Contáctenos
Información
Quiénes somos
Mapa del sitio
    Ediciones Anteriores
   SUPLEMENTOS
   Rural
   Informática
   El Económico
   Energía
   Cultural
   INFO
   Mapa del sitio
   Escríbanos
   SERVICIOS
   Guía del Ocio
   Cines
   RECEPTORIAS
   CLASIFICADOS
   NECROLOGICAS
   Contactos
   Contanos tu historia
Domingo 7 de mayo de 2006
“No se necesita más policía, sino más políticas de inclusión social”
Mientras se realizaba una gran marcha contra la impunidad en Roca, dijo que impulsa una “reforma integral” en la seguridad con cambios procesales y penales, formación del recurso policial y mejoramiento carcelario. La alcaidía de Roca y sus problemas edilicios y ‘culturales’.

Susana Yappert
sy@patagonia.com.ar

Miguel Bermejo habla y fuma mucho. Afuera, en las calles de Roca, se realiza una marcha por crímenes impunes. Adentro, en un bar de esta ciudad, el secretario de Seguridad habló hace unos días de su gestión, la cárcel de Roca y de los problemas de seguridad que tiene la provincia.
–¿Cuál es el problema de seguridad más grave de la provincia?
–Los robos calificados. Robo con armas. Hay que combatirlo urgente y con varias disciplinas. Es imprescindible ejecutar un plan de desarme. En este momento el registro nacional de armas funciona pésimamente mal y el provincial, también.
– ¿Qué otros temas le preocupan?
–Mi opinión personal es que en la provincia la seguridad está controlada. Salvo por el tema de las fugas en la cárcel de Roca, podríamos decir que estamos bien. La cantidad de delitos que hay no son para alarmarse. Y podríamos bajar los índices delictuales con políticas de inclusión social.
– Asocia el delito a la pobreza.
–Creemos que no se necesita más policía para dar más seguridad, sino más políticas de inclusión social; recordemos el debate que se suscitó en Bariloche luego de la muerte del remisero. Estamos intentando sacar una ley que se va a llamar Ley de Seguridad Pública de Río Negro, que va a encarar la seguridad pública como una política de Estado, involucrando a los tres poderes. La contención de los menores y de todos los grupos en riesgo. La idea es que cada municipio tenga su propio plan, que acompañe las medidas que tomamos, priorizando siempre las políticas de inclusión social.
–¿Qué cantidad de policías tiene la provincia?
–La policía tiene 4.300 policías en planta, de los cuales podríamos decir que efectivamente contamos con unos 2.800.
–¡¿Casi la mitad está de licencia ?!
–No todos, resto los que no están en la calle sino haciendo tareas administrativas.
–¿Y cuántos están afectados al cuidado de bienes privados?
–Todos los policías está autorizados a hacer horas extras por lo que perciben 10 pesos la hora con un máximo de 4 horas de adicionales. Casi todos hacen extras. Al respecto, tenemos pendiente la regulación de la seguridad privada.
–¿Qué otros aspectos de seguridad están trabajando?
–Varios programas de prevención: para la zona del Valle trabajamos un programa que se llama “Circulando” y que se ocupa de la prevención de accidentes, con una pata muy fuerte para desarrollar sobre la ruta 22; otro programa que se llama “Nuestro campo”, que aborda los problemas de seguridad en el ámbito rural, pero también ve las condiciones laborales, el tratamiento de residuos tóxicos, o el mercado de comercialización de las cosas que se roban en el campo. Otro programa que se llama “Libertad” que aborda el tema de secuestros virtuales, express y extorsivos, y también que la gente aprenda a prevenirlos. Otro, el programa que se llama “Mirando a la mujer”, que aborda las problemáticas de abuso sexual, violencia familiar, donde se intentarán implementar comisarías y penitenciarías de la mujer. Otro programa apunta a la prevención de delitos contra la propiedad y el tema de toxicomanía.
–¿Cuáles son los lineamientos básicos de su gestión?¿Cuáles los cambios que introdujo?
–Con respecto al tema penitenciario, propuse y redacté la Ley de Emergencia Penitenciaria, la ley 3.867. El sistema está en emergencia, de modo que había que hacerla. No se trata una ley de contratación directa como se había hecho hasta entonces, sino una ley de emergencia, que es un concepto muchísimo más amplio. Abarca no sólo la contratación directa de obras sino también de personal y de auxilio en cuestiones urgentes. Tuvimos que hacer de todo: obras, contratar más personal, comprar más comida, más colchones, arreglar la calefacción de la cárcel de Bariloche, arreglos en la de Roca, etc. Se asignaron 20 millones de pesos para empezar a cambiar la política penitenciaria. De modo que estamos en pleno proceso de cambios.
