El conflicto con el campo permitió llevar el debate de las retenciones al Congreso de la Nación. Obviamente, al fiel estilo K: bajo presión para que sea a libro cerrado y sin discusión de fondo sobre el tema. Hasta el 2009, el Ejecutivo tiene potestad -cedida oportunamente por el Parlamento- para manejar las retenciones vía decretos.

El marco institucional que CFK le quiso dar a la aplicación de las retenciones móviles no es una respuesta a la demanda de fondo de la sociedad y menos aún del sector agropecuario.

El conflicto con el campo ya cumplió cien días y no hay visos de solución pese a los grandes anuncios oficiales, por lo menos en lo que al corto plazo se refiere.

Respecto de este tema, el sector privado productivo de la región -y hacemos aquí referencia sólo a la fruticultura (comercialización en fresco e industria) ya que no se dispone de datos del resto de las actividades- desde la salida de la convertibilidad aportó en concepto de retenciones a las exportaciones algo más de 216 millones de dólares a las arcas de la Nación. Como contrapartida, desde el Estado nacional sólo llegaron a la actividad regional, en el mismo período, unos 19 millones de dólares en forma de subsidios; es decir, el 8,8% de las transferencias realizadas por el sector privado.

La puesta en marcha de este gravamen nacional respondió a un contexto histórico que poco tiene que ver con el actual.

Los empresarios, en general, aceptaron las retenciones como un impuesto transitorio y con la consigna de que esos fondos llegaran a los estratos más relegados de la sociedad luego de la crisis económica del 2001. La devaluación de la moneda permitió compensar en ese momento gran parte de este tributo, por la mejora en la competitividad que generaba la paridad cambiaria exportadora.

Pero las promesas oficiales no se cumplieron: por un lado, las retenciones se mantienen y en muchos casos vieron elevado su coeficiente, como en el caso de las carnes, los granos y los hidrocarburos; por el otro, los fondos que se iban a destinar a la lucha contra la pobreza hoy se emplean para hacer caja fiscal, presionar con ellos a los gobernadores para alinearlos al modelo y sostener ficticiamente unos precios que no existen en las góndolas del mercado interno.

Las estadísticas en este sentido son más que claras. Las retenciones financian los subsidios, no la redistribución del ingreso, algo que contrasta con el permanente discurso oficial.

Este año el esquema de subsidios cruzados representará el 3% de PBI, es decir, un valor equivalente al superávit fiscal primario que se proyecta en el presupuesto del año. El modelo redistributivo cedió este año otro 10% respecto del período 2003-2007, es decir que la brecha entre ricos y pobres en la Argentina se amplió otro 10%. Así se ve a las claras que las retenciones no reflejan las mejoras que el gobierno defiende a través de su modelo económico.

Un reciente informe elaborado por el economista Alfonso Prat Gay destaca en este sentido que manteniendo las retenciones fijas, la recaudación fiscal podría duplicarse. Eso sí: esto podría ocurrir siempre y cuando se aplicaran medidas acordes para permitir el desarrollo de las distintas actividades del sector.

INIQUIDADES

En general el campo ya no habla de la eliminación de las retenciones sino de situaciones de iniquidad, con propuestas para corregirlas que llevan años de tránsito por los pasillos oficiales del Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete. Eso sí: el gobierno tiene la última palabra y nunca cede ingresos.

Los resultados son siempre los mismos para quien reclama: un paseo continuo por la burocracia estatal sin definiciones concretas.

Algo parecido sucede hoy con el proyecto de las retenciones móviles; éste entra en la negociación política del Congreso pero, mientras tanto, el decreto sigue vigente. Dicho de otro modo: el gobierno sigue juntando dinero para hacer caja.

La fruticultura regional demanda desde hace más de cinco años una reducción de las retenciones a las exportaciones al 5%, de modo que se equiparen a las de los cítricos. Se trata de un reclamo justo teniendo en cuenta que no hay diferencias entre una producción y otra.

La implementación del Plan Frutícola Integral (PFI) fue una iniciativa exigida desde las oficinas de la Secretaría de Agricultura de la Nación en procura de dar respaldo técnico a la demanda de fondos que necesitaba el sector frutícola para proyectarse como una actividad altamente competitiva en el mercado internacional.

Sin embargo, como todo en la Argentina, lo que nació como un gran proyecto fue totalmente distorsionado y la política pasó a tener un rol preponderante en el PFI, con las complicaciones que esto trajo aparejadas.

Los empresarios se quejan frente a esta intromisión pero no logran juntar fuerzas para modificar el norte de los acontecimientos. (Ver "Saiz y...")

La política domina hoy el escenario, pero no lo define en función de las verdaderas demandas del sector y de la ciudadanía. El mismo panorama se observa tanto a nivel nacional como regional al analizar el conflicto con el campo.

Las necesidades de caja del modelo económico K enceguecen cualquier posibilidad de diálogo entre el sector productivo y el gobierno. Exactamente lo mismo ocurre con las provincias de Río Negro y Neuquén. Ninguno de los dos gobernadores intenta torcer las decisiones del poder central. No hay voluntad política para ello. Lo lamentable es que ni Sapag ni Saiz actúan de esta manera por convicción y en defensa de los intereses de todos los rionegrinos o neuquinos: lo hacen por temor a que Nación les corte los fondos discrecionales que tienen prometidos para lo que resta del año.

De allí que el dilema de las retenciones sobre las exportaciones regionales sea de difícil solución. No es un tema de convicciones; es lisa y llanamente un problema de caja fiscal.

JAVIER LOJO

jlojo@rionegro.com.ar