El inicio de una nueva temporada de cosecha carga con las tensiones que nacen de los riesgos propios de la activi-dad, más los que imprimen algunos actores -postergando definiciones- para sacar rédito sectorial de tal situación. Cada temporada que se inicia bajo estos parámetros fragiliza la posibilidad de una fruticultura para todos.
El costo que presenta la Secretaría de Fruticultura de la provincia de Río Negro apareció tardíamente. Si bien la demora quedó minimizada por el retraso en el inicio de la futura cosecha, la dilación existió y los ruidos que la ocasionaron no lograron ser silenciados.
En otras palabras, INTA fue designado -bajo convenio- para realizar el costo de producción. Ello le significó evaluar posiciones internamente: el costo referencial podría ser superior al promedio que estarían dispuestas a pagar las empresas y la diferencia generaría un reclamo hacia el Estado. Al mismo tiempo, la institución mencionada soportó -y soporta- la presión del "grupo regional" autodenominado "asesores técnicos que tienen línea directa con el gobierno nacional". El grupo citado superpone información y descalifica los costos elaborados por el INTA. Dentro del mismo organismo tampoco fue menor el tenor de las presiones empresariales para intervenir en decisiones sobre el tema.
A pesar de todo, la Secretaría de Fruticultura logra que la actividad tenga el valor del costo de producción para la temporada 2009/10 y realizado por organismos públicos competentes. Dicho costo no se presentó "en sociedad" como en otros años; se comunicó el 5/1/10 en la intimidad de la mesa de contractualización. El clima aséptico elegido tal vez responda a un intento de equilibrar el fuego interno que el hecho genera. Es muy difícil convivir con un costo "escrito" y de libre acceso cuando dicho instrumento es utilizado para sustentar acciones opuestas: justificar el constante reclamo de aumento de costos y, simultáneamente, respaldar los bajos retornos para la fruta de productores independientes.
Asimismo, la demora en el inicio de la cosecha no logra disminuir la conmoción que produce la prórroga de entrega de liquidaciones, como tampoco empequeñecer la preocupación ante las indefiniciones en torno a las paritarias de la actividad. Las mismas empresas que desaprueban las prácticas sindicales que presionan en los umbrales de un nuevo ciclo no reparan en que son las mismas metodologías que aplican hacia el productor.
Demorar la entrega de liquidaciones, reajustar condicionando "la entrega" de la futura cosecha, amenazar con la posibilidad de no "comprar", "negociar" sin contrato, sin precio y a resultado sin consentimiento mutuo, acordar un "sí con intención de no" con el secretario de Comercio Interior son prácticas que no habilitan a denostar actos coercitivos sin corregir antes los propios. Sería conveniente que quienes forman parte de esta fruticultura atiendan este uso y abuso del doble mensaje permanente.
Las fuerzas productoras de desigualdad intentan permanecer con la misma intensidad de siempre, utilizar la doble argumentación en cada rincón donde se toma una medida y demorarla hasta el punto de quiebre del eslabón más débil. Claros síntomas de una fruticultura deteriorada en los objetivos que le dan sentido. Es el momento para que las instituciones públicas, ahogadas por el poder económico, ocupen el lugar protagónico para un desarrollo en equidad.
Federación de productores de fruta
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