La globalización de los mercados que ha tenido lugar en las últimas décadas tiene un rol preponderante en el modelo frutícola que actualmente sufrimos.

En este aspecto basta observar que las más importantes empresas ya dejaron de ser nacionales para convertirse en satélites de países europeos. Esto significa que la toma de decisiones, en muchos casos, ya no se encuentra en Argentina, lo cual incide en la operatoria de nuestra fruta.

La conformación de los precios de la fruta responde a una suma de factores, algunos de los cuales son permanentes y otros coyunturales. Para el chacarero el dilema es que su costo de producción sea reconocido.

Cuando se dan determinadas condiciones de mercado -como sucedió a partir del 2002- se consigue un equilibrio que facilita precios que satisfacen a los participantes de toda la cadena frutícola.

Cuando estas condiciones de equilibrio no existen, surge con claridad la necesidad de buscar alternativas superadoras que permitan "transparentar" los mecanismos que hacen a la producción y comercialización de nuestra fruta. No hacerlo permitirá que el actual modelo, confuso, oscuro y alejado de la realidad en cuanto a la transparencia, siga avanzando y, junto con su avance, impulsando la concentración productiva y la eliminación de cientos de medianos y pequeños productores.

El Estado ha intentado llevar adelante mecanismos que hasta ahora no han logrado sus objetivos. Pero se puede pensar en medidas concretas que faciliten una relación distinta entre los participantes de la cadena frutícola. Algunos países avanzaron con estos modelos; en tal sentido, Chile -aun reconociendo sus diferencias productivas y de comercialización- ha logrado legalizar mecanismos por todas las partes reconocidos que les permiten saber que en cada liquidación los precios de la fruta responden a la realidad de los mercados y no a la voluntad de las empresas. Para llegar a esto tuvieron que superar varias instancias. Hoy en Chile Fedefruta analiza las liquidaciones de los exportadores y las hace públicas para que todos conozcan el comportamiento de cada firma.

Otro país que avanzó en la relación entre productores y empresas es España. Allí se han generado contratos en los que el Estado aplica una serie de medidas encaminadas a ordenar las transacciones de los productos. Existe una normativa legal que controla la concentración de productos agroalimentarios y establece los principios que han de regular las relaciones contractuales entre productores, transformadores y comercializadores.

Ahora, ¿qué ha sucedido en la temporada 2009 en nuestra región? Los ingresos por la venta de frutas sufrieron una importante reducción en comparación con el 2008. Esto obedeció a una serie de factores: devaluación de las monedas en los países compradores, caída de precios por mayor oferta, retracción en algunos mercados por la crisis internacional, problemas de financiamiento y caída del valor del jugo concentrado.

A esta situación se debe sumar el aumento de costos internos en dólares, que no se compensa con la baja de cinco puntos porcentuales en las retenciones a las exportaciones y la devaluación progresiva del peso. En conclusión: tenemos un menor ingreso global que en el 2008 con costos similares, lo que afecta la rentabilidad. Si a esto agregamos la fruta que no se pudo cosechar a causa de los conflictos conocidos, la situación se agrava, en particular la de la producción primaria.

En general el análisis se hace considerando el complejo regional frutícola como un conjunto, pero la realidad indica que hay una compleja trama de participantes e intereses, con distinta capacidad de apropiación de los ingresos globales.

Situaciones como las que se presentan impactan con más fuerza en el sector más débil del complejo, máxime por la forma de asignar los recursos que tiene la actividad -en la que se va descontando del precio final recibido hacia abajo-. En este caso, el eslabón más débil es el productor frutícola, en particular el pequeño y mediano no integrado.

Y es aquí donde surgen interrogantes: los incrementos de ingresos desde el 2006 hasta el 2008, ¿alcanzaron a todos los integrantes? ¿La caída del 2009 es absorbida por igual por todos los participantes?

Queda claro que la región aún no ha encontrado un mecanismo que permita no sólo conocer e informar de estas situaciones sino también acompañarlas y resolverlas. Ante esta realidad se debería trabajar en:

* Establecer relaciones más transparentes entre productores y empacadores.

* Corregir la desigual distribución de los riesgos, los cuales recaen casi exclusivamente en los productores.

* Avanzar en un nuevo marco legal que garantice los intereses de los productores.

* Corregir la desconfianza generada en gran parte por los empacadores por la falta de apertura en la información.

* Neutralizar la posición dominante de un sector sobre otro compuesto en su mayoría por pequeños productores que carecen de todo poder de negociación y de recursos para costear una asesoría profesional.

Es necesario diseñar acciones que permitan un normal desenvolvimiento del complejo en el corto plazo, es decir, llegar a la próxima temporada en condiciones más o menos equilibradas y atendiendo a todos los actores del complejo pero en particular a los más débiles, sin olvidar que hay que seguir trabajando en modificar los problemas estructurales y en procura de darle sustentabilidad al modelo regional.

Si se coincide en que hoy el mayor problema reside en resolver las dificultades internas y en que la forma de resolverlas es por la vía de acuerdos, está claro que son los propios actores -acompañados por el Estado- quienes deben encontrar acciones que permitan superar esta situación de coyuntura generando las bases adecuadas para el mediano plazo.

Para ello deben existir interés e inteligencia para consensuar una agenda que permita concretar acuerdos y acciones proponiendo tres ejes de trabajo:

1) Encuentro regional de todos los actores donde se analice y acuerde la situación actual con aporte de datos concretos, más las perspectivas a futuro, de manera de generar la confianza mínima necesaria para diseñar acciones.

2) Proponer acciones tendientes a la disminución de costos y la incorporación de recursos para el desenvolvimiento mediante financiamiento o la asistencia diferenciada según los actores.

3) Evaluar alternativas para incrementar el ingreso regional (nuestra fruta al ingresar a algunos mercados tiene aranceles que duplican los que paga la fruta chilena).

4) Acordar pautas mínimas para el sostenimiento de una base amplia de productores (proyectos asociativos y fruticultura por contrato con empresas líderes, entre otros).

Edgardo Kristensen (*)

(*) Productor