La propuesta consiste en lo siguiente: establecer un período -que puede incluir tanto la cosecha de soja 2008 como la 2009- durante el cual, teniendo en cuenta la retención promedio esperada dentro del esquema móvil actual -por dar un ejemplo, del 40%- se establezca ese nivel como nuevo derecho fijo de exportación pero permitiendo que se compute como "pago a cuenta" del Impuesto a las Ganancias la diferencia entre ese nivel y el 35% vigente con anterioridad; es decir, en este ejemplo, un 5%.

El hecho de establecer un período de transición tiene por objetivo atacar los problemas de corto plazo.

EFECTOS

Un primer efecto sería la eliminación de las distorsiones que puede provocar el sistema móvil actual en el mercado de futuros, ya que se va a un esquema fijo que, obviamente, puede ser modificado en función de los escenarios internacionales que se vayan dando.

El segundo efecto sería el siguiente: el gobierno pasaría a cobrar un 35% de derecho de exportación, aunque anticiparía recaudación como si fuera del 40% (un 5% debería ser imputado a la percepción del Impuesto a las Ganancias). A la hora de liquidar este impuesto, el productor adicionaría a su base imponible el valor del "reembolso" recibido como pago a cuenta por cada una de sus operaciones y haría uso de él restándolo del gravamen determinado. El porcentaje de la retención total recaudada que se permitiera computar como pago a cuenta debería adicionarse a la base imponible del Impuesto a las Ganancias, porque constituye un mayor valor de venta del cereal que, de lo contrario, no sería alcanzado por el tributo.

De este modo, la carga tributaria de un productor que operara totalmente en la formalidad no se vería afectada: seguiría aportando el 35% de derechos de exportación, como antes del 11 de marzo. Si algún productor tuviera una ganancia imponible menor que el total de pagos a cuenta computables, generaría un saldo a favor que debería ser posible de utilizar para cancelar otras obligaciones impositivas.

El punto esencial pasa por incentivar la formalización, que en el mediano plazo podría generar más recaudación del Impuesto a las Ganancias. De este modo también aumentaría el desincentivo para el productor agropecuario a vender en negro.

IMPUESTO COPARTICIPABLE

Habría un cambio de composición del esquema de distribución de recursos. Todos los que hoy obtiene la Nación por derechos de exportación no son coparticipables. Con un derecho de exportación del 46%, hay un efecto desplazamiento del Impuesto a las Ganancias por una menor base imponible. Con la propuesta, al caer los derechos de exportación a un 35% aumentaría la base imponible y, consecuentemente, la recaudación de Ganancias.

Desde el punto de vista de la eficiencia, la tributación del Impuesto a las Ganancias tiene en cuenta la realidad de cada productor, mientras que el derecho grava el ingreso sin considerar las condiciones particulares derivadas de la distinta calidad de la tierra, de economías de escala y de la distancia a puertos que pueden existir. Habría un cambio que automáticamente tendría en cuenta las particularidades de cada productor. Una propuesta de este tipo también significaría mejoras en términos de equidad tributaria entre los contribuyentes del mismo sector.

IMPACTO FISCAL

Con un esquema como el aquí descripto el gobierno nacional pone en juego una recaudación del orden del 0,40%-0,50% del PBI durante este año (diferencia posible de recaudación de retenciones entre el esquema anterior y el actual). Este costo disminuiría en función de los mayores recursos que pudiera aportar en materia de recaudación el Impuesto a las Ganancias. Esto sería debido tanto a la mayor base imponible explicada anteriormente como al incentivo a una mayor formalidad del sector. De esa mayor recaudación se beneficiarían tanto el gobierno nacional como los provinciales y municipales, dado el esquema de coparticipación vigente.

Durante el período de transición quedaría como fuente de financiamiento el incremento en la recaudación de Ganancias. Como parte de esa recaudación marginal también iría a las provincias, se podría pensar en un cofinanciamiento del fondo.

Terminada la discusión del Congreso y sancionadas las leyes correspondientes, quedará establecida una política integral donde el esquema de derechos de exportación podrá ser otro o el mismo que hemos planteado, pero habrá transcurrido un tiempo en que toda la sociedad habrá podido acceder a una discusión transparente donde quede claro que todo actor del sector agropecuario que opere totalmente en blanco no sufrirá un aumento de presión tributaria.

Bajo este paraguas creemos que es factible iniciar una discusión seria y profunda sobre todos los aspectos que preocupan, sin elementos de presión paralelos que podrían distorsionar el debate. La intención de esta idea/propuesta es simplemente aportar elementos.

Sería interesante agotar todas las posibilidades de viabilidad disponibles para un esquema de este tipo antes de descartarlo.

NADÍN ARGAÑARAZ (Presidente de IERAL).