–Lo escuché hacer un comentario, luego de la disertación en Roca de miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al menos llamativo. Dijo entonces: “Me gustaría que me digan qué estoy haciendo mal”. Se refería a la política penitenciaria, y en momentos en que llueven críticas sobre las cárceles en Río Negro…
–Y sí… desde que asumí el 15 de diciembre ha habido cambios, pero algunos no lo saben y siguen criticando. Propuse refaccionar la cárcel de Roca que estaba totalmente colapsada, con 450 internos. Ningún servicio funcionaba. La inauguró Franco y desde entonces no se habían hecho cambios. En Roca no funcionaba nada, ni la luz, ni las cloacas, ni la calefacción, nada. Y en cuanto al personal, muy pocos sabían lo que era el sistema penitenciario. Estamos haciendo cambios, con respecto a esto los miembros de la CIDH dijeron que el Estado debe proponerse metas alcanzables. Todo lo que estamos haciendo nosotros son metas alcanzables. ¿Cuál es la meta que no nos hemos planteado? Estamos haciendo reformas trascendentes y tratamos de alcanzar metas. En este sentido hice ese comentario.
–Con el recuerdo de lo que sí hizo el peronismo, carga culpas de esta situación indudablemente al radicalismo, tras 25 años de gobierno radical en al provincia…
–Estos años fueron durísimos para la Argentina, y creo que se trata de mirar para adelante. Yo asumí el 15 de diciembre, saqué esa ley, asigné 15 millones para arreglar las cárceles. Cuando asumí, había un proyecto de hacer una megacárcel en Sierra Grande, yo propuse que se desechara ese proyecto y arregláramos la de Roca y construyéramos otra en Cipolletti. Primero, por la cercanía de la cárcel a los juzgados y segundo por la cercanía de esos presos a sus familias. Confinar los presos a Sierra Grande no le hubiese hecho bien a nadie.
–Sobre las obras en Roca, se denunció que se pagó un proyecto a un especialista en obras carcelarias en Inglaterra para después desechar lo sugerido y dar la obra a la constructora local, con lo cual se gastó el doble…
–No fue así. Luego, lo que hice fue reglamentar la ley 3.008, que fijó el Sistema Penitenciario de Río Negro. Se creó el Sistema en 1996 pero nunca se reglamentó. La reglamentamos en el 2004 y pudimos fijar las modalidades básicas de ejecución penal. O sea, el reglamento de disciplina de los internos, el reglamento de comunicaciones de los internos, el régimen de la progresividad de los programas de prelibertad, el régimen de la prisión domiciliaria; y fuimos la primera provincia que adoptó el decreto 807 de Kirchner que fija un nuevo rol para el instituto de presos y liberados, para los patronatos, y aumentamos los oficiales de prueba en forma considerable. En la provincia tenemos 700 presos que están adentro, y tenemos 1.000 familias cuyos jefes están bajo el régimen de la Probation, o en libertad condicional, que deben ser seguidos por el patronado. Una problemática complicadísima. Cuando llegué la relación era un oficial de prueba cada 274 casos. Era imposible seguirlos. Ahora bajamos a un oficial de prueba cada 70 casos. Esto también fue parte de la Ley de Emergencia. Además, inauguramos el establecimiento de ejecución penal de Viedma, capacitamos a más de 100 agentes nuevos. Y como broche de oro, redactamos la Ley orgánica del Sistema Penitenciario de Río Negro. Este año finalmente se aprobó la Ley Orgánica de neto corte civil, desmilitarizando el sistema, único en todo el país, y que prioriza la inserción en el sistema de las direcciones de Educación y Derechos Humanos. Es decir, que están dentro de la estructura orgánica del sistema. Con lo cual, los únicos uniformados que están en el sistema son los agentes de seguridad, el resto es personal civil. Y los funcionarios que conducen deben ser profesionales, universitarios y especializados en carreras afines a la función penitenciaria.
–No me contestó por qué se gastó lo que se gastó en Roca.
–Sí, dije que no fue así.
–¿Cómo fue?
–Estamos en un proceso de armado institucional, y esto es lo que importa. Nuestro emblema (por eso usamos el sol del escudo de Río Negro) es llevar adelante una experiencia de hacer civil esta estructura, una experiencia de apertura de las cárceles.
–Ya que hablemos de apertura ¿cómo puede ser que se fuguen tantos presos en Roca?
