En histórico acuerdo buscan competir con el Nuevo Mundo.

Los ministros europeos de Agricultura acordaron el miércoles en Bruselas una histórica reforma del sector del vino a partir de agosto de 2008 destinada a enfrentar la competencia del Nuevo Mundo, aunque la propuesta inicial de la Comisión Europea quedó diluida por las exigencias de los grandes países productores.

El compromiso final, alcanzado tras tres días de duras negociaciones bajo presidencia portuguesa de la UE, mantiene los principales aspectos de la propuesta de Bruselas (arranque de viñedos, liberalización de derechos de plantación, final del sistema de destilación de crisis) pero incluye importantes concesiones tanto financieras como de períodos de transición.

"No hemos obtenido todo lo que deseábamos, pero aun así hemos conseguido un acuerdo equilibrado. Espero que los Estados miembros hagan un buen uso de los nuevos instrumentos", dijo la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, al referirse al acuerdo logrado y las dificultades enfrentadas para negociar con los tres grandes productores (Francia, Italia y España).

"En lugar de gastar una buena parte de nuestro presupuesto en deshacernos de excedentes, podremos concentrarnos en enfrentarnos a nuestros competidores y en recuperar cuotas de mercado", agregó Fischer Boel.

En efecto, el principal objetivo de la reforma, la última que quedaba por efectuar en la PAC (Política Agrícola Común) era responder a la crisis que vive el sector, enfrentado a un exceso de producción crónico y una disminución de las ventas como consecuencia del avance de la competencia del Nuevo Mundo (Chile, Argentina, Sudáfrica, California). Estos países han multiplicado sus exportaciones mundiales en los últimos 25 años, ya que tienen actualmente el 21,4% del mercado contra 1,7% a principios de los '80, según un estudio de la Organización Internacional del Vino.

En ese marco, los ministros de la UE acordaron la desaparición progresiva de medidas de intervención del mercado, por ejemplo estableciendo un régimen voluntario de arranque de viñas de tres años de duración para una superficie total de 175.000 hectáreas a cambio de importantes compensaciones financieras. También se eliminarán las ayudas a la destilación de crisis y de alcohol de boca, con un período de transición de cuatro años, lo que permitirá la utilización de esos fondos para la promoción de vinos en mercados de terceros países, innovaciones o reestructuración y modernización de viñedos y bodegas.

En uno de los puntos más controvertidos de la reforma, la liberalización de los derechos de plantación, el acuerdo entre los países y Bruselas establece su aplicación progresiva hacia 2015, con la posibilidad de mantenerlos hasta el 2018 a escala nacional, en lugar de la propuesta inicial de 2010.

Otra cuestión delicada, la "chaptalización" (agregado de azúcar para elevar la graduación alcohólica que se práctica en Europa central), que Bruselas quería eliminar seguirá estando permitida, aunque se reducen los niveles máximos de azúcar y mosto que pueden añadirse.