Reclamaban la aplicación de una vieja normativa provincial heredada de los desatinos de Masaccessi, que fijaba la jornada laboral en 44 horas semanales y derogada años atrás por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, además de la aplicación de un plus de productividad, lo que no es obligatorio para las empresas que eligen un trabajo delicado y se satisfacen con el rendimiento básico de convenio.

Además habían logrado el apoyo activo de Jorge Papa, funcionario local de la Secretaría de Trabajo, oficina gubernamental supuestamente preparada para hacer cumplir la ley y mediar en los conflictos y no para tomar partido a favor de una de las partes.

Sorprende que el reclamo fuera realizado por dirigentes ajenos al gremio de Regina, en manos del señor Ortega; pero su

cede que estamos en vísperas de elecciones de autoridades del sindicato de la fruta en la que compiten ambos dirigentes y esa localidad tiene un alto porcentaje de afiliados con derecho a voto.

La empresa se vio de pronto coaccionada en pos de demandas injustificadas, modificando el clima regular de trabajo, bajo la presión del daño económico por madurez de la fruta, acción que parece haber dado buenos resultados a sus promotores en otras oportunidades.

No fue este el único caso que apareció en los diarios con medidas de acción directa sobre las empresas. En Valle Medio, Expofrut fue objeto de un paro de 7 días por reclamos de trabajadores de UATRE, que culminó con una conciliación obligatoria y con la pérdida de gran parte de la cosecha de uva.

Se trata del mismo sindicato que promovió los cortes de ruta y otras medidas coercitivas durante las últimas negociaciones colectivas y que postergaron el inicio de la cosecha de la pera William's en 10 días, con pérdidas del 35% de su producción y 10 millones de dólares para la actividad.

Otros galpones de empaque fueron objetos de reclamos por sobre lo acordado con resultados inciertos, pero es verdad que algunos terminaron cediendo para evitar males mayores y acabar con un trabajo que no admite demoras a riesgo de perder su producción.

Mientras tanto, el gobierno de Río Negro nada hace para mantener la legalidad y los acuerdos alcanzados, porque la principal actividad de esta provincia parece no interesarle y porque también debe resolver conflictos similares en el área pública bajo los mismos modos de presión.

Hay una impresión ganada en la clase política argentina de que los empresarios son hombres avariciosos que tienen una máquina de hacer dinero y que es justo que repartan un poco de lo que tanto tienen, pero olvidan que en los últimos cuatro años los ajustes salariales superaron en promedio para los tres gremios del sector un 100% de aumento contra una inflación regional del 60% en el mismo período. No se puede decir que no han recuperado poder adquisitivo.

Esta pérdida de toda moderación en las demandas, alimentada en los últimos años por una política oficial de acompañar las mismas para recuperar injustos retrasos -pero en el fondo por razones políticas-, se ha hecho carne en una costumbre en la que se pueden pedir cifras disparatadas, como estamos habituados a leer en los diarios, sin que nadie tome conciencia de los costos que habrá que pagar por ello. La hiperinflación y la brutal devaluación de hace apenas algunos años parecen no haber ocurrido en la Argentina.

Así las cosas, esta voluntad doblegada de los actores económicos terminará siendo la fuente de un empobrecimiento general que alcanzará a todos los sectores, incluso a sus potenciales beneficiarios, ya que los aumentos exagerados por sobre la realidad económica de las empresas, que han puesto los costos de producción actuales por encima de los ya muy altos que reinaban en la convertibilidad, terminarán con el cierre de las empresas y pérdidas de puestos de trabajo, hechos que no le son ajenos a la historia de esta provincia.

Ser empresario en este país se ha transformado en una actividad insalubre, donde ellos deben velar como mejor les convenga a sus intereses sin esperar del gobierno ni de la Justicia ningún tipo de ayuda, y no es de extrañar que muchos, como ha ocurrido recientemente con una de las principales empresas de la región y otras muy importantes del país, terminen por vender sus activos a empresas extranjeras y se olviden de esta penosa profesión a la que dedicaron la mayor parte de sus vidas.

CARLOS LARÍA