La cancelación de las operaciones de dos de las más importantes navieras que trabajaban en el puerto de San Antonio -Hamburg y CCAB- es una nueva mancha para el tigre y termina mostrando, en definitiva, la inseguridad jurídica que se vive en el país y la visión crítica que tienen los inversores y las empresas extranjeras acerca de trabajar en la Argentina.

Esta temporada el Valle fue protagonista de muchas situaciones que llegaron a rozar la ilegalidad. Pareciera que se universalizó la mecánica de protesta que implica paralizar toda una actividad comercial en busca de mejoras salariales. Este tipo de actitudes es totalmente repudiable. A la larga, todos perdemos: la pera que no se cosechó por el brutal paro de los trabajadores de la fruta no podrá ser comercializada, lo que acarreará menores ingresos por ventas a la región, menos trabajo y problemas sociales a futuro. Lo mismo ocurre con el paso dado por las dos navieras en SAE; el puerto se queda con menos trabajo y esto repercutirá en toda la actividad, incluidos los obreros que participaron en las medidas de fuerza.

Da la impresión de que el Valle ingresó en una etapa en la que inmolarse es parte de la gimnasia diaria. Nadie está en condiciones de criticar los reclamos por mejoras salariales por parte de los gremios de cada una de las actividades. Pero sí el método. Continuar con esta política de "me dan lo que quiero o quiebro el sistema" es irracional, porque es la región la que vive del mismo. La pera que los operadores no compran en el Valle es adquirida en otras partes del mundo; las cargas que abandonan las navieras en San Antonio se hacen en otro lado. A la larga, somos "nosotros" los que terminamos perdiendo con este tipo de prácticas.

Es necesario recomponer la racionalidad en la actividad frutícola. Éste es un deber que nos compete a todos.