Los resultados no están condicionados, como antes, por las actividades económicas de algunos pocos socios mercantiles. El Programa Integrado de Promoción Comercial y Desarrollo de Mercados Externos 2008 prevé 754 acciones con un alto contenido federal.

BUENOS AIRES.- Cuando el canciller Jorge Taiana presentó el Programa Integrado de Promoción Comercial y Desarrollo de Mercados Externos 2008, vaticinó que las exportaciones treparían este año a los 60.000 millones de dólares, mediante un aumento del volumen de las mismas con mayor valor agregado y hacia más destinos.

La evidente intención es seguir tratando de aprovechar los buenos precios de los cereales y los alimentos y, por otra parte, la debilidad del dólar que benefició a la Argentina para sostener los precios de las materias primas -soja, maíz, petróleo y metales preciosos, entre otras-, que influyeron sobre los superávits comercial y fiscal. Esto, sin olvidar la posibilidad, siempre latente, de que ante una demanda firme de la divisa norteamericana el Banco Central eventualmente salga a vender para ponerle un "techo" a la cotización.

Hasta noviembre pasado inclusive, las exportaciones aportaron ingresos record por 50.266 millones de dólares, o sea, un 19% más que en idéntico período del 2006, previéndose incluso casi 53.000 millones para todo el 2007 (ver aparte), aunque en el Ministerio de Economía y Producción imaginaron cerca de 55.000 millones.

Dos tercios de tales operaciones estuvieron conformados por manufacturas y más de la mitad se enviaron a la Unión Europea, Asia y el NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México). Para promover una "inserción inteligente en la economía mundial", el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto realizará este año 754 acciones con un criterio de "alto contenido federal" -aunque se llegó a mencionar 1.000-, entre misiones comerciales, ferias y exposiciones.

Como las subas de precios de los alimentos en el mundo podrían generar un "replanteo" de los países que subsidian la producción agrícola en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio (OMC), las autoridades locales vienen defendiendo la posición de la Argentina como integrante del Mercosur y solicitaron que las naciones industrializadas "repensaran" sus posiciones para facilitar un acercamiento.

Con más o menos problemas, el Mercosur existe. En la última cumbre presidencial, el 18 de diciembre pasado, se firmó un tratado de libre comercio con Israel, el primero con un país extrarregional, con desgravación de aranceles de importación, cuotas para las mismas y un sistema de preferencias para determinadas posiciones.

De cualquier manera, Martín Redrado, presidente del Banco Central, señaló "un escenario favorable en lo que se refiere a los precios de los productos de exportación", a pesar de que "la Argentina se enfrenta a un contexto internacional más hostil", originado en la situación de la economía norteamericana. Por eso propuso "una acción mancomunada de los sectores público y privado con objetivos en común", teniendo en cuenta que "las exportaciones mostraron un creciente desarrollo, aumentaron en precio y volumen y tuvieron una paulatina diversificación y consolidación de nuevos rubros con mayor tecnología y valor agregado" (como biotecnología, servicios e industria del turismo receptivo, por citar algunos).

El "Mapa regional de cadenas de valor", trazado por la Unión Industrial Argentina sobre la base de 33 sectores fabriles, reflejó cómo impactaban en los niveles de empleo, producción y exportación, así como en su inserción en las economías de las distintas zonas. Esto se conoció mientras en el Ministerio de Economía y Producción trabajaban en el relanzamiento de planes de fomento a la producción para incentivar las inversiones, luego de que el régimen vigente perdiera su vigencia en setiembre último. Martín Lousteau, titular de la cartera, intentó una "apertura al diálogo" para crear elementos que otorgaran mayor valor agregado a distintas cadenas, destacándose la de la agroindustria, con dirigentes de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) y varias de sus principales empresas. Volverían a reunirse en la segunda quincena de febrero para analizar los "instrumentos" para alcanzar los objetivos deseados de expandir la producción e incrementar las exportaciones.