–La situación de la cárcel de Roca es la más desesperante. La realidad penitenciaria más complicada la tenemos en Roca, que viene de un largo problema de superpoblación, falta de tratamiento penitenciario, inexistencia de jueces de ejecución penal que hagan un control de legalidad del sistema tal como lo marca la ley 3.008. Reclamamos permanentemente al Poder Judicial que designe a los jueces de ejecución penal para que hagan seguimiento personalizado de cada preso.
–¿Cuál es su diagnóstico de esta cárcel?
–Llegamos y encontramos un enorme despelote en todos los planos. Por empezar, en el legajo de los presos. El desorden administrativo es absoluto. Los cómputos de penas no estaban ordenados, no se sabía si la gente estaba pasada de condena o cuánto le faltaba. Al no saberse eso, no se sabía si el detenido estaba en condiciones de recibir beneficios como libertad vigilada, libertad condicional, etc. Realmente, lo que ocurre es que la justicia abandona al preso en la puerta de la cárcel, y todos debemos recordar que el condenado es sujeto de derecho y no debe ser abandonado. Esto no es así. La ejecución penal es la tercera etapa del proceso, luego de la investigación y el juicio. Y la tercera etapa debe ser un tratamiento, no un abandono.
–Pero la realidad es muy lejana a esta idea.
–Hoy nos encontramos en Roca con que la mitad de los que están presos son procesados, no condenados.
–¿Y cómo piensa abordar esto?
–Vamos a trabajar en conjunto para acelerar los procesos penales, analizar caso por caso y ver quiénes son aquellos que merecen estar encerrados porque son un peligro para la sociedad y quiénes deben salir porque no hay razones para que sigan adentro superpoblando las cárceles. En este sentido pusimos en práctica los gabinetes técnicos criminológicos, que son los que están ordenando, estudiando cada legajo.
–Volvamos a las obras que se ejecutan en Roca…
–Las obras no están terminadas, necesitan 60 días más.
–Amén de las denuncias en torno a los gastos, fueron criticadas antes de nacer.
–Las valoraciones negativas nacen sólo de la interpretación subjetiva de algunos y, por lo tanto, discutibles desde el punto de vista técnico. Una cosa es hacer una cárcel nueva y otra reciclar lo que está. No es lo mismo. Esta provincia no estaba en condiciones de tirar abajo lo que tenía, sólo se podía refaccionar y ampliar.
–¿Y qué pasa con el personal?
–Esto es todo un desafío. Estamos intentando formarlo. Algunos agentes nuevos se han capacitado el año pasado en Sierra Grande y daremos cursos permanentes al personal de la alcaidía. Es necesario empezar por hacer test psicológicos al personal existente, para redistribuir roles. Debemos saber quién tiene condiciones para estar en seguridad, para ser celador, porque se trata de perfiles psicológicos distintos. Estamos empezando un curso intensivo de seguridad para evitar las fugas y para tratar motines. Tenemos que formar un grupo especial para que se ocupe de la seguridad adentro de la cárcel. Debemos armar un grupo de requisa; acá no se hacen requisas.
–¿Cómo es esto?
–Acá en Roca no se hacen requisas a las visitas. La realidad es que entra cualquiera. Acá entran mujeres, niños, hermanos, primos, amigos y todos circulan adentro. Esto es absolutamente contrario a la ley. El fenómeno cultural de los presos de la cárcel de Roca es un tema que no se puede soslayar. Hay que hacer cambios, pero fundamentalmente un profundo cambio cultural. No será fácil. El interno, su familia y la gente que trabaja en la alcaidía están acostumbrados al desorden y mal podés mantener la seguridad si todo sigue funcionando así. Hay una sala de visitas pero no hay forma de que entiendan que tienen que usar esa sala. Una de las primeras medidas que tomamos fue la de implementar una tarjeta de visita que se otorgue después de acreditar el vínculo con el detenido. Que no se requise a la gente es grave, que las visitas circulen por la cárcel es grave. Por milagro no se escapó más gente, por milagro no murió más gente. En Roca, no hay condiciones de seguridad en la cárcel.
–Habla de metas, ¿cuáles son las suyas?
–En el 2007, tal como se prometió, Río Negro va a tener más de 1.000 plazas disponibles para los 700 internos que tiene. Quedará superado el problema de la superpoblación. La Secretaría de Seguridad y Justicia, a su vez, está trabajando con el Poder Judicial y el Legislativo para modificar el Código de Procedimiento Penal, sobre el tema de la prisión preventiva y la excarcelación a los efectos de que no pase como pasó con las leyes de Ruckauf de “tolerancia cero”, que hicieron explotar las cárceles. Terminaron derogándolas y no resolvieron los temas de seguridad.

 
 
patagonia.com.ar
ligaconfluencia.org.ar
Es una publicación de Editorial Rio Negro SA.Todos los derechos reservados
Copyright 2003