El campo está a la espera de señales para estos próximos cuatro años.
Algunas de ellas ya llegaron en forma extraoficial: el ministro Peirano continuará por un tiempo más al frente de Economía; también se mantendrá en sus funciones al secretario de Agricultura, Javier de Urquiza; se profundizará la presión sobre el campo a través de las retenciones, y continuarán los subsidios cruzados para intentar compensar los desvíos que existen en las cadenas agroalimentarias.
Todo esto indica que la administración K dará continuidad a lo actuado hasta hoy en materia económica y esto incluye las políticas hacia el campo.
En relación a los planes que tiene el gobierno con la fruticultura regional, trascendió de fuentes de la cartera de Agricultura que:
* No habrá cambios impositivos en el corto plazo, es decir que las retenciones a las exportaciones no bajarán.
* Trabajarán sobre los retornos reales que hoy están generando las peras y manzanas para que llegue un valor acorde al productor.
* Se incrementarán los controles de la Administración Nacional de Aduanas (ANA) sobre los valores FOB declarados por los exportadores, buscando minimizar los niveles de subfacturación que existen hoy en el sistema.
* Seguirá firme el apoyo al Plan Frutícola Integral (PFI), aunque destacaron la necesidad de una mayor participación de los productores en el mismo.
* Todos los subsidios o aportes extraordinarios que reciba la actividad a partir del próximo año deberán estar avalados por proyectos plurianuales elaborados desde el mismo sector.
"El pacto social que se promoverá desde el gobierno incluirá el campo", aseguró una fuente de Agricultura en conversación con este diario.
Al ser consultado acerca de lo que puede significar un pacto para la fruticultura, el funcionario aseguró que "es sentarse a ver cómo se reparte en forma equitativa la renta, socializar las ganancias y no sólo las pérdidas, trabajar con esquemas que permitan a todos los actores del sistema no dudar de los resultados que se ponen sobre la mesa. Un acuerdo amplio de convivencia para que nadie termine especulando sobre si alguien se queda con una parte de la torta que no le pertenezca".
En definitiva, no caben dudas con estos conceptos de que habrá que esperar una profundización del modelo económico implementado en estos últimos años.
PEDIDO DE LAS ENTIDADES RURALES
La definición de una política sectorial, reglas de juego claras sin intervencionismo en los mercados y diálogo consensuado son los ejes por donde pasarán los reclamos del agro nacional a partir del 10 de diciembre.
Aun con fuertes expectativas, los referentes del campo a nivel nacional saben que tendrán tiempos distintos a los del gobierno, por el abanico de ciclos productivos, pero buscan que se eleve a ministerio el actual rango de la cartera rural.
Mientras diseñan el perfil de los pedidos, las organizaciones del campo remarcan la necesidad de normalizar los mercados de granos y carnes y estimular el desarrollo de las economías regionales. El paper para la próxima reunión que mantengan con el gobierno incluirá los siguientes pedidos:
* En ganadería, reabrir las exportaciones de carne vacuna, implementar un plan ganadero efectivo, estimular la cría, agilizar la emisión de ROE y derogar la medida que dispone límite en el peso de faena.
* En agricultura, reabrir los registros de exportación de trigo y maíz y definir los criterios de comercialización para recibir el precio pleno, así como crear reglas de juego estables y previsibles para la producción agrícola.
* Fijar un cronograma de reducción de retenciones que impulse el crecimiento productivo, hasta eliminarlas totalmente.
* Anticiparse a los picos de demanda de gasoil en mayo y octubre, mediante la creación de una reserva energética en el núcleo productivo, y garantizar la provisión de fertilizantes.
* Reemplazar el sistema de compensaciones por una liberalización de los mercados agropecuarios, para acceder al precio internacional y garantizar las inversiones.
* En biocombustibles, desarrollar políticas que tiendan a aprovechar esa fuente sustituta de energía.
* Reconocer la importancia estratégica del sector agroindustrial, responsable del 37% de los empleos del país, del 44% de lo recaudado por el Estado y del 54% de las exportaciones.
* Reafirmar la posición de Argentina a favor de la eliminación de los subsidios agrícolas mundiales, negociar con firmeza en el marco de la Ronda de Doha en coordinación con Brasil y avanzar en el proceso de integración regional, vía Mercosur.
* Reforzar medidas sanitarias para asegurar la condición de país libre de aftosa, consolidando el control en zonas de frontera.
* Recalcular las deudas con la banca oficial para más de 8.000 productores.
* Reactivar la puesta en marcha del eje bioceánico, que una el Pacífico con el Atlántico con buenas rutas y accesos.
* Definir estrategias para implementar el sistema de regalías por uso de eventos genéticos y semillas propias.
* Disminuir o eliminar aranceles a las importaciones de insumos agropecuarios.
* Liberalizar todos los mercados de producción sectorial (granos, carnes ovinas, porcinas, aviares, vacunas).
* Aprovechar la actual coyuntura externa en demanda y precio internacional de los commodities y establecer metas productivas para los principales productos argentinos, para garantizar el abastecimiento interno y externo.
Para muchos de los analistas del sector agropecuario, esta catarata de pedidos de las organizaciones rurales seguramente terminará en un cajón de alguna dependencia de Economía profundizándose, eso sí, la transferencia de recursos del campo hacia las arcas públicas.
(Redacción Central)
