Institucionalmente, el diálogo es la estrategia más adecuada frente al conflicto que desató el aumento de las retenciones. Además, la coyuntura representa una oportunidad para definir con objetividad la situación que enfrentan el sector agropecuario y la actividad productiva del país en general.

Un punto de partida básico para este diálogo que se inicia entre el gobierno y el campo pasa por asumir que la "licuación" de costos que produjo la devaluación en su mayor parte desapareció. Esto significa que en los últimos tiempos el argumento de que el agro cuenta con la ventaja de que "cobra en dólares pero paga en pesos" ha dejado de ser verdadero. Pese a ello, la presidenta Cristina Kirchner lo usó en cada uno de sus discursos como "caballito de batalla" para mostrar las bondades del sistema con el hombre de campo.

El inicio de una etapa de negociación entre el gobierno y el sector agropecuario es una buena noticia. Sin embargo, será difícil resolver el conflicto si no se parte de un

diagnóstico objetivo sobre las condiciones que enfrentan los productores agropecuarios y, en general, quienes aspiran a producir en el país.

Por un lado se sostiene que, con los niveles de retenciones que se pretende aplicar, la mayor parte de los emprendimientos productivos no resulta rentable. Se exige también un cambio en el modelo extractivo que hoy aplica el gobierno nacional, donde nadie puede saber hacia dónde van los 13.000 millones de dólares que anualmente toma el Estado del agro sólo en concepto de retenciones a las exportaciones.

En sentido opuesto, el gobierno asegura que es necesario elevar las retenciones porque el agro disfruta de una rentabilidad extraordinaria derivada de unos precios internacionales inéditamente altos y porque los costos argentinos, medidos en dólares, son bajos gracias a la devaluación producida en el 2002.

Éstos serían los tópicos de la discusión de los próximos treinta días entre el campo y el gobierno nacional. Será una negociación compleja; es difícil medir la rentabilidad de cada productor y las generalizaciones, en general, no son adecuadas como "casos testigos" en esta actividad.

La viabilidad de un emprendimiento productivo depende de una gran cantidad de factores; entre otros, su tamaño y ubicación, las condiciones climáticas, la fortaleza económica y financiera y hasta atributos empresariales como la capacidad de gestión y de innovación.

De todas formas, es factible aproximar algunos datos que es importante incorporar a este nuevo diálogo o que pueden ser utilizados para quebrar mitos que vienen repitiéndose sin argumentos que los respalden.

A base de datos oficiales, los precios de algunos de los principales insumos del sector agropecuario crecieron a la fecha mucho más que el dólar.

De datos del Ministerio de Economía y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para precios mayoristas, y tomando el promedio 1995-2000=100, surge que:

" el salario privado registrado en el sector agropecuario fue de 196 para el promedio del período 2002-2007, cuando en febrero del 2008 alcanzó el nivel de 325;

" el precio de la maquinaria agrícola fue de 262 para el promedio del período 2002-2007 y en febrero del 2008 alcanzó los 363 puntos y

" el precio de los abonos y fertilizantes importados fue de 318 para el promedio del período 2002-2007 y en febrero del 2008 llegó a 865 puntos.

En términos más simples: a comienzos del 2008 los salarios registrados y los costos de las maquinarias agrícolas se habían más que triplicado desde la devaluación y los insumos agropecuarios importados, como los abonos y los fertilizantes, habían llegado a ver multiplicados sus precios -según fuentes oficiales- en más de 8 veces. Es decir que en la actualidad algunos insumos importantes del sector cuestan, en dólares, lo mismo que antes de la devaluación y otros subieron no sólo por encima de la divisa sino también de otras monedas más fuertes como el euro.

Las retenciones que intenta aplicar el gobierno implican que prácticamente la totalidad del aumento de los precios internacionales es apropiada por el Estado. El precio percibido por el producto queda a los niveles vigentes hace una década. Según la argumentación oficial esto es viable y recomendable, porque el sector goza de una rentabilidad significativa gracias a la "licuación" de costos que produjo la devaluación.

En otras palabras: el sector recibe aproximadamente los mismos dólares que en el pasado pero tiene menos erogaciones porque paga sus insumos en pesos devaluados.

Los datos oficiales sugieren que esto fue cierto apenas se aplicó la devaluación, pero el crecimiento de los precios internos -especialmente intenso desde hace más de un año- ha anulado una parte muy importante de estas ventajas. Todos los sectores del campo sienten esta nueva presión de costos en dólares.

El tema sustantivo que subyace al conflicto con el agro es que el impacto de las devaluaciones es transitorio: producen fuertes incrementos en la rentabilidad de las empresas a través de la "licuación" de costos pero debido, precisamente, a sus efectos socialmente regresivos, sólo se sostienen por períodos breves.

Esto enfatiza que el desafío más importante que tiene por delante la Argentina es construir fuentes genuinas y sustentables de competitividad; sólo de esa manera se dejará de depender de los vaivenes de los precios internacionales y/o de los efectos pasajeros de las devaluaciones.

Por el muy favorable contexto internacional y el primitivo sistema fiscal que tiene la Argentina puede resultar viable apelar a las retenciones. Sin embargo, se trata de un instrumento rudimentario y transitorio. Es por eso que su nivel no debe ser fijado suponiendo que la "licuación" de costos que produjo la devaluación se mantiene intacta en la actualidad y así se mantendrá en el futuro.

Con retenciones a niveles más razonables, dejando de lado el concepto de que estos tributos resultan altamente regresivos para el sistema agropecuario, se necesita discutir el tema de fondo, que es cómo asignar lo recaudado para mejorar la infraestructura de modo de optimizar la productividad agropecuaria, en lugar de emplear esos recursos para sostener gastos de dudosa rentabilidad económica y social.

Un aspecto clave de esta nueva negociación entre el gobierno y el agro consistiría, entonces, en determinar cómo utilizar eficientemente los recursos que aporta el campo al Estado para hacer más competitivo el sistema de producción. Un asunto éste que, hasta ahora, el gobierno no ha estado dispuesto a tratar.

(Redacción Central)
Fuente: Instituto para el Desarrollo Social Argentino

La fruticultura, al horno. Distintos estudios privados del sector privado señalan que los costos de producción en la fruticultura regional ya superan los niveles de la convertibilidad, es decir que los efectos de la devaluación del 2002 fueron totalmente absorbidos por el crecimiento interno de la estructura de costos. Para muchos empresarios es necesario que los gobiernos comiencen a ver este tema con seriedad. Los buenos precios que se consiguen por las peras y manzanas del Valle en los mercados internacionales esconden parte de este problema, pero cuando las cotizaciones de este tipo de productos vuelvan a sus históricos quedarán al desnudo las debilidades del sistema frutícola en relación con su actual estructura de costos.

Existen dos vías para generar competitividad en el sistema: devaluar y llevar el dólar por encima de los 3,50 pesos en lo que queda del año o quitar presión impositiva sobre determinadas partes de la cadena comercial. La primera alternativa es prácticamente inviable ya que hoy el programa económico no puede absorber mayores ajustes vía precios (inflación); la segunda es, tal vez, sobre la que sí puede trabajar hoy el Estado para beneficiar a las producciones agropecuarias.

(Redacción Central)