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Medidas anunciadas por Bush no tranquilizan los mercados
El gobierno estadounidense tendría que disminuir las garantías estatales sobre los créditos entregados en el sistema. Debe existir una reforma que permita reducir el rendimiento a plazo fijo respecto de inversiones de riesgo.

Luego de una seguidilla de crisis financieras emergentes en los ’90, ahora la crisis se ha producido en los países centrales. Éstas siempre han sido consecuencia de los excesos que cometen los banqueros amparados por las garantías de depósitos y los auxilios de bancos centrales. El sistema financiero mundial debería modificar su concepción básica para evitar los incentivos perversos hoy existentes, pero el cambio difícilmente ocurra pues las garantías estatales se asumen como normales y son muchos los intereses para mantener su actual alcance.

LA NATURALEZA DEL PROBLEMA

El crecimiento de la intermediación financiera en los países desarrollados ha sido excepcional en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del XXI, a tal punto que muchos identifican este proceso de globalización con la globalización financiera. En su reciente libro, Alan Greenspan muestra que desde 1946 los activos de los intermediarios financieros americanos han crecido en promedio 1,8 puntos por encima del PBI por año, un crecimiento acumulado que supera el 100% del PBI al cabo de 60 años. El endeudamiento de individuos ha aumentado hasta alcanzar el 20% de sus activos y el empresario, hasta representar el 43% de sus activos.
¿Cuáles son las razones de este crecimiento extraordinario? La primera explicación de Greenspan es que Estados Unidos –y otras naciones desarrolladas– atrae los ahorros de países emergentes, que fronteras adentro no encuentran la garantía a los derechos de propiedad que les proporciona el sistema financiero de los países centrales.
La segunda explicación de Greenspan es que el crecimiento de la intermediación financiera es una consecuencia natural del progreso: “La deuda casi siempre va a crecer en relación con el ingreso en la medida en que exista una creciente división del trabajo y una creciente productividad”. Este argumento es vago y de muy dudosa validez para explicar el explosivo crecimiento de depósitos y deuda. Si la necesidad de financiar el desarrollo de nuevos negocios creciera más que el PBI, esas necesidades podrían atenderse mediante emisión de acciones y no a través de deuda.
El hecho de que el financiamiento mediante deuda haya crecido de modo explosivo en los países desarrollados requiere otra explicación.

NUEVA CRISIS

La crisis financiera del 2007 puso una vez más en evidencia que los sistemas financieros apoyados por garantías estatales producen crisis recurrentes.
En los ’90, cuando los capitales de corto plazo fluían a los países emergentes, se sucedieron varias crisis en Rusia y el sudeste asiático, hasta culminar con la Argentina en el 2001. Pero ahora, cuando los ahorros mundiales se han revertido, las crisis se producen en los países centrales y están alcanzando hasta sus bancos más prestigiosos.
El origen de esta última crisis es evidente: inundados por los ahorros del resto del mundo, los bancos de países desarrollados se lanzaron a prestar en segmentos cada vez más riesgosos, como las hipotecas de deudores de baja calificación y los préstamos a fondos especulativos. La desregulada innovación financiera fue utilizada para crear instrumentos que diluyeron artificialmente el riesgo y para sacar los préstamos de mayor riesgo de los activos de los bancos.
Los nuevos instrumentos permitieron ocultar que en última instancia el sistema financiaba préstamos a largo plazo y de riesgo creciente con depósitos a corto plazo de valor cierto.
La primera consecuencia de esta crisis será la pérdida de capital de los accionistas de los bancos. Pero, para que éstos puedan seguir prestando y evitar un corte recesivo del crédito, es necesario que se recapitalicen y esta necesidad lleva a una segunda consecuencia: la gradual pérdida de control de las instituciones financieras a manos de fondos soberanos de países petroleros y de otros con ahorros excedentes. Estas consecuencias constituyen una solución de mercado perfectamente aceptable si fuera suficiente, ya que se evitaría que los entes reguladores se hicieran cargo de pérdidas que en última instancia recaerían sobre los contribuyentes.
Pero supongamos que esta (probable) resolución ideal se materializara y Estados Unidos y otros países desarrollados recuperaran la confianza total en sus sistemas financieros. En este caso, lo que persistiría sería la más importante de las consecuencias negativas, esto es, la continuidad de los desequilibrios mundiales, con los ahorros del mundo emergente financiando un consumo creciente o burbujas inmobiliarias en los países centrales. Esta situación luce como ideal para los intereses del sector financiero norteamericano, pero no lo es para Estados Unidos como país, ya que como consecuencia de que los ahorros foráneos financian mayor consumo su tasa de ahorro ha bajado hasta el 13,5% del PBI.
La supremacía económica americana se deteriorará rápidamente si continúa ahorrando tan poco y los fondos soberanos de los países con ahorros excedentes serán cada vez más propietarios de las empresas norteamericanas y multinacionales.
Esta situación tampoco es deseable para la economía mundial. Sería más eficiente y produciría más crecimiento que los ahorros del mundo que convergen a los grandes centros financieros no financiaran consumo o burbujas inmobiliarias locales sino que se reciclaran en inversiones de riesgo en los lugares más rentables del planeta.

