El oficialismo insiste en dar la imagen de que está haciendo lo imposible para adecuar las demandas del campo a los requerimientos del matrimonio K.

Los legisladores nacionales del PJ y sus socios se encierran en largas reuniones para mostrar su preocupación y dejan trascender la feroz "interna" que sacude al gobierno por este tema.

Pero la realidad muestra que esta "interna" que hoy existe en el Congreso poco tiene que ver con las necesidades del campo. Con la resolución 125 se está definiendo el poder real de los K. Los hombres del campo saben esto y por ello rechazan de plano las modificaciones "de forma" que quieren introducir los legisladores en el proyecto del Ejecutivo.

El oficialismo aprobará la resolución 125 con modificaciones sólo en la parte que se refiere a las compensaciones. Y será la magnitud de éstas la que determinará cuán dañado quedó el poder del matrimonio Kirchner.

Para el gobierno, la 125 dejó de ser una cuestión de caja fiscal. Lo que ya se perdió como consecuencia del conflicto con el campo supera con creces los ingresos teóricos que se habrían generado con las retenciones móviles.

La resolución 125 es la consolidación de un modelo político que se viene insinuando desde la llegada de los K al gobierno, pero no desde el punto de vista ideológico -como se quiere mostrar a la sociedad- sino desde una concepción en la que el pensamiento hegemónico es predominante en el modelo de conducción. "Todo el que no esté de nuestro lado debe ser considerado un traidor", señaló Néstor Kirchner ante sus seguidores esta semana. En definitiva, el conflicto con el campo es sólo el argumento utilizado para legitimar el poder los Kirchner en el tiempo y las retenciones móviles, la herramienta para ello.

El tema de fondo sobre estos tributos distorsivos no será tratado en el Congreso, porque existe la convicción de que el próximo gobierno peronista -así lo aseguran los referentes del partido- no podrá vivir sin este tipo de tributos.

Las cuatro organizaciones del campo exigen la eliminación de la resolución 125, que mantiene vigentes las retenciones móviles sobre los granos. El oficialismo no va a ceder en este punto. Y ésa será una gran derrota para el campo. De ahí que no haya solución a la vista en el conflicto que el gobierno mantiene con el agro. Las entidades son conscientes de que poco y nada sirven las compensaciones que ofrece el gobierno para los pequeños y medianos productores; para ellos sería como seguir mendigando fondos que les corresponden constitucionalmente.

Algo muy parecido ocurre en la relación Nación-provincias. El perverso esquema político -avalado en su momento por los mandatarios provinciales- generó una dependencia que hoy distorsiona todo el esquema federal del país. Sirve para la continuidad del esquema K, pero no al verdadero desarrollo de la Argentina.

La sensación que queda luego de estas dos semanas de debate en el Congreso no deja dudas sobre el objetivo por parte del Ejecutivo de llevar al recinto la controvertida resolución 125: someter al campo a un proyecto político que poco tiene que ver con los principios que consagra la Constitución.

La judicialización del conflicto es un hecho, de ahí las recientes y continuas visitas del gobierno central al supremo tribunal de Justicia de la Nación.

(J. L.)