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YPF EN LAS PROVINCIAS
Durante la Revolución Argentina y el Proceso se obligó a YPF a ceder a las compañías privadas, gratuitamente, yacimientos con reservas descubiertas y con todo el aparato productivo.

Lo que sucedió con la empresa estatal en el período que media entre la caída del peronismo (1955) y el advenimiento de la democracia reciente (1983), merece una serie de consideraciones. En efecto, entre las medidas más importantes tomadas durante el gobierno de Frondizi estuvo la denominada “Batalla del petróleo”. La repercusión de la medida fue de tal magnitud que envolvió a los argentinos y los dividió respecto del tema en dos partes irreconciliables: detractores y panegeristas. Aunque la política petrolera adoleció de un problema de origen, en razón de que el ejecutivo no decidió implementar la previa aprobación de las cámaras ni de la discusión pública, en especial teniendo en cuenta que por el número de legisladores ucristas (Unión Cívica Radical Intransigente) la medida se iba aprobar; su accionar llama poderosamente la atención teniendo en cuenta los antecedentes nacionalistas al respecto de Frondizi (recordar su Petróleo y Política, 1954).
No obstante, a fines de 1958 se autorizó la nueva Ley de Hidrocarburos (N° 14.773) por la cual se modificó la Ley 12.161 y estableció el dominio nacional de estos combustibles, delegando la responsabilidad de las actividades petroleras y gasíferas en las dos empresas estatales: YPF y Gas del Estado. Asignó, de este modo, un papel protagónico a las empresas estatales y por otro se firmaron contratos con empresas privadas, de hasta 40 años de plazo, que actuarían por cuenta y para YPF. Las elecciones provinciales para gobernador de 1962 que legalizó al partido peronista fueron el detonante de la destitución de Frondizi por un golpe de Estado.
Después de un año de gobierno militar y excluido el peronismo nuevamente, en las elecciones de 1963 triunfó la UCRP (Unión Cívica Radical del Pueblo) con Arturo Illia, quien hizo del nacionalismo petrolero la piedra angular de su gobierno, anulando los contratos petroleros porque no fueron aprobados por el Congreso. Revolución Argentina de por medio, que modificó la situación legal de la exploración y explotación del petróleo pues se dio la legislación que aún, con modificaciones, rige en la actualidad (1966-72); recordemos que la política económica del gobierno militar de 1976, permitió, –entre otras cosas–. el endeudamiento externo de agentes privados, favorecidos por la conjunción de tasas de interés reales y costo negativo del mismo. La dictadura militar promovió el avance de un conjunto de grupos nacionales y extranjeros que diversificaron sus capitales en distintos rubros, especialmente en la actividad financiera; política que llevó a la transformación del aparato estatal en una herramienta funcional a la lógica de acumulación de esos sectores. Tendencia que con el advenimiento de la democracia, lejos de revertirse, se mantuvo vigente con un esquema de transferencias desde el sector público al privado.
Respecto de YPF, durante la “Revolución Argentina” pero muy especialmente en el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”, se la obligó a ceder a las compañías privadas, gratuitamente, yacimientos con reservas descubiertas y con todo el aparato productivo instalado y en funcionamiento, comprándoles luego a esas empresas el crudo mucho más caro de lo que le costaba a la compañía fiscal producirlo. De este modo, el gobierno democrático que se inició en 1983, recibió a la petrolera con un endeudamiento de 4.300 millones de dólares producto de haberla obligado a cubrir el déficit originado en las bajas tarifas recurriendo a préstamos internacionales.
