Los contratos que firman con ellos establecen las condiciones y modalidades de facturación y de cobranza. Algunas "hotelerías" asesoran, incluso, en materia de compras y/o ventas de animales y hasta se encuentran habilitadas por el Senasa para vender a los mercados interno y externo, incluso para exportar a la Unión Europea, por fuera de la cuota Hilton.

Cuando Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación, anunció el 22 de diciembre pasado medidas para el sector agropecuario, éste no había superado sus enfrentamientos con el gobierno nacional.

Ella decidió la construcción de 5 feedlots de 40.000 animales cada uno y aseveró que no se sacrificaban anualmente 600.000 terneros sino alrededor de 200.000, conforme a los datos que le proporcionaron las secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (recientemente "ascendida" a ministerio) y de Comercio Interior, la Oncca y los frigoríficos.

Con esos 5 feedlots, calculó que se obtendrían 100.000 toneladas de carne para exportar, para las cuales no se aplicaría la exigencia del encaje resuelta para sostener los precios internos. Esto significaría un adicional para los tambos, en tanto los frigoríficos deberían efectuar la logística y el gobierno aportar el capital de trabajo y tratar de encontrar gobernadores que ofrecieran mejores condiciones en materia de tierras fiscales donde conformar los feedlots en no más de 90 días, 120 como máximo.

Gustavo Armando, presidente de la Asociación de Criadores Holando Argentino (Acha), afirmó que los "megafeedlots" eran "inviables, imposibles de instrumentar, algo sin previo estudio, sin análisis".

"El que le escribió el discurso a la presidenta no tenía ni idea de lo que le hizo decir: toda una vergüenza", declaró a su vez el consultor Víctor Tonelli el 10 de enero pasado. Y remarcó que para conseguir que 200.000 cabezas dieran 100.000 toneladas de carne sería necesario que alcanzaran un peso vivo de al menos 900 kilos.

"Entrarían en los récords mundiales, ya que jamás en la historia se dio semejante hecho", sostuvo. "Suponiendo, con un exceso de imaginación, que los nuevos feedlots le paguen el costo real al productor (50% más que lo que cuesta un ternero de carne a campo), el peso del animal al ingresar a los mismos tendría que ser de 100-120 kilos, con ganancias de 1,35 kilos por día o más, para terminar con 300 ó 170 de res con hueso en no más de 122 días (período claramente exagerado)", documentó Tonelli. "En estas condiciones reales, la producción sería de 34.000 toneladas (o sea tres veces menos) y se necesitarían sólo dos feedlots de 33.300 cabezas de capacidad instantánea con tres camadas por año".

Como la presidenta aseguró que la carne proveniente de los 5 feedlots iba a exportarse en un 100%, el consultor Tonelli observó que "debería haber sido asesorada antes de hacer estos anuncios, ya que la carne de animales con tales pesos no tienen demanda internacional".

La gestión iba a estar a cargo de la Secretaría de Comercio Interior, reveló su titular, Guillermo Moreno, el 30 de diciembre pasado. El funcionario -manejaba todas las regulaciones comerciales- argumentó ante tamberos que para la terminación de los machos Holando Argentino era partidario de una especie de sociedad entre los tamberos que aportarían los terneros y los engordadores. Ambos cobrarían al venderse los novillos para exportarlos.

Como esos circunstanciales interlocutores de Moreno plantearon que no era algo factible si no recibían un incentivo para llevarlos a los 200 kilos requeridos para ingresar a los corrales, el gobierno nacional modificó su propuesta. Estableció que los productores criaran los terneros con su alimento balanceado hasta los 150 kilos y, logrado ese peso, la Nación les pagaría 200 pesos. Luego, las autoridades los llevarían en los feedlots hasta 550, con fondos de Cargill y de los exportadores. El siguiente paso sería venderlos, con lo cual los engordadores podrían devolver a dicha empresa el costo del balanceado. Sobre el final, la Nación devolvería a los productores lo invertido en el balanceado para aquel engorde hasta los 150 kilos.

Desde las provincias lecheras comprobaron, desde fines del año pasado, que no era factible conseguir aportes locales. En Sancor calcularon, en enero del 2009, que llevar adelante un feedlot de 40.000 terneros exigiría 65 millones de pesos.

Según se publicitó el 1 de abril pasado, el productor cobraría los 200 pesos a cuenta por ternero terminado en feedlots, más un adicional de 60 en la liquidación final, de acuerdo con el precio obtenido por el novillo de exportación.

Al reglamentar la ley de promoción de las inversiones el 16 de junio pasado, la presidenta aportó un dato que, opinó, era "importantísimo". Afirmó que su esposo "terminó la presidencia en la Argentina cuando había 107 feedlots; el año pasado llegamos a 844 y hoy hay 1.523 en marcha".

Más allá de la intención oficial, hubo otras de frigoríficos exportadores, como los extranjeros Swift (JBS Argentina), Finexcor (Cargill) y Quickfood (Marfrig) y los locales Gorina y ArreBeef.

Tras dejar la vicepresidencia de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el justicialista Julián Domínguez se convirtió en el ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación el 1 de octubre pasado. Además de reunirse sin demoras con la Comisión de Enlace Agropecuaria, resolvió controlar la Oncca, sospechada de arbitrariedades e irregulares pagos de subsidios -en ciertos casos los anuló y revocó y en uno intimó el reintegro de importes "erróneamente percibidos"-, que arrastraron a la caída de su titular, Emilio Eyras, un incondicional de su antecesor Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y con llegada directa al matrimonio Kirchner.

Por entonces, además, se supo de un centenar de denuncias por pagos de la Oncca y hasta pedidos de coimas del 15% al 20% por funcionarios para destrabar trámites. Este año la Oncca debía manejar un presupuesto de 3.696 millones de pesos (ver cuadro) -en el 2006, cuando se autofinanciaba con multas, era de 21,4 millones-, la mayor parte para pagar compensaciones con el propósito de que las empresas alimenticias no elevaran sus precios. Por las denuncias -para recibirlas, legisladores nacionales de 18 bloques opositores abrieron una página web-, se suspendieron los pagos a todos los establecimientos de engorde a corral. Asimismo, los jueces federales Norberto Oyarbide y Alejandro Castellanos comenzaron a investigar si existieron maniobras ilegales.

Domínguez aceptó que a cargo de la Oncca estuviera Juan Manuel Campillo, en quien confía Néstor Kirchner ya que en Santa Cruz fue director de Vialidad, secretario de Hacienda y ministro de Economía.

Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), consideró "fundamental" que la Oncca "vuelva a estar bajo la órbita del flamante Ministerio de Agricultura", pero expresó sus dudas por la posibilidad de que el nombramiento de Campillo debilitara la gestión de Domínguez.

l régimen de compensaciones para establecimientos de engorde de bovinos a corral (feedlots), que utilizan granos como materia prima, fue implementado para estimular la producción de carne, garantizar una mayor oferta y mantener la estabilidad de precios. Pudieron solicitarlo los inscriptos de acuerdo con la resolución 70/2001 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), o sea personas físicas o jurídicas, propietarias o arrendatarias, que debieron hacer los trámites por intermedio de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca). Como requisito excluyente, la hacienda debía salir de los feedlots para su faena con destino al consumo interno, o sea que no comprendía las exportaciones ni las terminaciones en pastoreo ni la suplementación sin confinamiento total.

Una alternativa es la de "hotelerías" en feedlots: cualquier productor o inversor puede tener hacienda propia sin ser propietario de uno de esos establecimientos, simplemente tercerizando el servicio en algunos ubicados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y San Luis.