La experiencia de la transformación del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) está contada, mediante testimonios y entrevistas, en un libro editado por los trabajadores de la empresa.
En esta entrevista, dos de los artífices de esa transformación, Rubén Edgardo Gómez y Francisco Agustín Zambón, cuentan cómo fue el proceso y cuáles son los desafíos que quedan por delante.
–¿Qué es “El caso EPEN”?
Rubén Gómez (R. G.): –El libro cuenta el proceso de transformación y democratización de una empresa pública y todo el camino que se recorre para eso: desde reconocerse trabajador de una empresa de servicios públicos hasta sufrir las desavenencias de la política de turno –cada cuatro años viene con su librito–. Un día nos animamos, nos pusimos de pie y dijimos “Nosotros, trabajadores, ¿qué es lo que pensamos sobre cómo debe ser la empresa? Hagámoslo desde la legitimidad que nos daría estar en el control de la empresa”. Así se emprendió el mecanismo que terminó en la ley 2.386. En realidad era un proceso más ambicioso (y no renunciamos a él), porque buscaba una empresa pública gestionada por el administrador de turno, que es el delegado que el gobernador quiera nombrar, un representante de los trabajadores en el directorio y otro en representación de los usuarios.
–Claro, falta la pata de los usuarios.
R. G.: –Exacto. No pasó el filtro de la Legislatura.
Francisco Zambón (F. Z.): –En la Legislatura pretendían que fuera un representante por los diputados, por ser representantes del pueblo. Y cuando se negocia con el Ejecutivo, termina como es ahora.
–En el mercado hay cámaras de distribuidores, generadores, transportistas, hasta de grandes clientes industriales, pero no hay una asociación de usuarios.
R. G.: –Hay organizaciones civiles de consumidores, pero no de usuarios.
F. Z.: –En Mendoza, el ente regulador tiene un representante que es de los usuarios.
–¿En estos seis años qué cambió en el EPEN para la gente?
F. Z.: –Deberían decirlo los usuarios, pero le dio una continuidad en una empresa de servicios públicos que se desligó de la cuestión política, por lo menos en lo formal. El proyecto nuestro era más ambicioso en cuanto a crear un ente regulador. Planteamos un capítulo sobre cómo debería organizarse el sector eléctrico políticamente: quién debía fijar la política eléctrica y el control. No avanzó el gobierno en esa materia.
–El gobierno tiene dos sillas en el directorio y los trabajadores, una.
R. G.: –Lo novedoso es que rompimos al modelo de resistencia a lo gremial; fue una estrategia de ATE. Planteamos la cuestión desde la legitimidad y la legalidad, entonces por más que estemos en minoría, cuando planteamos una cosa que el sentido común indica que es la correcta contra una que no sólo está incorrecta sino que a veces es ilegal, no hay forma que se animen a pasar por arriba. Por supuesto que lo intentan, pero la primera vez que lo hacen se encuentran con la unidad de los empleados que dicen “este representante no está hablando por boca de él, sino de todos nosotros’. Si quieren que no se ingrese más por concurso, sino por la ventana, se para la empresa. Si quieren poner 3.000.000 de pesos para pagar líneas de distribución a los terratenientes de Añelo, en vez de mantenimiento de líneas que se caen a pedazos, que lo hagan, pero mañana paramos la empresa. La correlación de fuerzas está porque es la suma de más de 600 empleados los que están representados. Se vio en el último paro, que fue total. Pero se plantea la discusión de términos de “ustedes tienen una idea pero nosotros tenemos otra, y podemos compararla técnica, económicamente, de las urgencias de la comunidad, hagámoslo, pero pongámoslo en la prioridad que corresponde”.
–¿Y han tenido éxito?
R. G.: –Sí, puedo decir que no se puso la plata en la electrificación rural de Añelo.
F. Z.: –O la de El Chañar. Se logró hacerle entender al gobierno de turno que el EPEN tiene un presupuesto que se nutre de su tarifa bastante acotado. Y si el Estado tiene un proyecto de desarrollo productivo, el EPEN lo acompaña, pero los recursos no tienen que salir de la tarifa, sino de un aporte del gobierno.
–¿Y por qué no del mercado?
R. G.: –En el caso de las ampliaciones que corresponden a la parte en la que el EPEN hace de transportista está regulado y está establecido quién debe pagarlo, en qué proporciones, pero estamos hablando de la distribución, donde no existe eso y no va a existir hasta que los administradores de turno (ojalá ahora Sapag, que es abogado lo haga) cumplan la Constitución y hagan un mecanismo respetuoso de las autonomías municipales, porque se trata de copiar una receta de los ’90 que en Neuquén es inaplicable, para esto de la regulación provincial. Para regular, que quiere decir controlar el contrato de concesión, hay que tener el poder concedente o estar designado por quien lo tiene. Acá el poder concedente no lo tiene la provincia, sino los municipios.
–¿Pero no se puede lograr a través de un pacto entre municipios que se delegue a un único ente regulador?
R. G.: –No, no se puede...
–Hay municipios que tienen capacidad de gestión para regular al EPEN pero hay otros que no.
R. G.: –Hay un primer marco que es la Constitución, que da las potestades. Y ninguno puede delegar esa potestad en otro. Lo que sí está faltando en Neuquén es que un ente técnico que se ponga al servicio de todos los municipios para orientarlos en cómo hacer un contrato de concesión, a cómo controlarlo, para hacer un diagnóstico técnico preciso.
–El gobernador anterior aprobó un aumento para el EPEN que ningún poder concedente autorizó.
R. G.: –No, porque no existe el poder concedente.
–Volvamos al cogobierno, ¿no sería saludable que hubiera más estabilidad en la representación del gobierno en el EPEN, como mandatos establecidos o acuerdo legislativos?
