BUENOS AIRES.- Desde el 19 de noviembre pasado se viene hablando del intento de soborno que tuvo como protagonista a Mariano Recalde, hijo, abogado y asesor del diputado oficialista Héctor Recalde. Se buscó trabar así un proyecto de ley para eliminar gradualmente los vales de almuerzo y de alimentos que no se computan en las nóminas salariales de los empleados en relación de dependencia por no ser remunerativos y, por lo tanto, no aportan a las jubilaciones ni a las obras sociales sindicales. Fue impulsado por Recalde padre, presidente de la Comisión de Legislación Laboral de la cámara baja, docente universitario y abogado de la CGT muy cercano al secretario general, Hugo Moyano.

Aunque la reciente revelación no fue impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), trascendió que su titular, Néstor Kirchner, fue informado previamente sobre lo intentado por Santiago Lynch, vinculado con Accor (multinacional francesa del sector) y director de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios y similares (CEVAS) y su amigo Miguel Gutiérrez Guido Spano, quien actuó como "contacto". Mariano Recalde mantuvo con ellos dos reuniones, la segunda de las cuales fue filmada con el apoyo técnico del estudio jurídico Wortman Jofre-Isola y posteriormente difundida por televisión. Esto permitió conocer los distintos ofrecimientos: una mensualidad de 20.000 pesos para que se "cajoneara" la ley (la opción "bicicleta"), una suma a convenir por una modificación "cosmética" para que nada cambiara ("pick up") y 20 millones "del color que te gusta a vos", por lo que se interpretó que podrían ser dólares, para avanzar con una propuesta que extendiera los tickets a todos los trabajadores que cobraran menos de 2.000 pesos ("Mercedes Benz").

La iniciativa de modificar la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 con el propósito de integrar los vales a las remuneraciones para que los trabajadores tengan mayores beneficios sociales había sido aprobada en la citada comisión y fue el paso previo para su tratamiento en el recinto, con el respaldo del bloque oficialista.

Antes, en setiembre pasado, Alejandro Ángel, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimenticios y Similares (CEVAS), señaló que era preciso fortalecer con modificaciones el proyecto de marras. En la entidad interpretaron que el beneficio debía ser voluntario y, en caso de otorgarse, considerado como un derecho adquirido, "intangible e inembargable", excepto en el caso de las deudas alimentarias.

Curiosamente antes del intento de soborno, desde la CEVAS informaron a los diputados acerca de un fondo para asignaciones familiares financiado con el 14% del beneficio social, que fue absorbido por rentas generales, por lo cual Héctor Recalde dijo que trataría de restituirlo a su objetivo original.

Más allá de las alternativas reseñadas, en el país hay alrededor de 1,6 millones de empleados que se desempeñan en 25.000 empresas donde reciben 4.400 millones pesos anuales en tickets para pagar sus almuerzos o comprar alimentos en súper e hipermercados. El promedio mensual sería de 230, suma que no debe superar el 20% del salario bruto para aquellos comprendidos en convenciones colectivas ni el 10% cuando no lo están. Los vales son recibidos, además, por otras personas a través de planes sociales provinciales y municipales. Aparte de los dos vales mencionados está el del decreto 815/2001 que vencía en el 2003 y fue prorrogado sucesivamente por el gobierno de Néstor Kirchner hasta el 31 de diciembre, que permite a las empresas dar el equivalente a 150 pesos por mes a quienes ganan menos de 1.500 (lo propuso Domingo Felipe Cavallo, entonces ministro de Economía, con el argumento de que evitaría reducciones salariales nominales como las intentadas por numerosas empresas).

Las emisiones son efectuadas por 27 firmas autorizadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, siendo líderes del mercado las multinacionales francesas Accor, con el 30%; Sodexho Pass,

con el 24%, y Ticket Total (también de Accor), con el 22%. Las emisoras cobran comisiones a los empleadores y a los comercios adheridos, que varían según la cantidad de asalariados, el monto de los tickets y las operatorias. Los tickets de alimentos tienen una contribución patronal del 14%.

Empresas de tarjetas de crédito y débito, bancos y cooperativas quisieron ingresar en el negocio de los tickets, aunque en soporte electromagnético, en el 2005, pero la legislación sólo permitía permite los impresos en papel.