ALTERNATIVA POSIBLE

La solución de fondo para a) disminuir las vulnerabilidades del sistema financiero, b) aumentar la tasa de ahorro norteamericana y mundial, c) aumentar la eficiencia con la que se invierten los ahorros mundiales y d) reducir los desequilibrios globales es disminuir las garantías estatales e ir hacia sistemas financieros en los cuales los riesgos de la inversión sean corridos por los ahorristas finales (individuos o fondos institucionales). Para ello sería necesario:
• Los bancos que gozan de garantías estatales deberían mantener patrimonios mínimos y reservas líquidas (en proporción a sus activos) que sean sustancialmente superiores a las actuales.
• Con sus depósitos a corto plazo los bancos deberían tener prohibido realizar préstamos a  mediano y largo plazo y a individuos, empresas o entes estatales que tengan un endeudamiento global que supere relaciones muy prudentes.
• Los bancos deberían tener vedado prestar a vehículos o instituciones que a su vez invierten en activos riesgosos (instituciones de préstamos hipotecarios, fondos de inversión, fondos de cobertura, etcétera). Es esencial prohibir a los bancos invertir en instrumentos “innovadores” que oculten sus riesgos.
• Ninguna institución no bancaria que invierta en activos de riesgo debería poder acceder a garantías de depósitos. Tampoco les estaría permitido garantizar liquidez a los inversores en los fondos de inversión de riesgo que comercializan.
Una reforma institucional de estos alcances reduciría drásticamente el rendimiento de depósitos a plazo fijo con respecto al  de las inversiones de riesgo (acciones, préstamos hipotecarios, bonos de deuda corporativa), los instrumentos de mercado de capitales (acciones, bonos, fondos de inversión) aumentarían rápidamente en importancia en relación con los depósitos bancarios, disminuyendo los riesgos contingentes del Estado frente a las imprudencias de los banqueros;  disminuiría el atractivo para que los ahorros del mundo emergente busquen refugio en Estados Unidos y en otros países centrales y habría más financiamiento disponible para inversiones de riesgo que asuman empresas multinacionales en todo el planeta y menos financiamiento para consumo en los países desarrollados.
Pero una reforma de esta naturaleza difícilmente se materialice en el corto plazo y, en el mejor de los casos, se verán avances lentos en esta dirección. La atracción de fondos del resto del mundo ha creado en los países centrales la sensación equívoca de que los intereses de la actividad financiera coinciden con los del país en su conjunto. Esto explica por qué Alan Greenspan denuncia tibiamente los incentivos perversos que las garantías provocan pero no atina a sugerir cambios. Más aún: coincidentemente con los intereses financieros, cree que es conveniente desregular todavía más la actividad manteniendo las actuales garantías, con la confianza en que los excesos se evitarán por autorregulación del sistema.
Mientras tanto, los banqueros y los ahorristas del mundo seguirán disfrutando de las garantías que les ofrecen los estados de los países centrales, hasta que las consecuencias acumuladas de estas políticas o crisis financieras más profundas pongan en evidencia la necesidad de cambiar.