La clave de la participación privada en el negocio petrolero pasó por el riesgo minero; ésta fue la principal característica del Plan Houston que tenía como meta la ampliación del horizonte de las reservas mediante la concesión de áreas por licitación pública internacional para que el capital local y externo financiara la búsqueda de hidrocarburos.  Excepto en EE. UU., el Estado es el dueño de los recursos energéticos en muchos países, los explota por sí mismo o asociado a una empresa privada y, entre los países latinoamericanos sólo cinco de veintidós no tienen empresa petrolera estatal. Asimismo, los Estados centrales para instrumentar su política energética y petrolera, crearon empresas con mayoría o fuerte participación estatal (ENI, Italia) ó se organizan como la AlE (Internacional de Energía), para contrarrestar las acciones de la OPEP .
En definitiva, desde el 1983 y hasta el cambio de gobierno, se llevó a cabo una política exploratoria de singular importancia que permitió mejorar el horizonte de reservas de gas, reconversión de refinerías ypefianas, programa de sustitución de combustibles líquidos por gas natural; su consumo pasó a tener importancia en la matriz de utilización energética que obligaba a construir un gran gasoducto y ampliar otros. El sector privado participó como contratista a través del plan Comodoro Rivadavia-Houston en el que asumió el riesgo minero, aunque el grueso de las inversiones corría por parte de YPF. Con la llegada al gobierno de Menem (1989) y la denominada Reforma del Estado, se solicitó a Estenssoro que asumiera el control de YPF, quien luego de identificar los factores críticos para el éxito del emprendimiento, fijó condiciones, entre otras, la desregulación del sector, inmunidad de la interferencia política, nuevos convenios laborales y, obviamente, la privatización. La idea que predominó era que nada funcionaba, que la empresa se encontraba “inflada” con 50.000 empleados (de los cuales 15.000 eran temporarios) y que la acumulación de activos (escuelas, supermercados, cines, hospitales, aviones y la flota) no tenía sentido mantenerlos. Estenssoro puso en práctica el estilo de gerenciamiento estadounidense, aprovechando los recursos de Hughes, contactos establecidos en la industria privada, ingenieros y técnicos retirados de ésta y de YPF. La consultora Mc Kinsey & Company, contratada a tal efecto, recomendó achicar a YPF y vender las actividades marginales. En base a esas recomendaciones, Estenssoro propuso la privatización de la petrolera en etapas, revisando los convenios colectivos de trabajo con el poderoso SUPE, ya que a fines de 1990 consideraba que había “excedentes” de empleados no calificados y se tomó la decisión de solicitar el “retiro” de numerosos empleados ypefianos, hecho favorecido por el accionar del dirigente máximo del sindicato, amigo personal del presidente de la Nación. El costo se estimó en $ 30.000 por empleado o cerca de $ 1.200 millones desde 1991 a 1994, financiado con los ingresos de YPF. Se planteó a los empleados calificados, crear organizaciones para el control de operaciones y de subcontratación de servicios que se pagarían con los activos en cuotas descontadas de sus facturaciones a la empresa. Así, alrededor de 6.000 empleados crearon cerca de 300 compañías con activos estimados en $ 40 millones y se procedió a la venta de los activos sin empleados; de este modo, entre 1991 y 1992, se sacaron 7.000 trabajadores.
Se vendieron los activos (áreas marginales, centrales y las cuencas, destilerías y oleoductos) con lo que la empresa redujo su superficie de exploración en un 90%, sus reservas y producción en un 50% y disminuyó en más de 30.000 empleados. La mayor parte de los fondos originados por las privatizaciones fue a gastos corrientes, otra parte se destinó a financiar la reestructuración del sector público, por lo cual, la venta de petróleo entre 1990-1991 fue el principal aporte a la liquidez proveniente del programa de privatizaciones y permitió sostener la estabilización macroeconómica.

