos de Sociedades y Personas Físicas. Por otra parte, dicha mejora en la actividad y la suba de las remuneraciones favorecieron los ingresos por retenciones. Sin embargo, la elevación de las deducciones personales afectó la cobranza de retenciones al trabajo personal en relación de dependencia y a los ingresos por anticipos de Personas Físicas.
• Impuesto a las Ganancias de Sociedades. Escaló un 20,5%, por ingresos correspondientes a declaraciones juradas que se incrementaron un 40,7% y anticipos que lo hicieron un 17%. En el gravamen por actividad económica, los mayores ascensos en términos absolutos se advirtieron en la industria manufacturera y la explotación de minas y canteras, que representaron el 53,4% de la suba total.
• Impuesto a las Ganancias de las Personas Físicas. Creció un 19,1% debido a que los ingresos por declaraciones juradas subieron un 15,4% y por anticipos, un 30,5%. Esto, nuevamente por influencia de la mayor actividad económica, con el atenuante de las modificaciones que elevaron el mínimo no imponible, las cargas de familia y la deducción especial.
• Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria. Trepó un 28,9% por el aumento de las transacciones gravadas.
• Impuesto a los combustibles líquidos y GNC. La suba de 13,6% fue por mayores transferencias e incrementos de los precios: combustibles líquidos, 23,7%; GNC y otros combustibles, 8,2%, y otros, 9,7%.
• Bienes Personales. Subió un 20%, por el mayor gravamen determinado de personas físicas y sucesiones indivisas, lo que incidió en más ingresos por anticipos y saldos de declaraciones juradas. En diciembre se modificó la legislación con efecto para el período fiscal 2007, aumentándose el monto de bienes exentos y la cantidad de alícuotas según el tramo de bienes gravados, por lo que se debieron recalcular anticipos.