(*) Presidente del Centro de Estudios Públicos

El rol negativo del Estado

La explicación fundamental del explosivo crecimiento de la intermediación financiera es la garantía provista por los seguros de depósitos y el apoyo de los bancos centrales como prestamistas de última instancia.
La banca es naturalmente una actividad que se presta al descalce de plazos y a la toma de riesgos excesivos, porque los banqueros asumen que la estabilidad de depósitos es una característica permanente. Pero los incentivos para asumir riesgos desmedidos son mucho mayores cuando el Estado garantiza los depósitos –y por lo tanto la expectativa de su estabilidad de depósitos es mayor aún– y cuando los bancos centrales operan explícitamente como prestamistas de última instancia, asegurándoles a los bancos un financiamiento estatal al cual acudir en caso de enfrentar problemas de liquidez.
Con la garantía estatal, los banqueros asumen riesgos desproporcionados, prestando a largo plazo –hasta hipotecas a 30 años– con depósitos que son exigibles a pocos meses vista. Además, la garantía estatal incentiva a los bancos a tener cada vez menos reservas líquidas y menos patrimonio para responder. “Los banqueros después de la guerra civil (norteamericana) percibían la necesidad de respaldar el 40% de sus activos con patrimonio neto”, nos recuerda Greenspan. Hoy el Citibank está tratando de recapitalizarse para mantener un patrimonio sólo equivalente al 7% de sus activos, lo que pone en evidencia su vulnerabilidad frente a circunstancias adversas.
Sólo las garantías del Estado más poderoso del mundo explican por qué Citibank asumió tantos riesgos y por qué sus depositantes siguen durmiendo tranquilos.

Un círculo no virtuoso

El respaldo de los bancos centrales a la banca privada es una intervención estatal que hoy se asume como normal. Pero no lo es, así como tampoco virtuosa.
¿Puede acaso considerarse normal financiar un préstamo hipotecario a 30 años con un depósito a 30 días o que los contribuyentes sean los garantes últimos de los excesos de los banqueros?
Hasta 1930 el mundo vivió sin estas garantías explícitas y fue la crisis de ese año  la que justificó un intervencionismo tan grande en materia financiera. La excusa fue evitar la repetición de corridas bancarias que llevaran a cortes del crédito capaces de arrastrar a depresiones económicas profundas como la que vivió el mundo en la década del ’30.
Pero la solución adoptada no fue la acertada. El sistema de garantías no evitó la recurrencia de crisis financieras sino que aumentó su frecuencia, pues creó incentivos para que los banqueros asumieran descalces y riesgos cada vez mayores.
Los países desarrollados –con espaldas anchas para apoyar a sus bancos– evitaron consecuencias catastróficas de las crisis financieras sobre el producto y el desempleo, pero a costa de hacerse cargo –y luego transferir a los contribuyentes– de los costos de la imprudencia de los banqueros.
Pero varios países emergentes no pudieron en las últimas décadas siquiera evitar crisis terminales, porque han tenido menos capacidad para desarrollar regulaciones y supervisiones eficientes y particularmente porque los gobiernos emergentes son menos solventes y tienen límites para cumplir con las garantías prometidas a depositantes y banqueros. Cuando las crisis han sido de magnitud, los bancos centrales han podido apoyar a los bancos comerciales sólo hasta cierto punto y la defraudación a los depositantes ha sido repetidamente inevitable.
La menor capacidad de absorción de crisis bancarias en países emergentes ha terminado en frecuentes crisis y en fuga de depósitos hacia países desarrollados que ofrecen más garantías. En última instancia, el sistema financiero global ha derivado en una competencia por la capacidad de garantizar derechos de propiedad entre sistemas bancarios de países desarrollados y emergentes, que se ha resuelto claramente a favor de aquéllos. (M. T.)

 



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