Hace sólo un par de semanas, el vicegobernador rionegrino Bautista Mendioroz remarcó que la "ley está para cumplirse", al hacer referencia a la posición de los empresarios frutícolas en cuanto a que en la presente temporada iba a ser difícil pagar los precios mínimos establecidos por la Mesa de Contractualización Frutícola (sic), tal cual lo normado por las leyes provinciales 3.611 y 3.993.

"El precio mínimo de referencia de 0,29 dólares por kilo de fruta, que se determinó por el costo de producción y cuya estructura y método de cálculo fueron, en su momento, convenidos entre técnicos del INTA, de la UNC, de la Secretaría de Fruticultura y el sector privado, debe respetarse en los contratos firmados entre productores y empacadores", intimó Mendioroz a través de un escueto comunicado de prensa.

Nadie pone en duda que la ley está para cumplirse.

Pero hay una realidad y ésta es la del mercado, que ningún funcionario ni empresario puede negar o dejar de tener en cuenta al hacer un análisis de este tipo.

Imponer un precio para que se le pague al productor, sin tener en cuenta cómo evolucionará la temporada frutícola, trae más

dudas que certezas al ya complejo año comercial que está viviendo la actividad.

La propuesta de los 0,29 dólares por kilo, impulsada por el vicegobernador Mendioroz, se topó con la realidad del mercado. La ingenuidad de la Federación de Productores, que hasta hace sólo un par de días aseguraba -vía sendos comunicados de prensa- que había empresas que ya estaban pagando este valor por la fruta que recibía, también se chocó con esta nueva realidad.

Es toda una lotería poner un precio a la fruta de los productores a fin de cada año, cuando el producto se cosecha dos meses después y los precios de mercado comienzan a definirse a partir de abril de cada año.

Si los exportadores tuvieran el dato de venta de la fruta antes de cosecharla, el negocio sería realmente sencillo. Algo lineal y con riesgos muy acotados. Pero, nada de eso es real. Las variables que se mueven en el mercado desde que comienza la cosecha en una temporada hasta que la fruta llega a destino y se vende, son innumerables y cada año que pasa resultan distintas.

Si no, observemos lo que está pasando hoy en el Valle. Ni siquiera los mismos exportadores saben cómo va a terminar la temporada de fruta a esta altura del año, ya que ni siquiera comenzó debido a la protesta gremial que está paralizando al Valle.

Pero desde los escritorios de Viedma se insiste en que el pago que deben recibir los productores por la fruta debe tener un piso de 0,29 dólares por kilo. Algo realmente insólito.

Insistir en esta metodología no ayuda en nada. Es más, podría decirse que empantana cualquier tipo de negociación racional que se quiera hacer. En el actual escenario, el precio de referencia impulsado desde Viedma queda totalmente desvirtuado por los acontecimientos que vive la región. El gobierno provincial debería dedicarse a poner énfasis en otras tareas, más que en imponer un precio que es imposible de aplicar en el libre juego de la oferta y la demanda.

La ausencia total del Estado en el conflicto entre los trabajadores de la fruta y la producción marca, en definitiva, el autismo de un gobierno provincial totalmente ajeno a los verdaderos problemas que aquejan a la actividad.

(Redacción Central)