En la madrugada del jueves la Cámara de Senadores rechazó el proyecto de derechos de exportación móviles.

Se trató de un triunfo importante para el campo y las provincias, que puso coto a una forma prepotente de ejercer el poder por parte del matrimonio K.

El sector agropecuario apuesta a la mesura y a profundizar el diálogo con el gobierno. Pero los problemas del sector no se resolvieron con esta negativa del Congreso; continúan en carpeta.

La caída de la producción de carne, las mermas en la oferta de leche, la liquidación de vientres y las deterioradas economías regionales son tan sólo algunos de los problemas que necesitan ser tratados cuanto antes por el Ejecutivo nacional para dar una solución estructural a las trabas que frenan el desarrollo del campo.

Muchos son los que coinciden en señalar que la Argentina está frente a una oportunidad única. El mundo solicita alimentos y paga por ellos precios record, pero el país carece de una estrategia que permita abastecer esta demanda insatisfecha.

El pronunciamiento del Congreso disparó interrogantes respecto de sus efectos e implicancias, tanto políticas como económicas, de coyuntura o de mediano y largo plazos. Con el pasar de los días y con más elementos será más sencillo discutir y analizar los efectos económicos de la decisión del Senado.

Pero lo que no debe perderse de vista es que en realidad el escenario para los productores agropecuarios ha cambiado en el siguiente sentido: el proyecto de retenciones móviles ha sido rechazado y la famosa resolución 125 ya no está vigente.

ESCENARIO

Un reciente estudio elaborado por Fundación Mediterránea detallaba que el escenario más probable era que el gobierno, por motivos institucionales, retrotraiga la situación al 10 de marzo en materia de retenciones. Así lo hizo. Pero también había motivos económicos de corto plazo que deberían considerarse. El principal es que la decisión del Senado reforzaba los incentivos que tenían los productores agropecuarios para no comercializar los granos hasta que no se superara el conflicto.

Lo hace, asegura el estudio, en función de que la probabilidad de que se derogue la resolución 125 se había acrecentado sustantivamente y, por ende, crecía el potencial beneficio de esperar para vender. Por ejemplo, con precios del jueves, comercializar bajo un escenario con retenciones como las que regían antes del 11 de marzo (del 35% para la soja y del 30% para el girasol) arrojaría una diferencia de precios de 70 dólares por tonelada para la soja y de 67 para el girasol respecto del escenario de retenciones móviles.

En este sentido, remarca el estudio, con la resolución 125 derogada, el mercado incrementó automáticamente los precios de venta de estos granos en un 25% y un 20% respectivamente.

El gobierno estaba bajo mucha presión ya que si un productor consideraba que la probabilidad de que esto suceda es del 100%, en el sentido de que sabía que las retenciones móviles habían de caer, el diferencial de precios estimado se convierte en el beneficio que se espera obtener con la decisión de no vender hasta que cambie el panorama. Y el tiempo para el gobierno, es importante.

Por supuesto que la decisión de esperar también acarreaba un costo para el productor -el del almacenaje de los granos y el de oportunidad del capital- y un riesgo: que los precios internacionales de los granos, que están en niveles muy altos, experimenten algún retroceso.

Pero estos costos y este riesgo seguramente no compiten con el fuerte beneficio que se logró ahora con las retenciones móviles derogadas. En síntesis, se puede señalar que la comercialización de soja y girasol, que ya se encontraba limitada antes de la decisión del Senado, se iba a reducir aún más por la clara conveniencia que implicaba la decisión de no vender bajo el escenario de retenciones móviles vigentes.

LA CAJA FISCAL

Esta decisión de los productores de no vender iba a tener sus implicancias en el nivel de actividad económica del país, en particular de algunas regiones, que ya sufren las consecuencias del status quo que mantienen los hombres de campo. Y también las iba a tener en términos fiscales -menor recaudación por derechos de exportación- y cambiarios, al reducirse el ingreso de divisas al país.

En la medida en que no ingresen los dólares de la soja al país, las variables macro no se recuperarán. Falta de liquidez, tasas de interés por las nubes y un Central que liquida divisas de sus reservas para contener la paridad cambiaria; estos elementos, además de los institucionales, eran suficientes para que el gobierno nacional decidiera cuanto antes la eliminación de los derechos de exportación móviles o, por lo menos, la suspensión del gravamen por 180 días, tal como planteaban los ruralistas antes de la definición del Congreso.

Con esto en marcha, ahora se logrará recuperar el movimiento económico vinculado con el agro. Pero, además, se estará dando un primer paso para comenzar a discutir una política económica agroindustrial que genere un consenso amplio y tenga en cuenta todos los aspectos relevantes, desde el poder adquisitivo local en términos de alimentos hasta los incentivos para invertir y ampliar la producción, pasando por el manejo de los recursos fiscales generados, un aspecto en el cual deberá contemplarse una mayor coordinación entre la jurisdicción nacional y las provinciales y municipales.

(Fundación Mediterránea/ Redacción Central)