Tras casi siete años de trabajo en la implementación de la Ley Ovina Argentina, hoy no se discute la necesidad de su continuidad y ajuste presupuestario sino los detalles de su ejecución, su impacto y el diseño de nuevas herramientas.

La estrategia crediticia ha demostrado ser el camino para modernizar y eficientizar el sistema productivo ovino, junto a aportes no reintegrables (ANR) destinados a compensar los costos adicionales del productor en tecnología y asesoramiento y no como mecanismos de distribución de dinero por número de productores.

Han sido el diagnóstico del establecimiento, la identificación y priorización de sus limitantes, la inversión adecuada y el acompañamiento técnico las herramientas para alcanzar los objetivos de la ley. En este marco se encuentran los programas que ayudan a consolidar diferentes situaciones de la cadena productiva, pero basados en el fortalecimiento del sector con impacto real y no en la creación de empleos públicos.

De Prolana, que rescató a los productores del precio arbitrario de los mercachifles de turno en los 90, se podrá discutir su modernización y nuevo enfoque, pero es indudable su necesidad, así como la del Prosovi para erradicar la sarna, la de Propastizal para tener ambientes sustentables, la de capacitaciones para generar el capital humano necesario, la del Programa de Genética para mejorar la calidad de las majadas y la de los programas de Carne y de Captación y Manejo de Agua. La gran pregunta es ¿quién los paga?

El resultado de estas políticas deberían ser ambientes más sustentables y mejores índices productivos, con productores que se hagan cargo de sus inversiones y un Estado que acompañe con las herramientas y los costos adicionales.

Como contrapartida, si el sistema tuviera que funcionar a costa de la distribución de créditos directos al sector productivo, se frustraría la validez de la Ley Ovina como instrumento, arrastrando consigo la consolidación -hoy en marcha- de un entramado de capacidades que se está generando a partir del financiamiento de empresas de servicios técnicos y gastos de protocolo capaz de trascender la vida de cualquier institución que se encuentre a terreno. El fortalecimiento de estos profesionales y técnicos que ayudan a los productores a acceder a los beneficios, sumado al de las organizaciones con herramientas crediticias, técnicas y comerciales, es lo que proveerá los servicios que el sector necesita y que la actividad privada no es capaz de generar.

Sobre el grado de avance de la Ley Ovina en la provincia, Rodrigo Saldivia, integrante de la UEP Río Negro, analizó en su tesis de grado el impacto del crédito desde la puesta en marcha del programa, en el 2003, hasta el 2006. En dicho período se entregaron 379 créditos, 318 individuales y 61 asociativos, que a su vez se subdividieron por estratos para ser estudiados; los individuales, en sin stock, hasta 1.000 animales, de 1.001 a 2.000, de 2.001 a 4.000, de 4.001 a 6.000 y más de 6.001 y los asociativos, en menos de 400 animales, entre 401 y 800, entre 801 y 1.201 y más de 1.201.

En base a ello, se observa que el mayor porcentaje de créditos individuales fue otorgado a productores de hasta 1.000 animales (39%), seguidos por el tercer estrato (26%). Conclusión: el 65% del financiamiento fue para aquellos proyectos con menos de 2.000 animales. Los productores más grandes han dirigido el financiamiento hacia la mejora de las instalaciones y el recurso natural, mientras que los más chicos equiparan aumentar el stock de hacienda con la mejora en infraestructura predial.

En cuanto a créditos asociativos, el 68% de los productores pertenece al estrato de menos de 400 animales, seguidos en importancia por los de entre 401 y 800 animales (18%). El beneficio solicitado va dirigido en un mayor porcentaje al CRD3 (infraestructura), seguido muy por debajo de los CRD1 (banco de ovinos), básicamente por falta de campo para seguir incorporando animales.

Ahora bien, en Río Negro hay un total de 2.078 establecimientos con ovinos con límites definidos, de los cuales 1.702 tienen menos de 1.000 animales (el 82%). Si a éstos les sumamos los 239 productores del estrato de entre 1.001 y 2.000 animales, que representan el 12%, veremos que el 94% de los productores de la provincia tiene menos de 2.000 animales.

Del total de productores en el período 2003-2004 accedió al crédito cerca del 15% (312). Éste es un número importante, sobre todo si se tiene en cuenta que hay muchísimos proyectos que por falta de documentación no tienen acceso. También hay que considerar la mala experiencia de gran parte de los productores ganaderos en relación con el financiamiento, sobre todo bancario. Por otra parte, en los estratos de productores que tienen entre 2.001 y 6.000 animales, accedió a los créditos casi el 50% y los de más de 6.001, en un 64%.

En cuanto a los pequeños productores, la ley ha llegado sólo a un 27% de quienes tienen entre 1.001 y 2.000 animales. En Río Negro, el 82% de los productores pertenece a este estrato. Esto siempre hará más dificultosa la implementación de las líneas de financiamiento, debido en gran parte a cuestiones estructurales, de falta de documentación y a que no se encuentran dentro de la economía formal. Pero también a la gran dispersión geográfica que hay en la provincia, sobre todo en la zona ovejera; la falta de medios de comunicación y el poco o casi nulo acceso a la información, entre otras causas.

Por ello es importante empezar a trabajar en una estrategia de mayor inserción por intermedio de las organizaciones de productores. La gran inversión pública que requiere el sistema ovino en la provincia para mejorarlo incorporando tecnologías de manejo extensivo no se puede cubrir sólo con los fondos otorgados por una década de ejecución de la Ley Ovina sino que requiere de una inyección financiera mucho más grande y proyectos de largo plazo anclados en la sustentabilidad de la ganadería.

Finalmente, en cuanto al impacto económico del programa en Río Negro, como el sistema ovino actual es muy dependiente de las condiciones climáticas y teniendo en cuenta que el flujo de fondos a 10 años puede sufrir variaciones importantes, cabe destacar que aunque se produzca un 80% menos de lo estimado en los proyectos presentados, en cuanto a productos derivados de la actividad ovina (animales y lana), durante los años en que éstos se deben implementar y siempre que la economía se mantenga estable, se puede asegurar que por cada peso invertido por la ley habrá una retribución para el productor, aunque cada vez menor, siempre superior a 0. Además, en un estudio de supuestos de esta tesis, se deduce a través de una comparación con el Producto Bruto Interno de la producción ovina provincial en el 2004, que en diez años los ingresos generados por el financiamiento crediticio de la ley incrementan en un 12% el PBI del sector en Río Negro.

EDGARDO TEJEDA

(*) Ing. agrónomo. Coordinador prov. de la Ley de Recuperación de la Ganadería Ovina