R. G.: –No es descabellado que cada cuatro años tengan que cambiar, pero nosotros buscamos darle más estabilidad. En nuestro proyecto original, los tres miembros del directorio eran elegidos por concurso. Fue demasiada democracia para la clase política actual, que ven que son sillones que pierden para acomodar a uno de los suyos. Se fue (Ricardo) Corradi (de la presidencia del EPEN), que arrancó con esta transformación, se fue y vino (Nicolás) Salvatori; con Pancho (por Zambón) lo esperamos: “Encantado, mucho gusto, acá tiene una carpeta que le hemos preparado, con un diagnóstico, cómo está el EPEN, cuáles son las urgencias”. Fue su primer manual de trabajo. Se fue ahora Salvatori y asume uno de adentro, un tipo que estaba en la gerencia general, así que “Alejandro (por Nicola), vos ya sabés cómo es esto”.
F. Z.: –Lo que sí garantiza la ley es que los cargos son por concurso, en el segundo nivel para abajo.
–¿Y se cumplen los concursos?
F. Z.: –Van atrasados pero se cumplen.
R. G.: –Acabo de concursar mi cargo.
F. Z.: –Y en el 2008 vamos a estar haciendo los segundos concursos de jefes de unidades regionales, que se hizo por primera vez hace cuatro años.
–¿Ustedes plantean el caso del EPEN como una tercera posición entre las privatizadas y las empresas públicas verticalistas?
R. G.: –Planteamos esto como una nueva forma de gestionar el Estado, la más democrática, que da oportunidades y es transparente. Esta posición es autoexigente pero también permite exigirles a los otros.
–¿Para una empresa eléctrica que busca ser confiable no es someterse al azar de una decisión política dejarle al gobierno las declaración de oportunidad de las obras?
R. G.: –Claro que sí.
F. Z.: –Lo que pasa es que con este esquema que planteamos se da en la práctica que las prioridades de las obras se discuten en el EPEN.
–En lo que hace el transporte de energía, ¿cómo creen que se comportó el EPEN en ese segmento del mercado que sí está regulado?
F. Z.: –Sin ningún problema, más allá de las multas lógicas de todos los prestadores. La estadística de falla ha bajado, se prestó el servicio sin el 30% adicional de costos que estaba planteado en 1993; cuando se hace el diseño a nivel nacional, la región tenía un incremento de esa proporción para hacerle rentable la unidad de negocios a un privado. Cuando la provincia lo toma pide que no le apliquen el 30%.
–¿Y no habría que dividir lo que es el EPEN distribuidor del transportista?
F. Z.: –Creemos que no. La ley del marco regulatorio nacional es clara cuando habla de las limitaciones en la segmentación vertical y lo aclara más en el decreto reglamentario: se aplican a empresas que sufrieron privatización para evitar el control de un grupo económico.
–¿No hay que empezar a unificar el EPEN con Transcomahue para que sea una sola la distribuidora troncal en las dos provincias?
R. G.: –Ahí es relativo porque la escala no es por regiones. Nuestro modelo es Empresas Públicas de Medellín, que tiene energía eléctrica, telefonía, redes de gas, agua y alcantarillado. Empezó siendo municipal, con el agua, después vino el gas, y se hizo provincial. ¿Por qué tiene que haber una empresa de agua? Hay una empresa de agua que tira redes, otra de gas que tira redes, una de electricidad que tira redes, otra de comunicaciones que tira redes. ¿Por qué no puede ser una sola? Acá viene una gran discusión: los trabajadores del EPEN, el gremio ATE, pertenecemos a una corriente de opinión que sostiene que los servicios públicos esenciales deben estar en manos del Estado, lo que no quiere decir enormes pulpos estatales. No fabricamos las resmas de papel sobre el que escribimos, pero un servicio esencial no puede estar sometido al lucro.
–¿Cómo podría ser la regulación en la provincia de Neuquén?
R. G.: –La Secretaría de Energía de la provincia debería tomar las riendas y decir: “nosotros vamos a auditar las empresas públicas, les vamos a pedir el mismo parámetro de rendimiento que a las cooperativas”.
F. Z.: –Hay que barajar y dar de nuevo, con un marco regulatorio donde estén empresas del Estado y cooperativas. Y en ese contexto, hacer un ente provincial de control, y acuerdos con los municipios. (AN)

Ingenieros y sindicalistas

Rubén Gómez y Francisco Zambón son ingenieros con orientaciones similares, y comparten un compromiso con el EPEN y con la organización que los ampara, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Fueron protagonistas de la transformación de la empresa pública de luz mediante la incorporación de representantes de los trabajadores en el directorio.
Zambón es hijo de Humberto, el economista del Partido Socialista que fue presidente del Concejo Deliberante de Neuquén.
Estudió ingeniería en la Universidad nacional del Comahue (UNC), de la que egresó como ingeniero industrial con orientación eléctrica.
Al EPEN se incorporó en 1990, justo cuando la ola privatizadora se iniciaba an el país. Francisco, al que todos llaman Pancho, está casado y tiene dos hijas.
Actualmente es director suplente por los trabajadores.
Gómez, de 45 años, estudió en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Rosario, su ciudad natal, de donde se graduó como ingeniero electricista.
Está en la empresa pública de electricidad de Neuquén desde 1989. Por concurso, fue designado jefe del sector de Control de Telecomunicaciones, cargo que todavía ocupa.
Está casado y tiene dos hijos.
Además, Gómez es miembro de la Junta Interna de ATE en el EPEN.
El libro que editaron se llama “El caso EPEN” pero tiene un subtítulo: “Una alternativa superadora de las privatizaciones”.
Fue editado, por esfuerzo propio del ente, en homenaje al cuarto de siglo de su existencia.