Escaso para la historia rionegrina pero algo. Es un aliciente detectar que parte del Poder Judicial reacciona frente a la corrupción.

En febrero, la Cámara en lo Criminal de Viedma condenó a prisión a un ex funcionario del gobierno de Pablo Verani -el ex presidente de la Lotería, Miguel Irigoyen-, al ex concesionario de los casinos -el empresario Carlos "Cacho" Ferrari- y al basquetbolista y amigo de la familia del ex gobernador, Andrés Santamaría. Para los camaristas no hay dudas que existió pago de coimas.

La resolución todavía no está firme de modo que no hay nadie preso. El fallo fue apelado al Superior Tribunal de Justicia y recién el expediente llegó al cuerpo. Su opinión se sabrá recién en el segundo semestre.

La causa se originó en el 2002 con una investigación de "Río Negro", denominada "La Ruta de la Coima". La publicación consignó una relación connivencia entre el gobierno de Río Negro y los concesionarios del juego. La fiscal Daniela Zágari encaró una real pesquisa y aportó innumerables elementos, como un depósito de Ferrari en una cuenta personal de Irigoyen.

En su fallo penal, la Cámara -que presidió Susana Milicich e integraron Eduardo Giménez y María del Carmen Vivas- fue categórica. "Ninguna duda cabe que con los elementos incorporados al debate, los hechos traídos han quedado plenamente demostrados", concluyó. El juicio se centró en pagos irregulares en favor de Irigoyen de parte de quién explotaba el juego en Río Negro. Para eso, el ex funcionario compró una firma sello -en la que aparecía Santamaría- y la utilizó para que Ferrari le transfiere fondos. El monto remitido entre 1999 y 2001 superó el 1,3 millón de pesos/dólares.

Sólo es una causa, pero desafía a un tradicional axioma que justifica la inercia judicial frente a las complejidades de los expedientes de corrupción. La resolución acepta que estos "delitos, alejados de la mirada de terceros, no son fáciles de probar" pero, inmediatamente, destaca "que de ninguna manera, puede entenderse que lo difícil resulte imposible".

La viabilidad responde -esencialmente- a la actitud de los actores judiciales. Así, en Río Negro, el resultado condenatorio es pobre.

El registro del año pasado ofreció un caso antagónico. El ex vicegobernador Edgardo Gagliardi fue condenado a tres años de prisión en suspenso por fraude a la administración pública ya que utilizó en su provecho pagos de la Legislatura a personas que no trabajaron. Lo lamentable es que la pena llegó 13 años después de la denuncia, y se concretó después de un acuerdo de partes (se llama, juicio abreviado), es decir, Gagliardi aceptó el hecho y la condena.

La revelación periodística necesita de la acción dela Justicia. Pero, la prensa no puede remendar esa falencia ni sustituir al Estado. Ella tampoco puede responder por el descreimiento o desánimo en la Justicia.