En la Argentina llegan sólo al 12% del PBI. En otros países superan el 100%. Hay dudas sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos.

En el cierre del primer ciclo de traspasos que habilitó la reciente reforma previsional se agudizaron las dudas. La causa principal no fue la falta de información entre los afiliados, ya que en base al análisis técnico se pueden extraer conclusiones respecto de la conveniencia de uno u otro régimen. El problema es que un supuesto clave de estos análisis es que el Estado respetará la movilidad de las jubilaciones. Si bien se trata de un derecho amparado por la Constitución, sobran antecedentes -en el pasado y en el presente- de flagrantes violaciones. Planteada la situación de de esta manera, el análisis técnico pierde relevancia y utilidad.

Un factor a tener en cuenta es la solidez financiera del sistema previsional. Una manera de cuantificar la capacidad de cumplir con los compromisos futuros es a través de la magnitud de ahorros previsionales acumulados. Según datos de la OECD y de la Superintendencia de AFJP de Argentina, en la experiencia internacional aparece el siguiente panorama:

" En países como Islandia, Holanda o Suiza los ahorros previsionales acumulados superan el Producto Bruto Interno.

" En Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Chile los ahorros previsionales acumulados superan la mitad del Producto Bruto Interno de cada país.

" En la Argentina, los fondos previsionales acumulados que administran las AFJP representan el 12% del Producto Bruto Interno.

Los países que tienen sistemas previsionales mucho más sólidos que el nuestro tienden a utilizar esquemas mixtos donde se combina el reparto con la capitalización. Esto se da, incluso, en sociedades con altos estándares de protección social y fuerte compromiso del Estado con una armónica distribución del ingreso. En otras palabras: las estrategias más exitosas no se basan en concebir el reparto y la capitalización como antagónicos sino como complementarios, para aprovechar las potencialidades de cada uno. La lógica previsional de estos países es que el sistema de reparto garantiza los básicos universales y el de capitalización acumula ahorros para garantizar prestaciones adicionales.

Aunque cada país adopta criterios de instrumentación propios, la idea subyacente es que el Estado asume como rol principal la garantía de una protección básica cuando las personas llegan a la vejez, mientras que se delega en la capitalización el objetivo de que las prestaciones jubilatorias tengan un nivel acorde con el salario que las personas tenían en actividad. En la medida en que la capitalización ofrece buenas alternativas a las personas con capacidad de ahorro, el Estado tiene la posibilidad de concentrar sus recursos y capacidad de gestión en garantizar prestaciones básicas con cobertura universal.

El ejemplo de Chile es muy ilustrativo. La expansión de los ahorros previsionales ha alcanzado niveles similares al de los países de alto desarrollo. Esto ha tenido un impacto decisivo como base de sustentación del fuerte y sostenido proceso de inversión que explica las altas tasas de crecimiento que se han logrado durante más de dos décadas en ese país. Más importante aún, para los trabajadores que tienen capacidad de ahorro, el mecanismo ofrece buena calidad de cobertura. No ocurre lo mismo con las personas con empleos intermitentes y salarios bajos. Por eso, a través de la última reforma se han comprometido fondos públicos para garantizar prestaciones básicas a las personas mayores en estado de vulnerabilidad.

En el sentido opuesto aparece Italia. El régimen de reparto en ese país se ha expandido al punto de estar asumiendo compromisos imposibles de cumplir, lo que pone en juego no sólo el bienestar de los mayores sino el de toda la población.

Aunque el desarrollo del régimen de capitalización en la Argentina es todavía muy incipiente, la reforma fue planteada bajo la idea de reivindicar el reparto como si fuera un mecanismo superador de la capitalización. Esto implica alejarse de los esquemas socialmente más eficaces que aplican los países bien organizados y retomar caminos que fracasaron en el pasado y que son los que están generando un enorme problema fiscal, por ejemplo, en Italia.

Planteado el panorama en estos términos, la principal debilidad de la reforma argentina es que constituye otra oportunidad perdida para establecer un efectivo compromiso del Estado con la equidad social y brindar mecanismos idóneos de sustentabilidad fiscal de largo plazo.