El sector agropecuario aportaría este año al fisco nacional en materia de retenciones a las exportaciones 13.000 millones de dólares.

Con las nuevas retenciones móviles el complejo sojero transferirá a las arcas nacionales -sólo por este tributo- algo más de 9.700 millones de dólares.

La producción agropecuaria, en materia de compensaciones, recibió durante el 2007 cerca de 1.100 millones de dólares. Para este año, se espera que en el mejor de los casos las mismas lleguen a los 2.300 millones.

Una cuenta sencilla muestra que sólo el 17% de lo que aporta el campo al Estado nacional vuelve al sector. El dato no es menor en medio del conflicto que hoy existe entre el agro y el gobierno. Con estas cifras en la mesa, no caben dudas de que el

sector agropecuario ha sido uno de los motores del crecimiento económico del país y uno de los sectores que hoy más aportan para sostener la estructura política del actual gobierno.

Y ahí esta la bronca de los productores, que durante más de dos semanas cortaron las rutas del país sin tener una respuesta concreta a sus reclamos.

Sin dejar de mencionar que las retenciones a las exportaciones son consideradas impuestos distorsivos y regresivos -e inconstitucionales en algunos casos-, el gobierno utiliza estos ingresos extras como caja chica de la política.

Las aplicaciones de este tipo de tributo nada tienen que ver con la puesta en marcha de una política pro agropecuaria, como mencionó en su último discurso la presidenta Kirchner. Esta nueva suba sobre las retenciones al campo apunta a sostener el descontrolado crecimiento del gasto en el Estado nacional, aprovechando la coyuntura de los precios de la soja en el mercado internacional.

PRECIOS MÁXIMOS

Con la puesta en marcha del nuevo sistema de retenciones móviles, el Estado termina por fijar un precio máximo sobre los productos agropecuarios.

Un reciente informe elaborado por la consultora Econométrica SA destaca que la mayor parte de los excedentes diferenciales que se pueden dar en función de la suba de las cotizaciones externas quedan en manos del fisco nacional. El gobierno dejó de ser socio en el negocio, para ser el dueño del mismo.

En febrero último el precio promedio de la soja cerró en 515 dólares la tonelada. No obstante, para el productor el precio neto de retenciones en el nuevo esquema es de 287 dólares la tonelada, lo que implica una retención del 44%.

Ahora bien, supongamos que para suerte de toda la Argentina el precio continúa subiendo y supera los 600 dólares la tonelada. El nuevo esquema indica que la retención marginal a partir de ese precio es del 95%. Es decir, si el precio sube 100 dólares más para ubicarse en 700 dólares la tonelada, el productor sólo recibe 5 dólares de esos 100. Llevando el análisis al extremo, si "explota" el precio de la soja a 1.000 dólares la tonelada, el productor sólo recibirá sólo 37 dólares más que en la actualidad, es decir 324 dólares por tonelada (ver infograma adjunto).

Este mismo esquema se da sobre la producción de girasol y seguramente se dará en el futuro sobre otros productos en la medida en que la voracidad fiscal así lo determine.

Desde el gobierno se apunta a que este nuevo esquema de retenciones es para "desojizar" el campo y permitir que el maíz, el trigo, la leche y la carne puedan volver a tener la participación que tenían antes de la fiebre de la soja. No caben dudas de que el actual esquema desestimula la producción de esta oleaginosa, pero ¿no hubiese sido más fácil, para la carne, la leche, el maíz y el trigo, bajar realmente las retenciones a estos productos y sacarles las trabas que actualmente tienen al comercio para que puedan desarrollar todo su potencial?

La respuesta está en la necesidad de recaudar que tiene el gobierno nacional. Queda claro entonces que primero están los ingresos, luego las políticas al campo.

La crisis que atraviesa hoy la ganadería, la lechería, la industria triguera y maicera no es producto de la soja, es consecuencia de las continuas intervenciones del gobierno en el mercado. No hay que olvidar los cortes a las exportaciones que sufrió el sector ganadero, lechero y harinero en estos dos últimos años. ¿Qué productor puede aguantar con este esquema? Frente a este ahogo, se va a lo seguro y a lo que le da mayores márgenes de rentabilidad: la soja.

CONCLUSIÓN

Los conflictos suscitados por el aumento de las retenciones son evidencia de que la Argentina carece de una estrategia orientada a aprovechar la oportunidad histórica que brinda hoy el contexto internacional. El principal problema para el campo ya no son las retenciones sino la forma en que se aplican y el uso que se hace de los ingresos que generan.

Un reciente trabajo elaborado por la organización Idesa detalla que el precio internacional de la soja actual casi duplica al de hace una década, pero los precios que recibe el productor argentino son muy parecidos a los de aquella época. La diferencia es consecuencia de que casi la totalidad del aumento de la cotización externa es absorbido por el incremento en las retenciones.

Esto, sumado al fuerte incremento de los costos internos en el sector, sugiere que la iracunda reacción de los productores agropecuarios es, en parte, una manifestación de que los efectos de la devaluación se están esfumando y, por lo tanto, semejantes niveles de retenciones a las exportaciones han dejado de ser tolerables para ciertos segmentos de la actividad. El productor huye de la ganadería y lechería -por nombrar algunas de las actividades intervenidas- buscando oxígeno en la soja. El gobierno le cortó ahora esta salida.

Las retenciones luego del último ajuste parecen estar ignorando que los efectos de la devaluación son transitorios y que no se han tomado medidas tendientes a ganar competitividad por vías más genuinas. Muy por el contrario, se multiplican los mecanismos a través de los cuales la Argentina sigue perdiendo competitividad por aumentos de costos internos.

Esto lleva a enfatizar que el punto más cuestionable de la estrategia oficial es el uso que se hace del aumento en los ingresos fiscales. La centralización en el gobierno nacional violenta los principios federales y propicia el desperdicio a través de una gran maraña de subsidios fuertemente concentrados en Buenos Aires e intervenciones nacionales en el interior que avasallan funciones de las provincias.

Así se explica, detalla en otros de sus párrafos Idesa, que mientras las retenciones y los impuestos nacionales tienen niveles exagerados la gente perciba -especialmente los que viven en el interior- que se acentúa el deterioro en los servicios a cargo del Estado, como la educación, la salud, la seguridad y la falta de infraestructura.

Todo indica que la Argentina va camino a desaprovechar las oportunidades que le ofrece el muy favorable contexto internacional. (Redacción Central)