La Fundación Export.Ar -responsable de impulsar las ventas al exterior, el desarrollo de mercados, la promoción comercial y la asistencia técnica a las empresas- coordina las acciones dispuestas por la Cancillería a través de las 121 representaciones diplomáticas -en algunas instaló "centros de promoción"- en conjunto con firmas privadas, especialmente las pequeñas y medianas, que representan el 10% del total de las exportaciones y serían mayoría entre las casi 15.000 existentes.

Marcelo Elizondo, reelegido titular de la fundación por otro trienio, prometió incrementar la cantidad de consorcios existentes, últimamente 54, que involucran a unas 400 firmas, y generar más mecanismos de asociativismo, como el apadrinamiento de grandes exportadores a las pymes o planes estratégicos sectoriales, como el acordado con la Corporación Vitivinícola Argentina.

Pocos recordaron que antes de asumir como presidenta, Cristina Fernández de Kirchner anticipó aumentos de ingresos vía retenciones y una cotización del dólar que no superaría este año los 3,20 pesos. También Lousteau, sin haberse convertido en mi

nistro, el 4 de diciembre pasado anunció que "en un mundo en el cual los alimentos van a tender a subir cada vez más por un componente estructural, las retenciones no son sólo un instrumento transitorio, son un instrumento permanente" (aplicado desde el 2002). Y agregó: "Va a ser utilizado cada vez más por cada vez más países". Ya como principal habitante temporario del porteño Palacio de Hacienda, argumentó que permiten "ir calibrando cuál es la señal de precios a los productores y lo que se consigue ahí se vuelca por el lado de los subsidios al consumo".

La recaudación de los derechos de exportación sumó 17.829 millones en los primeros once meses del 2007, es decir 32,6% más que en igual período del 2006. En el presupuesto 2008 se previeron 24.231 millones, pero quizá excederían los 30.000 millones por las alzas de los precios internacionales que decidieron a las autoridades nacionales a elevar las retenciones a los subproductos de soja y de girasol, los granos de soja, trigo y maíz; el petróleo y sus derivados y los minerales (ver aparte).

No le resultó fácil al gobierno anterior ni al actual implementar mayores retenciones. Al anunciar el plan de ahorro energético, Julio de Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, declaró que no habrá revisiones de fondo de las retenciones aplicadas a las petroleras, pero que sí está dispuesto a dialogar con las provincias productoras que reclamaron la suspensión de las mismas, con el propósito de determinar si en el plano fiscal fueron perjudicadas o no por la medida en lo que se refiere a la disminución de las regalías.

Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, presionó a las industrias lácteas con cerrar las exportaciones y suspender los subsidios. Sin embargo, cuando huía el 2007, dijo que autorizaría subas del 8% en los precios de los productos controlados (como la leche fluida, algunos quesos y yogures), o sea, menos de las que recayeron sobre los consumidores.

El mismo Moreno consiguió que el Poder Ejecutivo Nacional aceptara su idea de eliminar las exenciones que beneficiaron a las mineras instaladas con anterioridad al 2002, pese a que al radicarse se les garantizó la aplicación de la ley 24.196, con una estabilidad fiscal por treinta años. Las presionó para acordar una fórmula y cobrarles derechos de entre el 5 y el 10%, pero las principales compañías -oriundas de Estados Unidos, Canadá, Suiza y Sudáfrica, entre otras naciones- plantearon sus quejas a la Cancillería argentina por la "ruptura de acuerdos comerciales recíprocos". Convencidas de que con Moreno ya no resulta posible dialogar, de no obtener respuestas satisfactorias a sus reclamos tras el actual mes de "feria judicial" iniciarían demandas judiciales.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sumó entre el 2003 y el 2006 unos de 4.000 millones de pesos, según se supo en octubre pasado. Esto se relacionó con decisiones de unas 800 firmas vinculadas con multinacionales y grandes empresas que violaron normas sobre precios de transferencia y en su mayoría pagaban menos Impuesto a las Ganancias por sus maniobras de subfacturación o sobrefacturación con las casas matrices y hasta firmas con domicilios en paraísos fiscales.

MIGUEL ÁNGEL FUKS