La intención oficial de sumar a los salarios esos 4.400 millones permitiría al Fisco recaudar 1.600 millones más y a las obras sociales, 306 millones adicionales a los actuales 7.000 millones.

Cuando el diputado Recalde asumió su banca, se comprometió a revisar las normas laborales "de los últimos 30 años", por lo que impulsó varios proyectos, sólo o acompañado: la creación del sistema de pasantías educativas, la protección de los testigos de juicios laborales (para que no los despidan ni suspendan), la ampliación de la licencia por paternidad (de 3 a 15 días corridos) y la nueva ley de trabajo infantil (elevaría el mínimo de 14 años a 16). En la propuesta para los tickets tuvo en cuenta "la urgente necesidad de reafirmar la naturaleza de la remuneración del trabajador en relación de dependencia en pos de su efectiva tutela, ajustar la legislación a los compromisos internacionales adquiridos y a los propios principios del derecho del trabajo consagrados en nuestra carta magna, transparentar las contraprestaciones laborales a la luz del principio de primacía de la realidad y preservar la equivalencia relativa de los niveles de ingresos de los trabajadores en actividad y en pasividad y su correlato en los recursos de la seguridad social". Para no perjudicar a los asalariados, tras consultar a seis entidades representativas de abogados y consensuar con otros

legisladores, trazó un cronograma para que los montos en vales fueran reemplazados paulatinamente por efectivo, en lo que definió como una "resalarización" que se haría de manera "progresiva y escalonada" en 20 meses a partir de la sanción de la ley. El carácter remunerativo no afectaría el ingreso de "bolsillo" anual, según Recalde, porque los descuentos se compensarían con las mayores sumas abonadas con el aguinaldo, las vacaciones y otros conceptos. Admitió, sí, que se elevaría del 3 al 8% el costo empresario correspondiente a los pagos de sueldos.

Un estudio de la cartera laboral acerca de la aplicación práctica de los vales demostró que se distribuyen en forma inequitativa a favor de los trabajadores de los principales centros urbanos ocupados en grandes empresas en desmedro de la mayoría, que no accede a los mismos por razones administrativas, geográficas y de organización.

Una norma de características parecidas a las del proyecto oficial surgió en la iniciativa popular "Por los derechos del trabajador. Progreso con justicia social", en 1997. La impulsaron gremialistas como Juan Manuel Palacios, Hugo Moyano, Francisco Gutiérrez, Jorge Omar Viviani y Julio Piumato, entre otros, y la avalaron se dijo unos 850.000 ciudadanos.

En forma paralela, hace años se armó el "negocio" marginal del canje de vales por efectivo, con descuentos del 20% para los restaurante y de la mitad para los que permiten comprar en súper e hipermercados. Abundan los "arbolitos" (denominación aplicada a quienes compran y venden dólares por la calle) que "crecen" los días de pago cerca de las grandes empresas. Además, están las "cuevas" en zonas céntricas de muchas ciudades, que se publicitan en diarios y volantes y casi siempre son las mismas en las que se descuentan cheques, venden garantías de alquiler "truchas" y dan préstamos a tasas usurarias. Para recuperar lo "invertido" en tickets, se dice que los revenden a ciertos comerciantes. Cuando la CEVAS detecta operaciones ilegales con tickets, las denuncia a la cartera laboral y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Curiosamente, el mismo día en que Recalde denunció el intento de soborno, en el Boletín Oficial se publicó la resolución 1.371 de la cartera laboral, por la que se amplió de 15 a 25 pesos (66%) el tope diario de los vales de almuerzo, que no se actualizaban desde 1995. Legisladores de la oposición expresaron sospechas por la coincidencia y manifestaron su intención de formular una presentación judicial, en tanto Carlos Tomada, titular de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, opinó que era algo "absolutamente absurdo e improcedente"; incluso "una canallada".

Su utilización fue aprobada hace dieciocho años por "la necesidad de encontrar paliativos a la acuciante situación socioeconómica que imperaba en el país". Alrededor de 1,6 millones de empleados de 25.000 empresas reciben 4.400 millones de pesos anuales a través de esta alternativa.

El pago con tickets de diversos tipos proliferó en la Argentina a partir de 1989, como un paliativo a la acuciante situación económica.

MIGUEL ÁNGEL FUKS