LA PRIVATIZACIÓN

En el caso de Plaza Huincul, en Neuquén, los efectos de la privatización de YPF, asentada en el área petrolera denominada Cutral Co - Plaza Huincul, a 100 km de la capital neuquina, provocó la emergencia de protestas en la sociedad neuquina. Un conflicto denominado localmente la pueblada o el “cutralcazo”, mostró las novedosas formas de protesta y movilización, de sujetos sociales convertidos en los nuevos pobres que, con su accionar, pretendían mantener sus puestos de trabajo.
En 1996 y 1997 se inició en Cutral Co y Plaza Huincul (en el marco de una huelga de docentes) el conflicto con la ruptura por parte del gobernador Felipe Sapag, de relaciones con la empresa (canadiense) Agrium para la instalación de una planta de fertilizantes en esas localidades, luego de la privatización de YPF que provocó el despido de 5.000 personas en localidades que suman 50.000 habitantes. Los habitantes de las ciudades petroleras, abandonados por el Supe y por el Estado nacional, se aferraron a esa posibilidad; provocando una protesta sin precedentes en Neuquén que se inscribe en las nuevas formas, sin partidos y sin dirigentes sindicales.
Esta situación se produce en una provincia caracterizada por la hegemonía de un partido, aunque en el momento al que se hace referencia, se desarrollaba una lucha facciosa entre dos grupos del emepenismo (sobischistas-blancos y sapagistas-amarillos). Primero por espacios de poder, luego por “modelos de provincia”, en el contexto de la interpenetración estado-partido en el sistema político. El entrecruzamiento de estado-partido (Favaro Orietta, 1999), opera en la sociedad generando un imaginario de inclusión y formas de representación que, a pesar de las protestas sociales, del clima permanente de conflicto –en particular en la ciudad de Neuquén–, de los intentos de las fuerzas de oposición de desplazar al partido local del gobierno, permite que este entramado continúe desde hace más cuatro décadas en el gobierno y en el poder de Neuquén
Después de los hechos de Cutral Co, poco tiempo después, se desencadenan conflictos y cortes de rutas similares a los de Neuquén en otras dos localidades petroleras: Tartagal y Mosconi (Salta); cortes que se extendieron a otras ciudades, instalándose en la escena nacional por la difusión en los medios de comunicación, obligando en casi todos los casos señalados a la intervención de la iglesia local. La experiencia de los obreros de esa área, contrariamente a los de Neuquén, los llevó a constituir una coordinadora de desocupados, en base a las organizaciones de cada localidad, hecho significativo pues durante casi una década se conformaron como un grupo con capacidad para presionar y obtener beneficios (coyunturales) de parte de los gobiernos locales. Esta es una de las diferencias centrales respecto de Neuquén, en la que luego de las puebladas, los actores y las acciones se “diluyeron”, absorbidas por la política y los políticos locales. A su vez, en Comodoro Rivadavia (Chubut), los obreros plantearon oposición a la privatización, desde el Supe (esto no sucedió en las otras áreas), que asumió un rol de defensa de sus trabajadores, denunciando la política previa de YPF (“cursos de capacitación”, “retiros voluntarios”, etc.). La falta de respaldo de la central del sindicato, en todas partes, permitió el avance y los resultados conocidos por la venta de la petrolera estatal.
Las consecuencias sociales y económicas de la privatización fueron devastadoras en las áreas petroleras. La empresa que contaba con más de cincuenta mil empleados, en su “reestructuración”, entre retiros voluntarios y despidos, pasó a 5.600 aproximadamente. Las bajas contabilizadas entre 1990-1997 en Salta fueron de 3.400, en Neuquén, de 4.246 y en Comodoro de 4.402.
El desmembramiento de la empresa estatal, apoyada por los gobiernos provinciales, trajo como consecuencia la des-estructuración de las áreas petroleas; expresado tanto en la reducción de personal como en la imposición de un sistema perverso de retiro voluntario, alterando el patrón de localización, ya que se produjo migraciones hacia otras localidades, engrosando la marginalidad de los de por sí populosos barrios de las ciudades. Con el tiempo, en las áreas ex ypefianas, se instalaron empresas privadas y/o prestadoras de servicios petroleros, generando una gama de actividades comerciales y de servicios, postergando las inversiones y diversificación productivas, tarea que venía realizando la ex petrolera fiscal. Pero sobre todo, desapareció la “comunidad ypefiana”, la familia, los beneficios sociales y el bienestar de los trabajadores; es decir, el modelo de asistencia social que se organizaba en los yacimientos para todo el núcleo familiar que giró en torno a YPF.

 



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